Esta es la tercera ocasión en que reiteramos: el Arco Minero no es más que una encrucijada emblemática para lo que puede ser la reconquista social definitiva de uno de los territorios más ricos sobre el suelo, y el subsuelo, que tiene nuestro país (nos referimos a su biodiversidad como a su riqueza mineral), o la pérdida definitiva de esa riqueza en manos de los siempre eternos intereses transnacionales y nacionales que pretenden apropiarse de la misma. Por eso hemos dicho que el Arco Minero como figura no es más que la constancia de una guerra que se gana o se pierde y que tiene que ver con lo esencial de nuestra soberanía y, probablemente, con la riqueza más abundante que hay para nosotros y el mundo entero.
Por eso también hemos dicho que no tiene ningún sentido atacar el problema que supone la explotación de las riquezas mineras presentes en este vasto territorio, desde el punto de vista meramente ecologista o de un nacionalismo francamente conservador y derechista, ambos como denuncias fragmentadas y sin criterio de totalidad quedan ausentes de un criterio verídico de lo que es la lucha de los pueblos por hacer de su tierra y la naturaleza que son y que viven ellos, el derecho a una vida digna.
Efectivamente la guerra ha recomenzado y los agentes dominantes presentes en la misma ya han sacado sus armas. El Estado venezolano al declarar a través del decreto del Arco Minero la posibilidad de una explotación sustentable y dirigida al bien común, pareciera que está repitiendo las mismas mentiras y los mismos atropellos que ha hecho a la hora de declarar procesos de liberación, ya sea en el campo obrero, campesino, indígena, comunitario, y que a la hora de hacer efectivas esas palabras una y otra vez nos hemos dado cuenta de que no han sido más que trampas legales y verbales para aplastar el deseo libertario de cada una de las regiones y de cada una de las clases que han querido hacer brotar su grito revolucionario.
En menos de un mes de intensas negociaciones que se han realizado a lo interno de los aparatos burocráticos dos visiones confrontadas: la del recientemente creado Ministerio de minas, con todos sus apodos socialistas y ecológicos y, por otro lado, la Corporación venezolana de minería, vemos cómo los intereses que preside el actual ministro ligado a la necesidad desesperada del gobierno por conquistar todo lo que pueda de recursos dinerarios que constituyen una salida de vida o muerte ante su quiebra económica y política, además de los intereses personales que giran alrededor de toda esta nueva burocracia minera, y los nunca ausentes militares condensados en la CAMINPEG, la gobernación de Bolívar, etc., tienden a imponerse por encima de la visión a través de la cual lo importante del Arco Minero no es en sí la inversión transnacional sino el reordenamiento de un vasto territorio a través del cual centenares de miles de personas, llámense pequeños mineros, comunidades, agricultores, pueden finalmente reconquistar la soberanía del mismo y emprender una nueva vida para cada una de sus familias y colectivos asociativos.
En esta semana hemos podido constatar cómo la arremetida mafiosa capitalista y siempre ligada a los intereses transnacionales con la anuencia de quienes en estos momentos se autodenominan la dirección revolucionaria de nuestro país, ha comenzado a desalojar comunidades mineras en función de garantizar que los territorios desalojados se conviertan en espacios que esta caterva gansteril, que se llama gobierno, pretende negociar con este conjunto de empresas transnacionales que como perros de casa acuden diariamente a las oficinas del Ministerio de minas para concretar su apropiación sobre el territorio así llamado Arco Minero.
Hace dos días en la mina llamada “Vuelvan Caras”, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, dos helicópteros de las Fuerzas Armadas aterrizaron sobre esta mina, de donde bajaron numerosos oficiales y soldados que amenazaron a los centenares de trabajadores mineros que allí construyen su vida, dándoles 72 horas para desalojar por completo este espacio minero tradicionalmente explotado. La razón es muy simple: se trata de una mina, que si vamos a los puntos teóricos planteados en el decreto del Arco Minero, debería ser razón para que el Estado no solo legalice el trabajo que allí se hace sino que acuerde una planificación que permita acabar con todas las tecnologías destructivas del ambiente, y comenzar un proceso de explotación minera que pueda ser un ejemplo para la reconstrucción ambiental, la formación de comunidades y el desarrollo de proyectos alternativos, preferentemente agrícolas, paralelos al trabajo propiamente de la minería. Sin embargo se están traicionando los propios preceptos inspirados y, desgraciadamente, los muy escuálidos discursos de nuestro querido presidente Maduro, hechos sobre las razones utópicas que preceden del decreto del Arco Minero, en este caso, como en tantas otras ocasiones, hacen que la simbología de la palabra quede completamente achatada frente a la violencia de los intereses y su ejercicio real.
