Uruguay: Evaluación de las reformas del Frente Amplio
Caras y Caretas
Investigadores y politólogos de la UdelaR discutieron el proceso reformista implementado por el Frente Amplio durante los últimos diez años en las Primeras jornadas sobre memoria, historia y presente de la izquierda en Uruguay.
En los últimos diez años el modelo uruguayo de bienestar ha pasado de situarse entre los regímenes de mercado (tales como EEUU, Chile o Corea del Sur) a un modelo ubicado entre los arquetipos mediterráneo (al estilo de Portugal o España) y conservador (propio de Alemania o Austria), caracterizado por importantes tintes neocorporativistas y un Estado limitado al rol subsidiario.
Esta fue una de las principales conclusiones de la ponencia “Diez años de política laboral del Frente Amplio. ¿Qué ha cambiado?”, que tuvo lugar en el marco de las “Primeras jornadas sobre memoria, historia y presente de la izquierda en Uruguay”. Este evento se celebró entre el miércoles 7 y el jueves 8 en en las facultades de Ciencias Sociales y de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, con el fin de debatir diversos aspectos del pensamiento y la actuación de la izquierda uruguaya.
“El período del Frente Amplio [FA] se puede dividir en dos etapas: la primera, que fue la parte más reformista, con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y la segunda con el gobierno de José Mujica, que consistió en asentar la nueva institucionalidad y el nuevo sistema de relaciones laborales”, expresó el politólogo Fabián Carracedo durante su ponencia en la mesa “La izquierda en el gobierno, de la intendencia al Estado”, coordinada por el magíster en Ciencia Política Jaime Yaffé. En esta mesa se abordaron, entre otros temas, las reformas laboral y de salud del FA.
De las cinco grandes reformas planteadas por el FA al inicio de su gobierno (salud, laboral, educación, del Estado y fiscal), dos aún están pendientes: la del Estado, conocida como “la madre de todas las reformas”, y la educativa. Las tres que se llevaron adelante fueron la fiscal, consagrada en 2007, la de salud, completada en 2008, y la laboral, que fue iniciada con la reinstauración de los Consejos de Salarios en marzo de 2005. En el marco de este proceso también se aprobó la ley de negociación colectiva para los sectores público y privado, y se amplió la cobertura de negociación colectiva al sector rural y al sector de trabajo doméstico.
La principal conclusión del trabajo en el que Carracedo comparte autoría con Marcelo Castillo, Luis Senatore y Gustavo Méndez, es que la ampliación de derechos para los trabajadores que trajo consigo la reforma laboral, iniciada en 2005 por Tabaré Vázquez, fue combinada con otras medidas que favorecieron especialmente los intereses del capital, acompañadas por un clima favorable de crecimiento económico. Esto hizo que la patronal no presentase trabas importantes para el desarrollo de la misma.
Inicialmente, para la derecha y el empresariado, otorgar los derechos básicos a los trabajadores que preveía esta reforma iba a generar mayores tasas de desempleo, mayor informalidad, rigidez de sistemas y un círculo vicioso que terminaría afectando los resultados macroeconómicos. Sin embargo, finalmente la reforma se implantó sin que se diesen importantes actos de oposición por parte de estos sectores. Para Jaime Yaffé, esto se explica porque “la política económica del gobierno ofreció unas condiciones macroeconómicas de estabilidad propicias para la recuperación y porque, por otra parte, la otra gran reforma que se implementó en ese momento, la fiscal, no afectó los intereses del empresariado”.
Esto se debe a que la reforma fiscal se basó en un esquema dual con tasas de imposición mayores para los asalariados que para los capitalistas, por ello, según los investigadores, “no supuso ningún problema para los empresarios”. Para Yaffé esta medida es parte de un paquete de reformas orientadas a la redistribución del ingreso limitado al ámbito de los trabajadores, ya que para el capital no significó una mayor tasa de imposición. “Lo que hizo fue redistribuir recursos entre las masas de trabajadores, haciendo que aquellos que percibían menores ingresos no tuvieran que tributar, y que los que tuvieran ingresos medios/bajos tributaran en términos relativos menos que aquellos que percibían salarios medios/altos o altos”. Por tanto, en realidad la reforma fiscal del FA recibió más críticas por parte del propio sindicalismo que por parte de la patronal, ya que el Pit-Cnt esperaba una reforma que avanzara más en el plano redistributivo y que impusiera tasas más altas sobre el capital que sobre el trabajo.
Por otro lado, lejos de generar mayores índices de conflictividad laboral, para los investigadores, la negociación colectiva a nivel sectorial permitió canalizar el conflicto social dentro de parámetros favorables para la preservación del sistema económico dominante. “Apenas cinco o seis por ciento de los conflictos que fueron planteados en el Ministerio de Trabajo realmente llegaron a una paralización o a una medida de fuerza”, explicó Carracedo. “A partir de 2004-2005, la conflictividad laboral respecto a la década de los 90 decae con algunos picos de ascenso que tienen la peculiaridad de darse al inicio de cada legislatura, coincidiendo con cada presupuesto que se le discute, y con las rendiciones de cuentas. La conflictividad laboral desde 2005 hasta hoy es mucho menor que en los 90, por ello podemos decir que la negociación colectiva a nivel sectorial ha permitido administrar y canalizar el conflicto social y redistributivo dentro de la puja del capital y el trabajo”, añadió.
