Paz y desarrollo
Investig’Action
La firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP abrió un nuevo capítulo en la historia colombiana. Sin embargo, numerosos problemas quedan pendientes: el modelo económico neoliberal, el saqueo de los recursos naturales, las desigualdades, las injusticias sociales… Como lo dijo la líder indígena Rigoberta Menchú: “La paz no es solamente la ausencia de guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, dificlmente podremos llegar a la paz”.
La oportunidad de dar por terminada una parte de la guerra es también una forma de reparación histórica con las víctimas del conflicto armado. En el Congreso se apruebó el Acto Legislativo para La Paz que busca blindar jurídicamente los acuerdos que se aprueben en La Habana con uno de los actores del conflicto (FARC-EP), en concordancia con el derecho ginebrino y de La Haya sobre los conflictos armados a través de un acuerdo especial contemplado en el derecho internacional.
Sin embargo, desde la firma de la agenda para el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se excluyó de manera radical la discusión sobre el modelo económico del país. Por parte del Gobierno, el negociador y vocero Humberto de la Calle ha repetido no pocas veces en medios de comunicación que el modelo económico en Colombia es innegociable.
Por otra parte, no ha funcionado la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que a través de un grupo de académicos presentaron informe a solicitud de la Mesa de Conversaciones. Este consistía en presentar las causas estructurales y la responsabilidad de actores en el conflicto armado colombiano. Dicho informe ni siquiera se ha socializado ante la opinión pública, por lo tanto, no produce ningún efecto sensibilizador ni aporta a la reconciliación. No esclarece las responsabilidades a empresarios que se han aprovechado de la guerra de la mano del paramilitarismo, la fuerza pública y las élites políticas. Por lo tanto, en el imaginario colectivo sigue en auge la idea de las guerrillas como el gran problema nacional histórico en el país. La memoria colectiva debe ser historiográfica, mediática, social e institucional.
Mientras en Colombia se debate el proceso de paz por todos los medios de comunicación masivos, las organizaciones sociales víctimas del desarrollo y el ecocidio vienen avanzando hace más de nueve años en la denuncia de los impactos socioeconómicos, culturales y ambientales del modelo de desarrollo que continua, tanto en medio del conflicto armado como en un eventual posacuerdo.Paz territorial: la ruralidad surcolombiana
Los megaproyectos como El Quimbo, en el departamento del Huila, adelantados por los últimos gobiernos junto con multinacionales victimizan a las comunidades rurales. Tejidos sociales rotos, que se evidencian en los hogares, escuelas, puestos de trabajo y en su organización y vida social, en general. Sociedades militarizadas donde no hay autoridades civiles ni jueces, únicamente “Batallones Energéticos Viales” del Ejército Nacional que protegen las operaciones de las hidroeléctricas, mineras y petroleras.
Ante el desconocimiento e ignorancia general por el complejo mundo campesino, indígena y afro, el estado colombiano ordena despojos a través de las “declaratorias de utilidad pública”, políticas que Uribe y Santos ha encabezado. Documentos ilegales e inconstitucionales que consisten en expropiar territorios a comunidades. Esto con el fin de imponer megaproyectos de inversión extranjera y nacional sin la participación de las comunidades sobre el uso del territorio.
De paso arrasan con rios, montañas y subsuelo afectando las economías locales y poniendo comunidades en contra; hoy el sueño de más de un campesino es trabajar para una multinacional. Hasta el momento, han surgido políticas de paz que son solo requisitos que cumplen gobernadores y alcaldes como modelos de publicidad. La paz no puede ser un apellido que lleven los programas estatales: bibliotecas para la paz, escuelas de paz, vías e infraestructura por la paz, etc. Hoy el “humanitarian bussiness” en los territorios trabajan bajo la figura de la paz: fundación Natura, fundación Socia, fundación Davivienda, etc, organizaciones emanadas de las propias multinacionales.Victimas del conflicto armado vs víctimas del desarrollo
Entre tanto, el gobierno actual apuesta, por un lado, a las reparaciones de víctimas de violencia en el marco del conflicto armado y por el otro, otorga licencias ambientales a través de una vergüenza llamada ‘Agencia Nacional de Licencias Ambientales’ ANLA. Las Corporaciones Autónomas Regionales incumplen su mandato constitucional, las personerías, procuradurías y fiscalías no ordenan investigaciones concretas y los movimientos sociales han sido acallados por jueces regionales y la fuerza pública.
Estas víctimas de los impactos del desarrollo se han organizado para llevar a cabo acciones legales contra los megaproyectos mineroenergéticos a lo largo y ancho del país, impuestos por el gobierno nacional de la mano de su amiga la inversión extranjera.
Hoy las víctimas del desarrollo no han logrado siquiera su reconocimiento de estado, de la academia, gran parte de la iglesia católica, la opinión pública, la sociedad civil y muchos menos por parte de este gobierno que tiene como cortina de humo el proceso de paz y las precarias reparaciones a víctimas del conflicto armado.Rio Magdalena
El Rio fue siempre el símbolo nacional, inspiración de sus habitantes y recurso hídrico principal. En medio de la transición política colombiana, por orden de Bogotá, en los últimos ocho años ha sido desviado en su cause en la región del sur colombiano por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, en el departamento del Huila, dañando totalemente su ecosistema. Esto con la complicidad de los gobernadores, alcaldes, la academia y algunas facciones de la iglesia católica.Transnacionales: juez y parte, suplantación del Estado
En Colombia aún no hay una política de reparación a víctimas de los impactos del desarrollo y el extractivismo. Su acceso a la justicia es nulo puesto que los jueces regionales que deciden las peticiones legítimas de las comunidades, han sido instruidos y capacitados por las transnacionales -instrucción jurídica corporativa- y avalados por supuestos investigadores sociales que cuentan ya con una línea jurisprudencial que respalda los intereses de las grandes corporaciones.
Las llamadas “compensaciones” individuales que reciben las comunidades despojadas de su territorio para el desarrollo de megaproyectos, no tienen ninguna finalidad restaurativa. Las empresas tienen a cargo la reparación de los daños que ellas mismas han producido, algo extraño en un Estado Social de Derecho. Los censos de víctimas son realizados por las mismas empresas, por lo tanto, son ellas mismas quienes deciden el reconocimiento de quien es “afectado” y quien no.
La violencia política en Colombia ha sido alimentada por la violencia estructural con su sistema económico y político, la desigualdad, exclusión política, el conflicto histórico por la tierra, el narcotráfico, la corrupción y el abandono estatal. La paz oficial hasta el momento es más bogotana que colombiana. Mientras muchos debaten desde su sillón sobre la paz de acuerdo a lo que indican las noticias por televisión, a otros los depojan de sus tierras y recursos naturales en nombre del desarrollo y la paz.
Ahora, los movimientos sociales que luchan por la defensa del territorio y la vida sienten una oportunidad para empezar un proceso de transformaciones político-sociales que han sido profundamente estigmatizados por la opinión pública y reprimidos por la fuerza pública. En procesos de paz se empiezan a vislubrar oportunidades para la sociedad civil que con el desarme de las FARC, ya no habrá excusa para desconocer y estigmatizar las luchas sociales.
Para ampliar información: https://www.youtube.com/watch?v=MUzF8OfHVRk
https://www.youtube.com/watch?v=J1tA3qvRGfM (documental-2012)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215410
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