A 40 años del golpe genocida, y a 10 años sin Julio López, las modalidades de la represión de Estado en detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, la tortura en sede policial y penitenciaria, la desaparición forzada de personas, la existencia de presos políticos, el espionaje y la represión en movilizaciones son moneda corriente y creciente. Esto porque pese a los reiterados discursos referidos a una “mayor inclusión”, subsiste una construcción de poder que no cuestiona en lo más mínimo las crudas cotidianeidades de la democracia representativa y la economía capitalista, y en cambio se sirve de sus propios límites para profundizar las políticas de Control Social: saturar los barrios pobres de policías, llenar las cárceles de pobres con prisión preventiva como pena anticipada, vaciar las políticas sociales en salud y educación, pretender bajar edad imputabilidad como un fetiche del discurso de “inseguridad” y un largo etcétera.
A 40 años del golpe genocida, y a 10 años sin Julio López, la desaparición forzada de personas se define técnicamente como la “privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”. Desde el caso del joven José Luis Franco, detenido por la policía santafecina en Rosario el 24 de diciembre de 1983 y cuyo cadáver apareció golpeado en un descampado; hasta el reciente caso de Gerardo Escobar, golpeado por patovicas y policías a la salida de un boliche en Rosario en agosto de 2015 y que apareció una semana después en las aguas del río Paraná, podemos afirmar que se han producido en Argentina al menos 212 casos de desaparición forzada de personas entre 1983 y 2015. La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas se comprueba con el dato de que de los 210 casos que se registraron entre 1983 y 2015, el 40% se dieron en las tres gestiones del matrimonio Kirchner. Digno de su “Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de Buenos Aires registra más de un 70% de los casos.
El hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une 40 años de continuidades del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda desaparición forzada de López en septiembre de 2006, porque se trata de un sobreviviente del Genocidio expuesto como testigo en una causa de lesa humanidad que dio inicio al proceso de juzgamiento de los crímenes del Terror de Estado con renovada impunidad. Definen el caso el señalamiento de las organizaciones de DDHH a la propia Policía Bonaerense, el silencio del gobierno al respecto, pese a la gravedad material y simbólica que presenta, y la apertura de una nueva categoría: el ex detenido-desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer en democracia.
Si en momentos de alto desarrollo de la conciencia popular y las luchas sociales la desaparición forzada se utilizaba especialmente como método de represión política de los oponentes, hoy vemos que los altos niveles de desigualdad y la continuidad de prácticas de control social hacen que las víctimas afectadas sean en su mayoría jóvenes pobres, con instrucción básica y sin empleo formal, que habitan las barriadas populares y son el “enemigo” creado en todas las políticas de gestión del delito. En todo caso podemos afirmar que en el país de los 30 mil desaparecidos, y pese a estar tipificado en específico desde 2011, el Estado sigue negándose a investigar las desapariciones como tales.
A 40 años del golpe genocida no se ha juzgado ni al 40% de la mínima porción de represores de la dictadura procesados en 10 años de juicios. A 40 años tenemos un gobierno que niega el genocidio. A 10 años sin Julio López, la gestión de Macri busca limpiarse de la impunidad del caso López invirtiendo los roles: el secretario de Derecha Humana Claudio Avruj y el ministro de Justicia Germán Garavano anunciaron que el gobierno solicitará a la Justicia que el Estado se presente como querellante en la causa que investiga la desaparición de López. La movida es de un cinismo sin par, ya que es el Estado el responsable de la impunidad de 10 años en la causa López, así como es el Estado, por definición, el único que viola los Derechos Humanos. La transición política que vivimos se parece más a una “etapa superior” de la represión en la década ganada que a un giro a la derecha, como les gusta presentar a algunos.
Ante este panorama, y con la experiencia de una década marcada por la cooptación, la obsecuencia y la institucionalización de las luchas, el desafío de las organizaciones de Derechos Humanos, y de todos aquellos que se suman a la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, sigue girando en torno a mantener la independencia política y económica del estado y los gobiernos para continuar denunciando. Sumado a ello se impone el desarrollo de un profundo trabajo de base en los territorios donde la represión golpea. A su vez se hace necesaria un proceso de debate y clarificación de la significancia de la represión como política de Estado, para poder dar proyección política a nuestros reclamos.
Como sabemos la causa López es un verdadero laberinto de la impunidad. A 10 años no hay ningún indagado ni procesado ni detenido. Por eso, para sumar claridad a las denuncias que hacemos, en un boletín especial para esta fecha explicamos el caso López en 20 puntos.
(YA SALIO EL BOLETIN ESPECIAL DE HIJOS LA PLATA POR LOS 10 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ. CON NOTAS SOBRE LA CAUSA LOPEZ, ANALISIS SOBRE ESTADISTICAS DE DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA, Y TEXTOS DE LAS FAMILIAS Y LUCHADORES EN OTROS CASOS DE DESAPARECIDOS COMO LUCIANO ARRUGA, ANDRES NUÑEZ, IVAN TORRES Y DIANA COLMAN. BUSCALO EN LA FLIA DEL 17/9 EN PLAZA SAN MARTIN, O EN LA MARCHA DEL 18/9 EN LA PLAZA.)
Contacto: 0221 155892221
http://www.lahaine.org/10-anos-sin-jorge-julio
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