Por Alfredo Molano, El Espectador, 22 Octubre 2017
¿Qué información tienen sobre lo ocurrido hace 15 días en El Tandil, donde fueron asesinados varios campesinos?
Hay suficientes elementos para entender lo que ocurrió. Además, de los antecedentes de la región. Cuando arrancaron con la erradicación forzada, la gente se sintió engañada, porque de 36 veredas que componen el Alto y Bajo Mira y Frontera, en 15 se hizo así. Los campesinos contribuyeron con la Fuerza Pública con el compromiso de que los vincularan al proceso de erradicación voluntaria, tal y como quedó en el Acuerdo de Paz, pero pasó el tiempo y nunca se cumplió la promesa. De forma que el resto de campesinos, a los que les iban a arrancar sus cultivos, hicieron un cordón humanitario, que duró cinco o seis días, y luego la Policía simuló un combate con bandas. El resultado fueron 52 heridos y ocho muertos, reconocidos por el Gobierno. La población dice que los muertos son 15, entre ellos dos ecuatorianos que fueron enterrados en el cementerio de La Playa. Ya hay evidencias contundentes sobre la responsabilidad de la Fuerza Pública. Tengo 70 gigas de video que prueban lo que vimos todos. Incluso, así lo reconoció el general Naranjo cuando se reunió con las comunidades. A él y las entidades que vinieron les entregamos el material.
¿Y cómo está el ambiente en la región?
La población de El Tandil, donde ocurrió la masacre, está viviendo días de incertidumbre. La erradicación forzada continúa y se ha incrementando la Fuerza Pública. La gente no entiende por qué después de firmada la paz no llega la presencia del Estado en inversión social, sino que sigue llegando más Ejército y Policía.
El vicepresidente Naranjo dijo que no está actuando contra los campesinos pobres, sino contra los cultivadores industriales de coca…
Es un error decir eso. Él mismo se reunió con 1.500 campesinos para conocer sus realidades. Incluso nos pidió que le ayudáramos a que el encuentro se diera. Él se dio cuenta de que aquí no hay grandes cultivadores, sino puros campesinos. No sé de dónde sacaron ese cuento de los cultivos industriales. Pregunté qué significaba eso y dijeron que eran cocaleras de cinco o seis hectáreas, y aquí lo que hay son cultivos de una o dos hectáreas de muchísimas familias que, desafortunadamente, viven de esa mata.
Dice que las Farc tienen responsabilidad en el aumento de cultivos ilícitos porque incentivaron la siembra y poblaron áreas como Tumaco con el fin de negociar favorablemente el punto cuatro del Acuerdo…
Ese comentario ya lo he oído. El desplazamiento en Colombia, uno forzado por la violencia y otro forzado por hambre, ha sido histórico. El origen del problema en Tumaco tiene que ver con el fracaso de la estrategias contra los cultivos ilícitos desde hace más de 20 años. Primero llegaron los desplazados del sur, de Putumayo y Guaviare, tras las marchas cocaleras de finales de los años 90. Luego, con la represión del Plan Patriota y el Plan Colombia en el oriente colombiano, la gente se trasladó a la Costa Pacífica. He hecho el ejercicio con la población de acá y me sorprendió la cantidad de gente de Caquetá, Casanare, Vichada y Putumayo. No se olvide que este es un país con millones de desplazados, así que de eso no se puede culpar a las Farc. Cuando no hay oportunidades la gente se va, funda pueblos, se radica en donde tienen alguna posibilidad de sobrevivir. Y en eso un factor ha sido la coca, ya no en las profundidades de la selva, sino cerca de centros poblados, especialmente de la Costa Pacífica. Aquí se produce, se procesa y la envían a Centroamérica. Y Tumaco vive esa realidad, en nada tiene que ver las Farc. La gente dice que llegó luego de que le arrancarán la coca en el 90, otra en el 2000 y así. Yo invito al Gobierno a que haga un censo de las poblaciones de acá, para que se dé cuenta que son desplazados por hambre, no por las Farc.
¿Qué información tiene de los dos indígenas awás asesinados esta semana?
No sólo los indígenas, este es un municipio con una violencia que jamás imaginé. Esta semana mataron a esos dos que usted menciona, pero también a Jair Cortés, un líder muy querido por la comunidad; el jueves, en pleno centro de Tumaco, se presentó una balacera con fusil y hay dos personas muertas. El índice de asesinatos este año es de 420. Da vergüenza. Es una tragedia y los muertos son los de siempre: los pobres. Hemos elevado toda clase de alarmas: a la ONU, a la OEA, Al CICR, al Gobierno, pero nada. Siguen pensando que esto se soluciona con mayor pie de fuerza. No se dan cuenta de que la única solución es la inversión social, el cumplimiento de la palabra empeñada. Es con salud, educación, vivienda, vías. Así se supera este drama, porque aquí se mueve mucho dinero del narcotráfico, pero ni un peso se queda en el municipio. Todo se lo llevan a las capitales.
