Por Juan Labiaguerre, Resumen Latinoamericano, 22 junio 2016.-La descomposición de las estructuras sociales convencionales, típicas del tercer cuarto del siglo pasado y en gran parte del mundo capitalista, fue operada merced a la dinámica mercantil del neoliberalismo, desde aproximadamente finales de los años sesentas. Tal fenómeno presenta una dimensión notable, exceptuando algunos lapsos temporales desde entonces en ciertos países, y coadyuva a comprender el retorno de la aplicación de la doctrina económica neoclásica, en determinadas regiones del planeta. Aquel proceso desregulador incidió en la vuelta del protagonismo del comportamiento -o de las reacciones- del “mercado”, ente intangible que -en realidad- constituye un conglomerado de intereses, privilegios, y conveniencias de actores económicos predominantes. Éstos apuntan a exprimir, al máximo posible, la factibilidad de una acumulación, reforzada y progresiva, de sus propios recursos materiales.
El relato pretendidamente justificatorio del relato neoconservador se funda en la hipotética autonomía del “dejar hacer”, propia del supuesto libre juego de oferta y demanda, manejado por un ilusorio “piloto automático”. Esa creencia determina que esta corriente economicista procure la implementación del “Estado mínimo gendarme”, aunque los sistemas público-administrativos que aplican esa concepción -de hecho- intervienen de diversos modos, a través de políticas concretas, en aras de consolidar el statu-quo del capitalismo “salvaje”.
Un cúmulo de medidas adoptadas por el nuevo gobierno argentino de “Cambiemos”, en tan solo medio año de gestión, pareciera aggiornar los principios del “consenso de Washington”, de la década de los noventas. Por ejemplo, la retracción del accionar estatal, en varias decisiones político-económicas y sociolaborales, concomitante con el aperturismo productivo-comercial y financiero hacia los mercados transnacionales. Ello ocurre a más de un cuarto de siglo desde el derrumbe del muro de Berlín, el cual implicó una hipotética “clausura de era histórica”, junto a una mutación radical de las ideologías, o la conclusión tajante de las mismas. Dicha apreciación conllevaba una reconversión cultural postmoderna respecto del campo político-institucional: la emergencia de esa nueva época implicó una fuerte expansión de las corrientes del “liberalismo de derecha”, a escala planetaria, afirmado en su legitimación dogmática, a su vez sustentada en concepciones axiomáticas referidas a diversas problemáticas humanas.
En consecuencia, durante esa coyuntura transitiva intermilenaria, se declamó pomposamente “el fin de la historia” (Fukuyama), profetizándose la universalización del pensamiento único basada en las premisas ideales sobre la “democracia liberal de mercado”. Además fueron pre-anunciadas modalidades novedosas de eventuales conflictos bélicos, debidos a la guerra entre civilizaciones contrapuestas, por antagonismos religiosos y étnico-raciales (Huntington). Asimismo, se proclamaba idílicamente el “fin del trabajo”, argumentado a partir de la transformación paradigmática de los procesos productivos, teniendo en cuenta la aplicación de nuevas y revolucionarias tecnologías (Rifkin). El conjunto de esas predicciones era proclive a soslayar las contradicciones y enfrentamientos de índole sociopolítica, basadas en la estructura estratificacional inherente al sistema capitalista, uno de cuyos ítems denota la colisión de intereses materiales entre los factores del capital y del trabajo, respectivamente.
Dentro de esta cosmovisión neoliberal, la apelación cuasi-teológica a los dictámenes del “mercado” irrumpe ante cualquier situación, contingencia, o cambio, que aconteciere en el plano económico-social, como si sus “leyes” fuesen mandatos irrefutables e incontrastables. La ideologizada fuerza invisible mercantil operaría -metafísicamente- en términos de factor real y vital, concurrente en la evolución institucional y laboral-productiva de la población, a la par -y muchas veces por encima- del accionar concreto y efectivo de sectores, organizaciones, o estratos sociales, los cuales configuran -auténtica y tangiblemente- la base de las reconversiones profundas de las colectividades. En la esfera de la conformación ocupacional de la sociedad, el denominado paradigma característico de la remanida “flexibilización laboral”, neo o postfordista, incorpora una especie de modelo basado en empleos con mayor “informalidad”, trabajos relocalizados, y en una generación de productos o servicios “mucho más ligera, difusa y especializada”. Por otro lado, y acorde a dicho proceso, la noción de estilos o modos de vida diferenciados remite a la fragmentación del modelo de articulación entre la producción y el consumo social [Alonso].
