Por Gabriel Angel, FARC-EP.- De los temas en discusión en la Mesa de La Habana, pese a que el gobierno nacional, la derecha ultramontana y los grandes medios no lo resaltan, el más importante por su contenido y trascendencia es el relacionado con el paramilitarismo y las garantías de seguridad.
En ese asunto reside la clave de la paz y de la guerra en Colombia. El conflicto armado de más de cinco décadas tiene como origen último el crimen político utilizado desde los entretelones del poder, así como la impunidad asombrosa de que ha disfrutado.
Las FARC lo han dicho de múltiples maneras, con paramilitarismo no hay paz. Mientras que del lado del gobierno y los sectores de extrema la posición asumida resulta sorprendente, no hay paramilitarismo, se trata de un fenómeno inexistente, un fantasma invocado.
Así que no extraña la dificultad para llegar a un acuerdo satisfactorio en esta materia. Para el país de izquierda y de las luchas sociales el paramilitarismo no sólo es una amenaza permanente, sino una realidad que se aviva cada día más. Algo que debe cesar de una vez por todas.
Es por eso que los habitantes de las zonas rurales largamente influenciadas por las guerrillas preguntan a diario a las comisiones con las que se encuentran, qué va a pasar con ellos cuando las FARC hagan la dejación de armas y los paramilitares entren a matarlos.
¿Quién va a salir en su defensa? ¿El Ejército? ¿La Policía? Pero si todos saben que los paramilitares siempre han contado con su apoyo. ¿Deben confiar así no más, que porque las FARC firmen un acuerdo de paz con el gobierno terminará la acción paramilitar?
Es aquí donde entra en juego lo que decía al comienzo. La larga lista de acuerdos y compromisos incumplidos por parte del Estado tendrá que detenerse esta vez. De la Mesa debe salir la certeza absoluta de que el fenómeno paramilitar desaparecerá definitivamente de Colombia.
Y eso tiene que convertirse en una realidad inmodificable. Ya no más asesinatos de líderes o lideresas sociales y políticos, se trata de algo que tiene que ser abolido para siempre en nuestro país. La condena de esas prácticas debe ser generalizada y aplastante.
Si se llegara a presentar uno solo de ellos, la reacción del Estado y la sociedad ha de ser ejemplarizante. Los responsables deberán ser identificados a la mayor brevedad y sometidos a la justicia sin importar su influencia económica o política.
El Estado no tendrá cómo esquivar su responsabilidad en esta materia. Porque en el cumplimiento de lo acordado estará vinculado todo el mundo. Así, literalmente. No se repetirá lo de los comuneros que creyeron la palabra del virrey. El compromiso nos envolverá a todos.
A los guerrilleros reincorporados, sí, pero también a toda la sociedad colombiana, a la comunidad internacional, la CELAC, UNASUR, la ONU, gobiernos como los de Estados Unidos y lo más representativo de la Unión Europea. La cuestión irá en serio.
Colombia, como nación, como Estado, adquirirá el compromiso insoslayable de blindar de garantías a la oposición política, a los movimientos populares sociales y políticos, a sus dirigentes y activistas. Con monitoreo y verificación internacional, no de dientes para afuera.
En eso consistirá la paz. Y es por eso que el acuerdo sobre seguridad y garantías que hace parte del punto del fin del conflicto ha tardado tanto en sellarse. Las preocupaciones de mucha gente son perfectamente válidas, se trata de recogerlas con seriedad en la Mesa.
Quizás, por primera vez en nuestra historia, acordado y abocado todo el mundo al cumplimiento de este punto, sentiremos que vivimos por fin en un país civilizado. Habrá que hacer un gran esfuerzo para la reconciliación, pero al menos ya no volveremos a matarnos.
Sólo así comenzará a producirse el respeto por las instituciones y las autoridades. Porque brindan realmente seguridad y garantías a todos. Su actual desprestigio obedece a que buscaron siempre imponer su credibilidad por la fuerza, porque sí, y así no era.
26 de abril de 2016.
Gabriel Angel es guerrillero Fariano y escritor revolucionario.
http://www.noticiaspia.org/la-importancia-del-acuerdo-sobre-paramilitarismo/
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