Lima, 3 mar (PL) Un excolaborador del actual presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski comprometió más la situación del mandatario, al señalar que jugó un rol clave en el proceso de un contrato con la empresa Odebrecht que esta obtuvo con un soborno.
Luis Carranza, exviceministro de Hacienda bajo la gestión de Kuczynski como titular de Economía del exgobernante Alejandro Toledo (2001-06), responsabilizó a su exjefe en una declaración ante la comisión parlamentaria investigadora de coimas de empresas brasileñas a funcionarios peruanos.
Según Carranza, integrante de la elite de tecnócratas neoliberales con posiciones claves en varios gobiernos desde 1990, dijo que Kuczynski emitió un decreto de urgencia que elevó el nivel de endeudamiento para el proyecto de la carretera Perú-Brasil, modificando los límites fijados por una ley.
La empresa Odebrecht, que encabezó un consorcio ejecutor del proyecto, ha reconocido que pagó a Toledo un soborno de 20 millones de dólares por el contrato de construcción de dos tramos de la Interoceánica, mientras Camargo Correa, otra constructora brasileña, pagó otros siete millones.
Carranza sostuvo que, pese a que por su cargo debió opinar sobre el decreto, no fue consultado y que Kuczynski siempre se mostró interesado en el proyecto, pese a que no era rentable económica ni socialmente, según el funcionario, quien renunció por su oposición al decreto, según dijo.
Según cifras oficiales, el contrato de la obra contratada con Odebrecht consignaba un costo de 810 millones de dólares pero posteriores incrementos bajo el gobierno de Alan García, sucesor de Toledo, lo elevaron a más de tres mil millones.
El exviceministro dijo también que entonces había otros proyectos urgentes y beneficiosos y la responsabilidad de facilitar el contrato de la cuestionada carretera corresponde a Kuczynski, quien también presidía el organismo de control de inversiones.
Añadió que sin el citado decreto ni otro que exoneró de otros controles al contrato, no hubiera sido posible legalmente firmar el contrato con Odebrecht.
La comisión investigadora interrogará dentro de diez días a Kuczynski sobre negocios de empresas vinculadas a él con Odebrecht, durante el gobierno de Toledo, tema que también es objeto de una pesquisa del Ministerio Público.
Entretanto, las bancadas legislativas de los progresistas Movimiento Nuevo Perú (MNP) y Frente Amplio (FA) alistan un proyecto de destitución, la que depende de contradicciones en el neoliberal partido Fuerza Popular (FP), mayoritario.
De otro lado, fuentes del Ministerio Público revelaron que la fiscalía de Lavado de Activos analiza las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, sobre contribuciones electorales a políticos peruanos, para decidir si abre una investigación al mandatario, incluido en la lista.
Más de 50 por ciento de la población opina que Kuczynski debe ser destituido o renunciar, a lo que él se niega, a tiempo que intenta descalificar a los impulsores de la vacancia y otros críticos, así como a Barata.
lma/mrs
Según Carranza, integrante de la elite de tecnócratas neoliberales con posiciones claves en varios gobiernos desde 1990, dijo que Kuczynski emitió un decreto de urgencia que elevó el nivel de endeudamiento para el proyecto de la carretera Perú-Brasil, modificando los límites fijados por una ley.
La empresa Odebrecht, que encabezó un consorcio ejecutor del proyecto, ha reconocido que pagó a Toledo un soborno de 20 millones de dólares por el contrato de construcción de dos tramos de la Interoceánica, mientras Camargo Correa, otra constructora brasileña, pagó otros siete millones.
Carranza sostuvo que, pese a que por su cargo debió opinar sobre el decreto, no fue consultado y que Kuczynski siempre se mostró interesado en el proyecto, pese a que no era rentable económica ni socialmente, según el funcionario, quien renunció por su oposición al decreto, según dijo.
Según cifras oficiales, el contrato de la obra contratada con Odebrecht consignaba un costo de 810 millones de dólares pero posteriores incrementos bajo el gobierno de Alan García, sucesor de Toledo, lo elevaron a más de tres mil millones.
El exviceministro dijo también que entonces había otros proyectos urgentes y beneficiosos y la responsabilidad de facilitar el contrato de la cuestionada carretera corresponde a Kuczynski, quien también presidía el organismo de control de inversiones.
Añadió que sin el citado decreto ni otro que exoneró de otros controles al contrato, no hubiera sido posible legalmente firmar el contrato con Odebrecht.
La comisión investigadora interrogará dentro de diez días a Kuczynski sobre negocios de empresas vinculadas a él con Odebrecht, durante el gobierno de Toledo, tema que también es objeto de una pesquisa del Ministerio Público.
Entretanto, las bancadas legislativas de los progresistas Movimiento Nuevo Perú (MNP) y Frente Amplio (FA) alistan un proyecto de destitución, la que depende de contradicciones en el neoliberal partido Fuerza Popular (FP), mayoritario.
De otro lado, fuentes del Ministerio Público revelaron que la fiscalía de Lavado de Activos analiza las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, sobre contribuciones electorales a políticos peruanos, para decidir si abre una investigación al mandatario, incluido en la lista.
Más de 50 por ciento de la población opina que Kuczynski debe ser destituido o renunciar, a lo que él se niega, a tiempo que intenta descalificar a los impulsores de la vacancia y otros críticos, así como a Barata.
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