Para cumplir con el desarme pero insistió en que el Gobierno colombiano debe honrar los compromisos contenidos en el reciente acuerdo de paz.
Necesitamos ante todo seguridad jurídica, aplicación de la Ley de Amnistía, el levantamiento de órdenes de captura como está establecido, y que se apruebe la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el Congreso, subrayó el dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en declaraciones al diario El Tiempo.
En virtud de la JEP serán creados tribunales para investigar, juzgar y sancionar a responsables del conflicto con premisas como cero impunidad frente a crímenes de lesa humanidad pero sí beneficios de amnistías e indultos en casos de delitos políticos y conexos.
El pasado 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de esa agrupación, Timoleón Jiménez, firmaron el pacto definitivo con el que se comprometieron a terminar los enfrentamientos y hostilidades entre ambas partes.
Vamos a cumplir con la dejación de las armas, el país puede estar absolutamente seguro de eso, construiremos el cronograma de dicho proceso con Naciones Unidas, agregó Márquez quien fungió como jefe de la delegación insurgente en las pláticas con representantes gubernamentales, las cuales duraron casi cuatro años en Cuba.
Interrogado sobre la fecha del 1 de junio como límite para acabar tal procedimiento manifestó que es preciso mirar los cumplimientos de la contraparte.
Debería ocurrir (en ese momento) -expresó-, pero hay que mirar los cumplimientos de la contraparte, especialmente en lo relacionado con seguridad jurídica, física y socioeconómica de los guerrilleros.
Ellos -añadió- no pueden quedar en el aire, lanzados a la nada, tienen que desarrollar proyectos productivos (...) el proceso de abandono del armamento lo estamos precisando con Naciones Unidas (ONU), tenderemos una reunión para hacer efectivo lo que anunciamos: el registro, la destrucción gradual del inestable (a base de explosivos) y el traslado de las armas que están en caletas hacia los lugares convenidos.
Unos siete mil integrantes de las FARC-EP están concentrados en zonas y puntos transitorios donde permanecerán por varios meses hasta que puedan reintegrarse a la vida civil.
¿Para qué guardar armas si lo que vamos a hacer es política?, no más armas del Estado ni las nuestras metidas en política, ambas han causado mucho daño, la certificación del desarme total la hará la misión de la ONU, no va a haber engaños, enfatizó.
En la entrevista concedida a El Tiempo, Márquez criticó nuevamente las demoras en el acondicionamiento de los alojamientos provisionales para esa guerrilla, la mayor del país.
Las FARC-EP no están interesadas en tácticas dilatorias, lo que queremos es darle oportunidad al Gobierno para que pueda cumplir sus compromisos, sabemos que tiene todo el interés para acelerar las obras atrasadas, estamos dispuestos a aportar trabajo y adecuar esos sitios, dijo.
mem/ap
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