En el transcurso de los años setentas se agotaba el “credo keynesiano”, al tiempo que las vertientes político-ideológicas izquierdistas o progresistas carecían de proyectos viables, frente al recambio institucional del ordenamiento establecido por el sistema capitalista “tardío”. Ulteriormente, en la agonía del siglo XX, también en la región latinoamericana era pregonada la idea-fuerza concerniente a la necesidad de desmantelamiento de los Estados del Bienestar. Esta concepción había resultado cristalizada violentamente por la irrupción cruenta de algunas dictaduras cívico-militares; las doctrina acerca de la conveniencia de la regulación estatal sobre el “libre juego del mercado” fueron drásticamente rechazadas, así como también las visiones del desarrollismo cepalino, las cuales en forma parcial y relativa manifestaron cierto protagonismo político-económico en nuestro subcontinente durante décadas previas.
La utopía del porvenir venturoso, augurado por el “catecismo” neoliberal, responde al apotegma ortodoxo de la teoría del derrame, ya que los frutos benditos advendrían únicamente en los casos de aplicación gubernamental sistemática de ese modelo. Esa instancia “paradisíaca”, para el conjunto de la población, llegaría una vez consolidados los ajustes draconianos de las cuentas públicas, junto a los procesos privatizadores de áreas precedentemente manejadas por el sistema público-administrativo. Tal estrategia, implementada recurrentemente en América Latina, y fogoneada de manera ostensible por EE.UU., fue nominada -a posteriori-, en cuanto preceptos sacralizados del mencionado “consenso de Washington”.
Ese documento sintetizó un listado de sugerencias, en realidad instrucciones coercitivas, dada la sumisión de los gobiernos locales ante el poderío de la “potencia del norte”, expresando la enorme influencia del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro estadounidense. Gran parte de los Estados latinoamericanos “internalizaron” el requerimiento impuesto, en orden a la implementación oficial de dichas políticas económicas. El engranaje disciplinador en el ámbito fiscal, que en teoría procuraba eludir los déficits presupuestarios, junto a la supresión de los ítems subsidiados en favor de los segmentos sociales desposeídos, se intentaba legitimar a través de un redireccionamiento en pos del “progreso” económico-productivo, acompañado de la pretensión de cooptar inversiones extranjeras.
Asimismo, eran “recomendadas” una reformulación tributario-impositiva que posibilitaría alcanzar recaudaciones fiscales superiores y crecientes, la implementación de tasas de interés acotadas a las demandas del “mercado”, la fijación de un tipo de cambio competitivo, los procedimientos desreguladores (junto a transacciones comerciales liberadas), la eliminación de obstáculos a las inversiones transnacionalizadas, y la privatización de empresas del Estado. El conjunto de estas medidas serían sustentadas a través de la puesta en práctica de mecanismos eficaces de seguridad jurídica, en protección de los derechos inalienables inherentes a la propiedad privada.
Las políticas neoconservadoras y liberales vigentes en varios países de nuestra región, en el último decenio del milenio pasado y desde la vigencia de la “post-guerra fría”, fracasaron en la concreción de aquellas propuestas, declaradas en el “consenso” indicado. En el ámbito internacional la cumbre antiglobalización de Seattle [EE.UU.], realizada en el año 1999, devino una de las expresiones masivas de rechazo al “neoliberalismo mundializado”, y en el presente siglo se llevan a cabo periódicamente los encuentros encarnados en los foros sociales, como antípodas a las reuniones de Davos, que concentra a los más poderosos centros de decisión económica planetaria.
A partir del ocaso de la década de los noventas, las estrategias liberal-conservadoras fueron blancos de severos cuestionamientos, por parte de economistas críticos hacia el establishment, a quienes de sumaron dirigentes políticos que asumieron gobiernos democráticos progresistas en Venezuela, Brasil, la Argentina y Bolivia, sobre todo. Ello obedeció a que el recetario dogmático, plasmado en decisiones fácticas, elaborado -verbigracia- por intelectuales como Friedman o Von Hayeck, trabaron estructuralmente el logro de un crecimiento pleno, y socialmente inclusivo, de las respectivas naciones cuyos Estados siguieron al pie de la letra el “consenso de Washington”. La aplicación de este cuerpo doctrinario tampoco permitió un desendeudamiento externo, sino en general provocó lo contrario y, más allá de subidas coyunturales del Producto Interno Bruto, por ejemplo en el curso del primer mandato presidencial menemista en la Argentina, la hecatombe institucional en este país, en la transición entre los años 2001 y 2002, representaría una ilustración emblemática de un gobierno que siguió a pie juntillas los mandamientos de la prédica del liberalismo económico, gestión que condujo, un par de años luego de su reemplazo por la “Alianza”, a una crisis orgánica sistémica de descomunal proporción.