Además, a partir de 2004-2005, los niveles de desempleo han estado entre seis y siete por ciento. Esto permitió, a su vez, recuperar los niveles de salario real y, finalizada la crisis, superarlos. “Lo que ha hecho el FA es incentivar a las partes, al menos a regular el sistema. Si uno ve las sucesivas estadísticas del consejo de salarios, la mayoría de los acuerdos que se han logrado han sido por mayoría. De ellos, alrededor de 87 por ciento ha sido de forma tripartita.
Bienestar mediterráneo-conservador
El sociólogo danés Gøsta Esping-Andersen diferencia cinco modelos de regímenes de bienestar para cuyo análisis se toman las relaciones laborales como vector estructural. Así, esta categorización se extiende desde un extremo liberal, referido a aquellos sistemas regidos por el mercado, en los que la negociación colectiva es centralizada y el poder de los sindicatos muy bajo, hasta el modelo socialdemócrata escandinavo, en el cual la negociación colectiva es de carácter intersectorial o sectorial, la fuerza de los sindicatos es bastante grande, y el Estado asume gran parte de los riesgos sociales.
En 2003, cruzando la tasa de sindicalización con la de negociación colectiva, Uruguay se posicionaba dentro de los regímenes liberales o de mercado, en la tónica de países como EEUU, Corea del Sur, Japón, Chile, Nueva Zelanda o Gran Bretaña. Sin embargo, tras las reformas frenteamplistas, para los autores, Uruguay se habría desplazado hacia un punto intermedio entre el modelo mediterráneo, integrado por Portugal, España e Italia y aquellos de tinte más conservador-continental como Austria, Bélgica y Alemania, caracterizados por un rol subsidiario del Estado y un importante componente mutualista y corporativista en la provisión del bienestar. “Se puede decir que en estos diez años Uruguay ha pasado de tener un régimen liberal a un sistema que tiene algunas características propias del régimen socialdemócrata, (partido de filiación de izquierda, con una central única sindical), pero después, al nivel de otras particularidades, se asemeja más al mediterráneo o al conservador”, explicó Carracedo.
Salud: “La reforma que restauró”
Por otro lado, en el mismo evento, el doctor Guillermo Fuentes analizó la reforma que el gobierno llevó a cabo en el terreno de la salud, en una comunicación titulada “La reforma que restauró. El Frente Amplio y las políticas de salud (2005-2015)”. Para él, las bases propias del sistema previo se reafirmaron manteniendo una estructura de acceso a la salud segmentada y desigual.
De acuerdo al investigador, los actores dominantes antes de la reforma lograron incidir en los tiempos de los cambios y en fases trascendentales del proceso mismo. “Mas que tratarse de una reforma propia de un gobierno de izquierda, lo que ha caracterizado al Frente Amplio es la democracia tardía y el neodesarrollismo, algo que se contradice con las pretensiones rupturistas que buena parte del electorado de este partido tenía”, señaló Fuentes. Asimismo el investigador critica que en ningún caso esta reforma haya puesto en entredicho el sistema de protección social de carácter mixto. “Hay una apuesta hacia el papel regulador del Estado y no tanto hacia la suplencia de carencias mediante la provisión directa del Estado”, explicó el politólogo.
La reforma de la salud era requerida por prácticamente todos los actores sectoriales: tanto el Sindicato Médico, como el Frente Amplio y la Federación de Médica del Interior coincidían en este diagnóstico y en algunas de sus propuestas. “El acuerdo era que la crisis de la salud requería una reforma, y que el histórico mutualismo nacional iba a seguir siendo el eje vertebrador del sistema. Hubo una importante inyección de recursos, como la creación del Fonasa, que permitió que en la primera etapa del proceso reformista no existieran perdedores”, explicó Fuentes.
La reforma se propuso cambiar los modelos de financiamiento, los modelos de gestión y los modelos de atención. En el primer período, centrado en la reforma del diseño de financiamiento, lo que se hizo en esencia fue reforzar a las mutualistas y gremios médicos que estaban en crisis. Esto dio a estos actores un nuevo poder de negociación que usaron posteriormente para bloquear los cambios que en términos de gestión y atención eran requeridos para llegar a un sistema más igualitario y menos segmentado, según explicó el investigador.
“De esta forma, lo que tenemos es una clara segmentación social: un sector público que atiende a los estratos sociales medios/bajos informales, un sector mutual que atiende a los estratos medios y un sector privado que está captando a las grandes rentas y a los estratos medios/altos. Esto rompe una potencial coalición de apoyo para una política pública de corte más universal y de mayor equidad. La coyuntura crítica que permitió la reforma no dio lugar a un cambio estructural, sino que, al contrario, produjo un recalibramiento del sistema, o sea, un refuerzo de la lógica corporativa”, concluyó Fuentes.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216994
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