El desaforado senador Jaime Orpis Bouchon, representante hasta hace poco de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue enviado a la cárcel por una sala de la Corte de Apelaciones tras ser considerado “un peligro para la sociedad”. Orpis (60, senador por Tarapacá) permanece detenido en el anexo penitenciario Capitán Yáber. Es una medida de prisión preventiva mientras siguen investigando su participación en delitos de cohecho, fraude al Fisco y evasión tributaria en uno de los casos de financiamiento irregular de la política descubiertos hace ya casi dos años. La decisión fue tomada en fallo unánime, revocando una medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Orpis habría recibido más de 209 millones de pesos de Corpesca, propiedad del grupo económico Angelini, a cambio de votar en el Senado a favor de los intereses de los industriales pesqueros.
Los casos de corrupción detectados a fines de 2014 y que amenazan seguir extendiéndose han sumido a la política en el desprestigio, como se comprobó en los recientes comicios de primarias municipales donde sólo acudió a votar un 5,5% de los habilitados para hacerlo.
Los escándalos involucran a políticos de todos los sectores e incluso han salpicado a la presidenta Michelle Bachelet, uno de cuyos hijos y su nuera son investigados por irregularidades en negocios inmobiliarios y de asesorías financieras.
Los primeros hilos del financiamiento irregular de la política surgieron en las empresas del grupo económico Penta, cuyos dueños han estado ligados durante años a la UDI, así como en la minera no metálica Soquimich, controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, quien gobernó al país entre 1973 y comienzos de 1990.
A mediados de junio, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena pidieron a la policía investigar la contabilidad de varias otras empresas, ligadas a supuestos pagos irregulares a Laurence Golborne e Iván Moreira, el primero ex candidato presidencial de la UDI y ex ministro del presidente Sebastián Piñera, y el segundo, actual senador de la UDI. Las empresas que están siendo investigadas son la multitienda internacional Ripley, Watt’s, CAP, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado. En el caso de Ripley, los persecutores también esperan revisar los pagos realizados a la Consultora Asesorías Credo Ltda., que aparece como proveedor en la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, de acuerdo a los datos del Servel.
Los fiscales persecutores, que investigan delitos tributarios vinculados con el financiamiento irregular de campañas por parte del grupo Penta y otras firmas, pidieron a la Policía de Investigaciones (PDI) que revisará a nueve de las diez empresas que fueron identificadas por el ingeniero comercial Tomás Carrasco cuando declaró ante el Ministerio Público como aportante a la campaña de Golborne. Carrasco se encuentra formalizado en la causa por delitos tributarios y Golborne enfrentará, el 29 de junio, cargos por la facilitación de boletas o facturas ideológicamente falsas.
El senador Moreira, en tanto, ferviente partidario de la dictadura militar, está formalizado por entregar a las empresas Penta boletas ideológicamente falsas de algunos de sus colaboradores y cercanos para financiar su campaña al Parlamento en 2013. El 21 de junio se supo, además, que la multitienda Ripley ha estado negociando con el Servicio de Impuestos Internos (SII) la anulación de algunas boletas y facturas con las cuales se hicieron pagos a parlamentarios de la bancada democratacristiana, uno de los siete partidos que integra la Nueva Mayoría.
CORRUPCION MULTIPLE
La vorágine de casos de corrupción que estremecen a diario el país no sólo afecta a la actividad política sino que también otras múltiples esferas. Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados está revisando el supuesto enriquecimiento ilícito del ex comandante en jefe del ejército, el general (r) José Miguel Fuente-Alba y de su familia mientras se desempeñó a la cabeza de esa institución. La esposa del militar, Anita María Pinochet, adquirió automóviles de lujo y departamentos avaluados en más de 500 millones de pesos, unos 700 mil dólares, cuando su marido percibía un sueldo mensual cercano a cuatro millones de pesos. Fuente-Alba y su familia manejaron en algún momento recursos por más de tres mil millones de pesos (más de cuatro millones de dólares) que hoy tratan de explicar cómo fueron obtenidos. Otros altos oficiales del ejército también son investigados por fraudes al Fisco y numerosas adquisiciones irregulares efectuadas por los encargados de logística, además del mal uso de fondos obtenidos mediante una ley reservada que les entrega recursos provenientes de las exportaciones de cobre.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, de Santiago, y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) dieron cuenta de un estudio de once casos de las denominadas “estafas piramidales” que en este año 2016 han dejado en todo el país más de diez mil víctimas timadas en unos 182 mil millones de pesos. La desmedida ambición por ganar dinero en forma rápida y fácil ha llevado a miles de personas a invertir sus ahorros, bajo la promesa de incrementarlos a través de altos intereses, en empresas supuestamente dedicadas al mercado forex, abreviatura del término Foreign Exchange , en el cual se negocian divisas.