No obstante lo expuesto, y en tiempos recientes, una serie de desacoples e inconvenientes variados afectaron negativamente a las presidencias latinoamericanas “reguladoras y distribucionistas” ya citadas, que enfrentaron la lógica neoconservadora, actuantes a lo largo de década y media en los inicios de la presente centuria. Estas coyunturas “resucitaron” el ideario y la praxis de aquella doctrina “liberadora”, evaluada a escala mundial en tanto errática y fracasada. Entonces surgieron renovados gobiernos, por vía eleccionaria o de golpes de Estado disfrazados, o maniobras desestabilizadoras contra democracias constitucionalmente instituidas, que sostienen las creencias sobre el virtuosismo del “mercado como piloto”. Los poderes fácticos corporativos, económico-productivos, financieros y mediáticos, comienzan a revivir las nefastas experiencias pasadas, en un contexto geopolítico global trastocado en lo que va del siglo XXI.
El repertorio de medidas tomadas por el gerenciamiento público-privatista de “Cambiemos”, que sucedió a tres presidencias consecutivas kirchneristas, de neto corte regulador, en pos de un redistribucionismo progresivo de bienes y riqueza, significó una advertencia amenazante para las corporaciones convencionales de la Argentina. Ese modelo político-institucional, aplicado durante más de doce años [2003-2015], resultaba nítidamente contrastante frente al gobierno “aliancista” previo, asumiendo un perfil peculiar que puso en marcha numerosas innovaciones, con relación a la administración estatal de varias décadas precedentes en el país. Sus logros en materia de implementación de políticas anticíclicas en lo económico, en un contexto de ampliación continua de derechos ciudadanos de la más variada índole, condiciona seriamente la viabilidad concreta de retrotraerse al neoliberalismo “de pura cepa”. Sin embargo, el conjunto de decisiones tomadas, en seis meses de mandato, permite inducir un acercamiento evidente a los dictados del “consenso de Washington”.
El Poder Ejecutivo Nacional [PEN] encabezado por Mauricio Macri es proclive a reiterar, grosso modo y salvando las diferencias existentes en el escenario histórico internacional, la ejecución de muchas premisas dogmáticas de aquella “biblia laico-monetarista”, que se creía perimida con el nacimiento del nuevo milenio. A partir de la misma asunción presidencial, se procedió a una megadevaluación presentada como la “eliminación del cepo cambiario” -implementado por el gobierno anterior-, propuso un fuerte recorte fiscal, un “giro copernicano” en la asignación del gasto público, el incremento enorme de tarifas de servicios, y medidas promocionales en aras del acceso a inversiones extranjeras. Al interior de este marco contundente, devienen altamente previsibles extensiones de los procesos desreguladores de diferentes áreas, que hacen a la posibilidad de convivencia colectiva armoniosa, “alegre y feliz”, tal como reza la prédica macrista.
Actualmente se expresa una estimable opinión compartida, referida a que el “recetario” de la doctrina económica neoclásica condujeron a graves crisis políticas e institucionales, al contemplarse sus consecuencias socioeconómicas para amplias franjas de las poblaciones, sobre todo entre las capas estratificacionales más vulnerables. El premio nobel Stiglitz, representante emblemático de las corrientes teóricas fuertemente cuestionadoras de los regímenes neoliberales, expresó en su obra “El malestar de la globalización” que, en caso de existir en nuestros días un acuerdo respecto de los planteos estratégicos que presentan mayor factibilidad de encauzar un progreso integral de las naciones pauperizadas, el mismo señalaría que “el consenso de Washington no brindó la respuesta. Sus recetas no eran necesarias ni suficientes para un crecimiento exitoso, si bien cada una de sus políticas tuvo sentido para determinados países en determinados momentos”.
