Por Armando Reyes Calderín
Beirut, 30 mar (PL) Aún sigue siendo tema de actualidad el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York y lo más reciente, una negativa de la justicia estadounidense a una solicitud del gobierno saudita, ocupa espacios informativos en esta capital.
Beirut, 30 mar (PL) Aún sigue siendo tema de actualidad el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York y lo más reciente, una negativa de la justicia estadounidense a una solicitud del gobierno saudita, ocupa espacios informativos en esta capital.
El poder judicial de Estados Unidos recaba una indemnización de Arabia Saudita por su presunta participación en los planes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 que causaron más de dos mil muertes.
Los abogados defensores del reino intentaron bloquear las reclamaciones presentadas por las víctimas del ataque, con el pretexto de inmunidad soberana, pero una corte neoyorkina las desestimó.
Al respecto, el periódico The New York Post publicó un informe revelador sobre el involucramiento del gobierno saudita con los ataques de las Torres Gemelas.
El reporte presenta más evidencias sobre la financiación de la embajada del reino en Washington sobre capacitación en secuestros para dos funcionarios sauditas.
Con ese motivo, Riad pidió a un juez que obviara las acusaciones al argumentar que con esas pruebas no hay caso, consignan medios digitales aquí.
Un abogado defensor de Riad, Michael Kellogg, alegó que la Comisión del 11-S, el FBI (Buró Federal de Investigación), la CIA y la Comisión de Revisión del 11-S, no encontraron pruebas sobre la participación saudita en los ataques.
'Las conclusiones, la especulación y los rumores no son suficientes', declaró Kellogg al juez de distrito George Daniels durante una audiencia sobre el caso.
Los abogados de las víctimas, sus familias y las empresas afectadas por los ataques afirman que Arabia Saudita canalizó dinero a través de sus organizaciones benéficas hacia el grupo terrorista.
Hay declaraciones juradas de dos exagentes del FBI y del exsenador por Florida Bob Graham y ex presidente del Comité Selecto de Inteligencia, que denuncian el apoyo de funcionarios sauditas a dos de los perpetradores del atentado del 11 de septiembre de 2001.
El Congreso estadounidense aprobó en 2016 la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA, en inglés), que abrió el camino de las demandas por los ataques.
La nación árabe está cubierta por la inmunidad soberana, una doctrina legal que protege a naciones contra pleitos, pero las denuncias son suficientes para seguir adelante y hay una percepción de que es correcto permitir a las víctimas buscar evidencia adicional, dijeron abogados.
En su momento, el presidente Barack Obama vetó las acciones de JASTA por temor a que los reclamos legales provocaran tensiones bilaterales.
El tema tomó actualidad en estos días con motivo de la visita a Estados Unidos del príncipe heredero saudita, Mohammad Bin Salman, quien evitó referirse al atentado, aunque en entrevistas de televisión, la pregunta de orden es, ¿qué participación tuvo el reino en el mortífero ataque?
tgj/arc
Los abogados defensores del reino intentaron bloquear las reclamaciones presentadas por las víctimas del ataque, con el pretexto de inmunidad soberana, pero una corte neoyorkina las desestimó.
Al respecto, el periódico The New York Post publicó un informe revelador sobre el involucramiento del gobierno saudita con los ataques de las Torres Gemelas.
El reporte presenta más evidencias sobre la financiación de la embajada del reino en Washington sobre capacitación en secuestros para dos funcionarios sauditas.
Con ese motivo, Riad pidió a un juez que obviara las acusaciones al argumentar que con esas pruebas no hay caso, consignan medios digitales aquí.
Un abogado defensor de Riad, Michael Kellogg, alegó que la Comisión del 11-S, el FBI (Buró Federal de Investigación), la CIA y la Comisión de Revisión del 11-S, no encontraron pruebas sobre la participación saudita en los ataques.
'Las conclusiones, la especulación y los rumores no son suficientes', declaró Kellogg al juez de distrito George Daniels durante una audiencia sobre el caso.
Los abogados de las víctimas, sus familias y las empresas afectadas por los ataques afirman que Arabia Saudita canalizó dinero a través de sus organizaciones benéficas hacia el grupo terrorista.
Hay declaraciones juradas de dos exagentes del FBI y del exsenador por Florida Bob Graham y ex presidente del Comité Selecto de Inteligencia, que denuncian el apoyo de funcionarios sauditas a dos de los perpetradores del atentado del 11 de septiembre de 2001.
El Congreso estadounidense aprobó en 2016 la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA, en inglés), que abrió el camino de las demandas por los ataques.
La nación árabe está cubierta por la inmunidad soberana, una doctrina legal que protege a naciones contra pleitos, pero las denuncias son suficientes para seguir adelante y hay una percepción de que es correcto permitir a las víctimas buscar evidencia adicional, dijeron abogados.
En su momento, el presidente Barack Obama vetó las acciones de JASTA por temor a que los reclamos legales provocaran tensiones bilaterales.
El tema tomó actualidad en estos días con motivo de la visita a Estados Unidos del príncipe heredero saudita, Mohammad Bin Salman, quien evitó referirse al atentado, aunque en entrevistas de televisión, la pregunta de orden es, ¿qué participación tuvo el reino en el mortífero ataque?
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