¿Quién mató a Jair Cortés?
Eso es lo que nos tienen que decir las autoridades. Para eso hay una Fiscalía, la Inteligencia militar, la Policía.
Porque se está diciendo que fueron las disidencias de las Farc…
La gente está muy preocupada. Y no sólo en Alto Mira y Fronteras, sino en toda la Costa Pacífica. Hace una semana nos mataron nueve compañeros muy queridos. Ellos pertenecían al frente 29, hicieron dejación de armas, estaban comprometidos con la paz y los masacraron. Todo el mundo sabe quién los mató, pero hablar de esos temas es muy complejo para el que está en el territorio. Eso le corresponde a la Fuerza Pública, ellos saben dónde están, dónde duermen, y cómo actúan. A la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común no le corresponde hacer esos señalamientos. Nosotros entregamos las armas, ahora somos ciudadanos. Las autoridades son las que nos deben dar explicaciones, pero lo más grave es que la gente no confía en la Fuerza Pública por la violencia con que trata a las comunidades y la benevolencia con que actúa contra los criminales.
¿Cuando usted menciona a los nueve excombatientes asesinados se refiere a lo ocurrido en El Charco, el fin de semana pasado? Porque en ese caso nadie ha explicado qué fue lo que ocurrió. Se dijo que eran de la disidencia y ustedes los reconocen como miembros de las Farc…
La verdad es que eran compañeros muy queridos, que pertenecieron al frente 29, que estaban por la región de El Charco y los asesinaron grupos comprometidos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Según nos han informado, los estaban reclutando y ellos se negaron, entonces los masacraron.
Desde el espacio territorial que usted dirige han denunciado que “Tito Aldemar” fue capturado injustificadamente. ¿Cómo es eso?
Es lamentable que todos los hechos que siembran incertidumbre en quienes dejamos las armas vengan de parte de la Fuerza Pública y el Gobierno. Es atroz, porque uno no le ve solución. Mientras siga tratándonos con la teoría del enemigo interno no vamos a poder cerrar este capítulo. El jueves aparecieron helicópteros sobre el Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración “Ariel Aldana”. Por un momento pareció que habíamos vuelto a la guerra. Desembarcaron por tierra y por aire, y se llevaron a un compañero que llevaba 20 años en la Aldana. No seis meses ni un año, lleva dos décadas en las Farc. Estaba comprometido con el proceso de paz, incluso fue uno de los primeros en hacer dejación de armas. Tenía acreditación de la ONU, del Alto Comisionado, cédula, bancarización, y nunca el Gobierno, que estuvo todos estos días reunido conmigo, dijo que esto iba a pasar. Y en un acto de venganza, sevicia y cobardía, hacen esta operación militar. Están ganando aplausos con operativos contra personal desarmado, que se la ha jugado por la paz. Es una puñalada al proceso de paz y a la implementación de los acuerdos, que están en una crisis muy aguda. Uno se pregunta si esa va a ser la estrategia para romper nuestra unidad, porque esta es una de las zonas con mayor número de excombatientes, con los proyectos más avanzados, y parece que lo que se busca es empujar a nuestra gente nuevamente al monte y a las armas.
Pero “Tito Aldemar” figura como excluido por la Oficina del Comisionado para la Paz, que dice que no pertenece a las Farc y que tiene vínculos con el narcotráfico…
El comisionado de Paz no puede decidir eso. Hay una Comisión de Seguimiento a la implementación donde se pueden discutir esas cosas. El doctor Rivera no puede salir por los medios a decir que tal o cual no le gustó, y entonces no pertenece a las Farc. No puede decir quien va a ser extraditado o quien es narcotraficante. Si aceptamos eso querría decir que mañana vienen por mí y pasado por alguien del Secretariado o de los comandantes que están en los espacios territoriales. Me parece muy complicado que ahora el Gobierno diga quién es o no de las Farc. Dicen que en esas listas hay narcotraficantes, bueno, pues demuéstrenlo, para eso se creó una Jurisdicción Especial de Paz. Lo que le tienen es miedo a la verdad.
Tito lleva 20 años en la Columna “Daniel Aldana”. La gente lo conoce como de las Farc, los guerrilleros lo reconocemos, y el Gobierno no.
Dicen que este episodio produjo una desbandada de excombatientes del espacio territorial. ¿Cuántos hicieron dejación de armas y cuántos hay hoy?