A la fecha existen once investigaciones en curso, de las cuales siete son indagadas en Santiago, y otras cuatro en La Serena, Valparaíso y en la sureña Concepción. Sólo el denominado Caso Arcano, donde hay 99 abogados querellantes, dejó 850 víctimas y un perjuicio estimado en más de 100 millones de dólares. Otra estafa piramidal, cometida por Rodríguez y Asociados, terminó con 370 denuncias por un monto de 20 mil millones de pesos.
Carlos Gajardo, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente, donde gran parte de estos casos están radicados, explicó a la prensa que “la dificultad que tienen estas investigaciones es que sólo llegan a conocimiento de la Fiscalía cuando se produce el cese de los pagos, que es el momento en que ya no queda dinero dentro de la estafa. Y por lo tanto, las posibilidades de recuperar el dinero son bastante bajas”.
SQM Y LOS POLITICOS
SQM, la empresa que controla Julio Ponce Lerou, efectuó tres rectificaciones tributarias ante el SII, por casi 15 millones de dólares en seis años, entre 2008 y 2014. El detalle incluye 1.425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos rectificados. La mayor cantidad de correcciones correspondió a los años 2009 y 2012, coincidentes con las elecciones presidenciales y municipales, respectivamente. Los reportes de SQM ante el SII señalan a 20 proveedores principales entre los que aparecen Luis Saldías, asesor de Julio Ponce; Cristián Warner, ex jefe de la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami; Sebastián Piñera, ex presidente de la República; Giorgio Martelli, operador financiero de la precampaña presidencial de Michelle Bachelet; Cristina Bitar, lobbista y operadora política de la UDI; Marcelo Rozas, ex embajador de Bachelet y muy cercano a Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, dirigentes del Partido Demócrata Cristiano; Carlos Ominami, ex ministro del gobierno de Patricio Aylwin y ex senador socialista y, Pablo Longueira, ex senador y ex candidato presidencial de la UDI.
Una investigación del estudio estadounidense de abogados Sherman & Sterling, encargada por la propia SQM, indicó que 96,81% del total de los pagos rectificados ante el SII fue aprobado por el ahora ex gerente general, Patricio Contesse. Se analizaron los pagos a 16.906 proveedores desde 2008 y luego se limitó su búsqueda a un número de 515. Luego se identificaron 236 proveedores para una revisión prioritaria, quienes aparecieron vinculados con 159 de las denominadas “personas políticamente expuestas”. Finalmente, la investigación más detallada se concentró en 26 políticos, asociados a 67 proveedores con pagos totales por 5,8 millones de dólares.
El reporte de los abogados norteamericanos concluyó que no se encontró evidencia de pagos con el fin de inducir a funcionarios públicos a actuar o abstenerse de hacerlo con el objetivo de ayudar a SQM a obtener beneficios económicos. El bufete jurídico se abocó a analizar las irregularidades en el marco de la norteamericana Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y no bajo la legislación chilena. También se determinó que ciertos pagos pudieron haber sido motivados por el deseo de obtener la benevolencia de políticos hacia SQM o al propio Contesse.
Sherman & Sterling aseguró que si bien los pagos fueron dirigidos a políticos y candidatos de los principales partidos políticos, el mayor número está ligado a la UDI con más de 50 dirigentes y candidatos asociados de alguna manera a los desembolsos de la minera. Entre ellos, se incluye a cuatro candidatos presidenciales, seis senadores, doce diputados y dos ministros de Sebastián Piñera. En un gráfico construido con fuentes públicas se atribuyó la afiliación partidaria de los políticos vinculados a los pagos: el 45% está ligado a la UDI, el 11% a RN, otro 11% a la DC, 10% al PRI, 8% al PS, 7% al PRSD y 3% al PPD.
Uno de los casos analizados corresponde al senador socialista Fulvio Rossi y se identifica a tres proveedores asociados con él: Mariela Molina, con pagos por 43 millones; María Valentina Martínez, con 20 millones; y, René Madariaga, con 16 millones. Todos eran asesores de Rossi y facturaron a SQM en 2009, año de campaña electoral.
El informe sigue con Jaime Orpis, quien recibió los mayores aportes para dos fundaciones cuyos pagos no han sido objetados. A Pablo Longueira, los abogados estadounidenses lo vincularon con más de 20 proveedores que recibieron unos 730 millones de pesos entre septiembre de 2009 y marzo de 2015. El informe también alude a los DC Roberto León y Marcelo Rozas, al contador Luis Saldías, al abogado Roberto Guzmán, Giorgio Martelli y Cristián Warner. Sobre Martelli, se enumeran los 246 millones de pesos recibidos por Asesorías y Negocios en 2012 y 2013.
Y sobre Warner, el informe atribuye a su empresa ingresos, por parte de SQM, por 420 millones entre julio de 2009 y enero de 2014.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 854, 24 de junio 2016.
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