IPS
El gabinete de India aprobó el proyecto de ley sobre Tráfico de Personas, que propone penas que pueden ir de 10 años de cárcel a cadena perpetua por trata y tráfico humano con el fin de mendicidad, prostitución, trabajo forzado o matrimonio, entre otras.
Luego queda la aprobación de las dos cámaras del parlamento para su promulgación.
Pero la iniciativa trasciende el ámbito punitivo y apuesta a la rehabilitación. El proyecto prevé la protección inmediata de las víctimas, otorgándoles asistencia interina durante 30 días.
Hay artículos especiales de la norma dedicados a atender los traumas físicos y psicológicos de las víctimas, la educación, el desarrollo de capacidades, la atención médica, así como la asistencia legal y un alojamiento seguro.
La Agencia Nacional de Investigación, encargada de combatir el terrorismo, hará de oficina de combate a la trata y el tráfico humano.
También se crea el Fondo de Rehabilitación para ofrecer asistencia a las personas afectadas, independientemente del procesamiento penal de los responsables o del resultado de este.
“Es un triunfo de las 1,2 millones de personas que participaron en la Bharat Yatra (marcha de India) de 11.000 kilómetros”, destacó el premio Nobel, Kailash Satyarthi, refiriéndose a la marcha de un mes promovida por él promovió en 2017.
Las investigaciones revelan que la trata de personas, el tercer mayor delito del crimen organizado que viola los derechos humanos.
El Índice Mundial de Esclavitud de la Fundación Walk Free, con sede en Australia, revela que India concentra el mayor número de adultos y menores víctimas de esclavitud moderna con la enorme cantidad de 18,35 millones de personas.
Miles de mujeres, niñas y niños son víctimas de trata en India, además de traficados a los vecinos Nepal y Bangladesh. A algunos los seducen de pueblos y ciudades pequeñas con la falsa promesa de otorgarles empleos lucrativos en las grandes ciudades, pero a una gran cantidad los secuestran y los trasladan a la fuerza a otro país.
Como el tráfico humano es un delito que requiere de una gran organización, que incluye delincuentes de varios países, el proyecto de ley propone una unidad contra el tráfico, con una policía y audiencias designadas para juicios rápidos.
El proyecto de ley divide varios delitos en “trata” y “trata agravada”.
La primera categoría implica penas de siete a 10 de prisión, mientras que la segunda prevé 10 años pasibles de extenderse a cadena perpetua.
Los delitos agravados incluyen la trata con el fin de realizar trabajos forzados y mendigar, el suministro de sustancias químicas u hormonas para acelerar la madurez sexual y entregar niñas en matrimonio o con este pretexto de casarlas.
El proyecto también propone tres años de cárcel por apoyar, promover o asistir en la trata y el tráfico de personas.
También hay un artículo para un juicio con tiempo limitado y la repatriación de las víctimas, con un plazo de un año desde que se conoce el delito.
Según la Oficina Nacional de Registro de Delitos, 8.100 casos de tráfico se registraron en India en 2016, con 23.000 víctimas rescatadas en 2017.
Pero los especialistas señalan que los números no reflejan la verdadera magnitud de este problema.
Los números actuales pueden ser mucho mayores pues muchas víctimas no denuncian la situación en la policía por falta de conocimiento legal o por temor a los delincuentes.
El estado de Bengala Occidental, que comparte frontera porosa con Bangladesh y Nepal y es conocido por ser un centro de trata y tráfico, concentró más de una tercera parte de las víctimas de 2016.
Estas también fueron traficadas para someterlas a esclavitud doméstica, matrimonio forzado, mendicidad, venta de drogas y extracción de órganos, según datos de la Oficina Nacional de Registro de Delitos.
La creciente demanda del sector servicios empeora la situación en India, donde se contratan personas secuestradas sin un buen sistema de investigación, se lamentan especialistas.
“Si se implementa, la ley puede lograr beneficios de largo alcance, como disminuir el trabajo informal y garantizar que se paguen salarios justos”, destacó el abogado del Tribunal Supremo, Aarti Kukreja.
La Fundación Walk Free estima que 45,8 millones de personas, entre ellas millones de niñas y niños, están sometidas a alguna forma de esclavitud moderna, por encima de las 35,8 millones de personas en 2014, una preocupación que afecta a grandes regiones de Asia meridional, donde todavía no hay leyes para combatir el flagelo.
“Las leyes existentes trataban a traficantes y traficados como delincuentes”, observó la activista social Vrinda Thakur,
“Es raro. Impedía que las víctimas denunciaran el delito. Pero, con la nueva ley, la primera de ese tipo en India, las víctimas recibirán asistencia y protección”, destacó Thakur.
Aparte, el gobierno ya implementó medidas contra la trata y el tráfico. Se creó una plataforma en Internet para rastrear niños desaparecidos. Además, Nueva Delhi suscribió acuerdos con Bangladesh y Baréin para luchar contra este problema.
Las autoridades también colaboran con organizaciones de la sociedad civil para capacitar oficiales de la policía.
Kukreja explicó que el proyecto de ley cuenta con un mecanismo para evitar las normas anticuadas y burocráticas que complican el cumplimiento de la nueva ley, la que “unificará las leyes existentes, priorizará las necesidades de sobrevivientes y proveerá tribunales especiales para acelerar los casos”, precisó.
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