Esto ha tenido un impacto muy complejo. Aquí hicimos dejación 260 guerrilleros, incluyendo milicianos. Luego llegaron poco más de 100 compañeros de zonas del bloque Oriental, donde yo operaba, y algunos más que salieron de las cárceles. En total éramos 400. De esos, para el jueves, eramos 300, y el viernes, después de lo de Aldemar, quedamos 250. En una noche se fueron 50 personas con el miedo de que el Estado no les iba a cumplir y podían ser capturado, extraditados. Si se llevaron a un compañero tan reconocido como era él, ¿entonces qué puede pensar la gente? Hay mucha incertidumbre en el campamento. El incumplimiento del Estado está causando algo muy complicado. No han movido una aguja para la reincorporación. No tenemos aseguradas tierras, ni salud, ni educación. No tenemos garantías jurídicas ni físicas. El Estado no se da cuenta de que está jugando con candela.
A propósito, ¿cómo va el tema de reincorporación en este espacio?
Lo que hemos hecho acá ha sido con nuestro propio esfuerzo, con la voluntad de la gente del común. Hace unos días el doctor Rivera vino a decirnos que tenía unos recursos para reincorporación, que eran $28 millones para todos. Nos sorprendimos. Pensé que la cifra estaba mal, que había un error, pero no. Hicimos sumas y restas, y a cada excombatiente le tocaban $17 mil. Creen que nosotros estábamos en la montaña, entre los árboles y que nos iban a engañar con espejitos. Uno no entiende.
Con ese panorama ha crecido el rumor de que usted se va a ir a la disidencia, que regresará al monte y a las armas, ¿qué responde?
Fueron 40 años en armas y hoy digo que es mejor la paz que la guerra. La paz no duele, la paz deja dormir, no enferma. La guerra es una tragedia. Quienes piensan que regresaré al monte es porque no saben lo que uno vive en la guerra. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con este incumplimiento de lo pactado en La Habana, ni con la manera como el fiscal trata de sabotearlo o la dilación en las leyes. Es normal, el instinto de cualquier ser al ser atacado es defenderse. Pero que quede claro: la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común persistirá en la paz a pesar de que nos incumplan. Y Romaña no volverá a las armas, está jugado con la paz.
¿Cómo están ayudando las Farc en el tema de los cultivos ilícitos?
En febrero hubo un paro grande de cultivadores de coca. La situación se repitió en marzo con mayor violencia, y al final las comunidades hicieron un acuerdo con el Gobierno, que posteriormente les incumplió. Hemos ayudado con la socialización de lo pactado en materia de sustitución voluntaria, y 20.000 personas han firmado el acta de compromiso. Hay familias que ya arrancaron sus matas. Pero el Gobierno no les está incumpliendo. Les erradica sus cultivos. Hace seis meses la gente está aguantando hambre. Eso es lo que explica la tensión y el desespero de las comunidades. El Estado insiste en atacar el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Mientras todo el mundo sabe cuáles son las rutas, donde están los cristalizaderos, los nombres de los patrones del negocio, que por de más se mueve es en los bancos, en el exterior, en la capital. En definitiva, el problema es el de siempre: el Estado no es capaz de perseguir a los dueños de los negocios, sino a los trabajadores pobres. Esos que sobreviven con las migajas que deja está millonaria actividad. Cómo quieren que la gente no se meta en eso si no hay inversión social, ni oportunidades, ni vías… nada. Ataca el problema por los pies y no por la cabeza. Los precursores químicos vienen de Bogotá, Cali o Medellín. Las rutas al exterior son los grandes puertos de Colombia. Y el dinero entra por el sistema bancario, por empresarios, compañías.
¿Cuál es el conflicto entre afros y campesinos?
He estado en las 36 veredas de esta región. Desde La Playa hasta El Arroz, y son pueblos que viven de la coca. La gente de Asominuma, asociación que integra la población flotante que llegó de otras regiones, dice que lo primero que hay que solucionar aquí es el tema del territorio. Los afros les vendieron terrenos a los campesinos y ahora los reclaman por ser parte de los consejos comunitarios. En cualquier momento puede convertirse en una nueva tragedia. El Gobierno debe asumir este asunto, resolviendo el problema de la tierra. Pero como no avanza la reforma rural. En el Yarí hay unas sabanas inmensas en las que muchos quisieran vivir, hay predios incautados a la mafia. Si se los dieran muchos abandonarían la coca. En el Acuerdo quedó claro que la solución al problema de los cultivos ilícitos tiene una relación directa con la reforma rural.
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/10/23/colombia-entrevista-al-ex-guerrillero-de-las-farc-romana-no-volvere-a-las-armas/
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