En definitiva lo que estamos constatando es que lo que ha sido una vieja demanda de los trabajadores mineros por crear un Ministerio dedicado propiamente a la minería, se está convirtiendo en el vehículo para que se ejerza en los próximos meses una violencia descomunal en contra de estos centenares de miles de trabajadores, en función de ir vaciando los territorios donde allí trabajan en situaciones realmente precarias, desde todo punto de vista, para entregarle esto a empresas que ni siquiera están al tanto de la violencia en sí que se está ejerciendo a través de un aparato militar que ya tiene intereses propios empresariales sobre este territorio, nos referimos a la empresa CAMINPEG. Simplemente quieren espacios para sí que en asociación con el Estado logren mediante su explotación una divinísima ganancia compartida entre estos dos seres de la historia hegemónica: el Estado y el capital en sí.
Hasta los momentos mientras se avanza sin detenimiento en los acuerdos de buena voluntad con decenas de empresas mundiales para la explotación minera, no hay el más mínimo resquicio de voluntad en función de avanzar con muchas más razones y derechos con los verdaderos trabajadores mineros, en función no solo de legalizar su situación, sino de abrir un compás para la recreación de una nueva vida que podría dignificar a centenares y en el futuro a millones de compatriotas. Para colmo están condicionando a las medianas empresas nacionales, ya presentes en la zona, e incluso a pequeños proyectos mineros e integrales, a legalizarse, obligatoriamente, en una asociación de cualquier tipo con alguna empresa transnacional.
¿Por qué será que la historia de nuestro país lleva siempre signado el punto de la traición, del engaño, del cuento de hadas? Incluso en estos últimos años en que se ha hablado hasta de revolución socialista. ¿Por qué será que es tan fácil engañarnos a todos nosotros, que solo es necesario que alguien o algunos o algunas mareen nuestra conciencia para que nos hinquemos incondicionales a la obediencia y la aclamación? De mi parte, teniendo particulares sentimientos con lo que representó en su momento el movimiento minero, que desalojó a pecho abierto a todos los que eran los grandes explotadores, ya sean nacionales o transnacionales que llegaron a apropiarse de lo que hoy llaman Arco Minero, les advierto que si en estos momentos y en los próximos días y semanas no se manifiestan abiertamente en función de reclamar, no solo sus derechos como pequeños mineros, sino los derechos de todos nosotros como venezolanos a vivir y recrear una tierra extraordinaria de riquezas y biodiversidades, esta lucha está perdida. Lo digo con conocimiento de causa y sobre todo constatando pesimistamente que ha sido tan nefasta la absorción del movimiento popular casi por entero en las manos de esta caterva gansteril que hoy nos gobierna, que muy probablemente el movimiento minero también va a reaccionar con los mismos códigos.
Y nuevamente digo: ojalá esté equivocado, y en este caso, de manera casi desesperada, porque al contrario de las voces académicas externas que desde su computadoras, foros y redes sociales denuncian en genérico una situación que no conocen, a partir de códigos prestados por los saberes occidentales condensados en las ONU y en las oficinas ecológicas y nacionalistas europeas, en este caso nos estamos jugando realmente la tercera parte del territorio de nuestro país. Y es tan asqueroso lo que se está evidenciando, que es que lo que se afirmó como una meta revolucionaria nuevamente se convierte en los intereses de unos cuantos bolsillos que giran en estos momentos alrededor del banco central, el ministerio de minas, PDVSA, gobernaciones, comandancias militares, etc., que pretenden arrebatarle su derecho histórico a la clase obrera, en este caso minera, a ser la gran protagonista de la resurrección territorial de nuestro país.
Por eso volvemos a insistir: no es un movimiento contra el Arco Minero lo que necesitamos, es un movimiento radical y libertario que desate de nuevo las energías revolucionarias que estos traidores han sabido aplastar. Y esto lo decimos en el medio de una circunstancia nacional donde como todos sabemos se disputan la plusvalía del petróleo, del gas, del oro, y de todos los negocios propios de esta tierra explotada, dos pequeñas mafias que han sabido oprimir nuestras conciencias en una lógica binaria de escuálidos y chavistas. Ojalá sirva esta circunstancia que se abre con la traición alrededor del proyecto del Arco Minero para terminar de darnos cuenta que esto no es un juego politiquero, que lo que se está viviendo en este país es el destino de uno de los suelos y subsuelos más ricos del globo terráqueo, y que más allá de las mafias adeco-copeyanas y el hamponato que gira en estos momentos alrededor de un lamentable mazo de utilería, que ya emprendió su campaña presidencial, estamos en presencia de una encrucijada histórica que va a determinar la vida nuestra por generaciones. Ustedes deciden.
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