Correspondería interrogarse si, contemporáneamente, deviene probable concertar un nuevo “consenso” que partiera de similares lineamientos ideológicos que el anterior, aun aggiornado, ya que ciertas disposiciones, verbigracia el retraimiento estatal en la ejecución de medidas público-sociales, acompañado de políticas de apertura comercial y financiera en favor de los actores mercantiles hegemónicos, apuntarían en tal sentido. No obstante, las decisiones adoptadas, específicamente en el caso del gobierno macrista, todavía se hallan desarticuladas, y es imposible prever cuál será el desenvolvimiento de la gestión “Cambiemos”, en el mediano plazo, y ante las crecientes protestas de diferentes segmentos socioeconómicos. Hasta ahora, a medio año desde su asunción, demuestra fehacientemente una proclividad hacia la instauración de un régimen liberal de derecha, o neoconservador, aunque con algunos titubeos y oscilaciones abruptas, todo ello poniendo en duda su capacidad de preservar una gobernabilidad estable.
El PEN conducido por el núcleo duro de la agrupación “Pro”, evidentemente, se caracteriza por la sobre-representación de economistas formados en la segunda generación de chicago´boys en el gabinete ministerial, varios de ellos ex-CEO´s de corporaciones multinacionales, lo cual refleja el corrimiento de un sector importante de la opinión pública, reflejado en un peculiar sentido común que cristalizó coyunturalmente en una porción del electorado, el cual entronizó a Macri en el poder formal, incluso en muchos estratos intermedios y de trabajadores beneficiados, objetivamente, durante las presidencias kirchneristas.
Una vez asumida la presidencia de Macri en la Argentina, debiera considerarse el eventual efecto del renovado arribo del neoconservadurismo, en el panorama político latinoamericano; a partir del ascenso de “Cambiemos” al gobierno, operó una arremetida de la derecha liberal en otros países de la región. Por un lado se potenció la ofensiva antichavista en la República Bolivariana de Venezuela, reacción triunfante en las elecciones parlamentarias del mes de diciembre del año pasado. Además, el presidente boliviano Evo Morales fue derrotado recientemente a través de una compulsa electoral. Asimismo, se produjo en la República Federativa de Brasil un “golpe institucional” de Estado, que suspendió al gobierno constitucional de Dilma Rousseff, junto al acoso mediáticamente judicializado a Lula da Silva. Evidentemente los cuatro eventos citados difieren en sus motivaciones y características puntuales, aunque todos convergen en una resultante concreta, como lo es la retracción indudable de las corrientes político-ideológicas del denominado progresismo, el cual gestionó las administraciones público-administrativas, con matices nítidamente diferenciados, en un puñado de países, durante la última década y media.
A fin de procurar interpretar el proceso complejo de instalación en el PEN, por parte a la alianza electoral conducida por el “macrismo”, es preciso observar los soportes socioeconómicos, culturales, y político-institucionales, eventualmente causales de su avance y triunfo electorales. De este modo podría llegar a interpretarse, por un lado, que el engendro Cambiemos constituye parte de un proceso de mediano o largo alcance, con alguna consistencia, más allá de la defensa a ultranza de los intereses de los poderes fácticos corporativos. En contraste frente a ello, también resulta viable estimar que esa alianza coyuntural tendría una vigencia de mediana duración, únicamente sostenida por un espectacular montaje mediático, que hace hincapié en la falaz “pesada herencia”, e incluso, la hipotética “corrupción sistémica” que dejó el lastre del kirchnerismo. Inclusive el “partido” gobernante, comenzando por su cabeza, se arroga una cínica autoridad, basada en una presunta honestidad impoluta, cuando en realidad Macri, junto a sus familiares, funcionarios, allegados, y socios empresariales, se encontraron, o se hallan actualmente, procesados judicialmente por diversos hechos delictuales. Las firmas pertenecientes a la familia directa del primer mandatario, de las cuales éste fue o es accionista y/o directivo, lucraron desde hace décadas ilícitamente con los negociados de la “patria contratista”.
Al margen de las considerables imputaciones contra la gestión municipal “Pro” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo un “procesamiento sobreseído” del ex-alcalde, merced a un contubernio con el “partido judicial” adepto, pesan sobre el presidente argentino sólidas y fehacientes acusaciones internacionales, por la tenencia de cuentas off shore en “paraísos fiscales” en distintos países, a través de la revelación de los Panamá Papers. Por último, varios miembros del entorno macrista están asimismo señalados por tal accionar ilegal, minimizado por los medios propagandísticos de las corporaciones, que fácticamente manejan a “Cambiemos”, mientras que en otras latitudes del mundo fueron despedidos funcionarios por el solo hecho de su implicación en dicho procedimiento delictivo.
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/06/22/raigambre-neoconservadora-del-liberalismo-macrista-argentina-opinion/
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