El periodista Ricardo Gamaza realiza el documental “¿Trileros del agua? Lo que no cuentan los medios de comunicación”
Cuatro periódicos del Grupo Joly –empresa de comunicación andaluza que incluye nueve cabeceras- compartieron el siguiente titular el 23 de febrero: “El sector del agua alerta de los riesgos de la remunicipalización”. Diario de Cádiz, Diario de Almería, Diario de Jerez y Europa Sur se hicieron eco del debate organizado por el primero de los periódicos con expertos, empresarios y sindicalistas, en el que –concluye el periodista- se planteó “aparcar debates ideológicos” para priorizar la calidad del servicio y la modernización de las redes. Casi un mes después, los medios de este grupo regional insistían con la misma idea en la portada: “La colaboración público-privada abarata los servicios públicos”; el antetítulo y los sumarios de la información aseguraban que la remunicipalización de empresas resta inversiones y eficacia; también el texto cargaba contra los ayuntamientos populistas, que actúan por “motivos ideológicos”. La campaña periodística coincidió con el estreno el 22 de marzo en Jerez de la Frontera, ante 300 personas, del documental “¿Trileros del agua? Lo que no cuentan los medios de comunicación”, dirigido por el periodista independiente Ricardo Gamaza y producido por la iniciativa municipalista Ganemos Jerez, que cuenta con cinco regidores en el ayuntamiento gaditano.
La presentación del documental coincidió también con el Día Mundial del Agua, en el que Naciones Unidas recordó que 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca del hogar; la ONU reconoció en 2010 el derecho humano al agua y al saneamiento. Ricardo Gamaza dedicó un año de trabajo a la realización del audiovisual (al menos la mitad del tiempo a la investigación periodística). Una conocida frase de Ryszard Kapuscinsky ha orientado la producción del documental: “El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea cómo éstas corren a ocultarse”. Además de director y guionista de “¿Trileros del agua?”, Gamaza escribe en el blog de investigación “Ecoperiodismo” y dirige la productora especializada en medio ambiente y agricultura con la misma denominación. Durante el mes de mayo, está confirmada la presentación del documental en Granada, Sevilla y, entre los días 8 y 27, en el Ecozine Film Festival de Zaragoza. La investigación se centra en la provincia de Cádiz y en Andalucía, “que representan un mapa a escala de lo que está ocurriendo en España”, ha asegurado el documentalista tras la proyección en el Centre Octubre de Valencia, a iniciativa de Ingeniería Sin Fronteras y la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública.
Un estudio sobre los 778 municipios andaluces de los profesores Miguel Ángel García-Rubio y Francisco González Gómez, integrantes del Instituto del Agua adscrito al departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, resalta que el 74,8% mantiene la gestión pública del agua, mientras que el 13,4% han puesto el servicio en manos privadas y el 11,6% ha optado por una fórmula mixta que incluye un socio privado (datos de 2016). Pero la perspectiva cambia si se considera el número de usuarios, ya que el 44,5% del agua suministrada a la población andaluza corresponde a la gestión privada o mixta, que principalmente llevan a término tres grandes empresas: Aqualia, Aguas de Barcelona (AGBAR) y Acciona. Respecto al estado español, las empresas privadas o mixtas abastecen al 56% de la población. AGBAR, del grupo Suez, y Aqualia, filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), concentran el 87% de la gestión privada en España. De hecho, concluye Ricardo Gamaza, “está gestionándose un derecho humano (al agua) en régimen de oligopolio”.
El reparto del gran negocio da lugar a conflictos. A finales de febrero, el Tribunal Supremo anuló el concurso por el que la Generalitat de Cataluña adjudicó en 2012 la sociedad pública Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona. Al concurso se presentó la empresa AGBAR en condición de competidora. ATLL abastece de agua “en alta” (desde los ríos hasta los depósitos de cabecera municipales) a 4,5 millones de habitantes de nueve comarcas catalanas -incluida el área metropolitana de Barcelona-, además de la industria y servicios de estos territorios. La privatización, la mayor de la historia de la Generalitat, fue acometida por el gobierno de Artur Mas con el fin de reducir el endeudamiento (la concesión por 50 años implicaba unos ingresos de mil millones de euros).
En el caso de los municipios que privatizan la gestión del agua, García-Rubio y González Gómez señalan algunas conclusiones del caso andaluz: también se plantean las concesiones durante 25 años como una vía de urgencia para pagar las deudas municipales, aunque después las empresas recuperen la inversión a través de las facturas; además las concesionarias prefieren los municipios con más de 50.000 habitantes, costeros y con una renta por habitante alta, que permita a las familias afrontar un incremento en los recibos. El quid de la privatización está en el canon concesional, millonario, que pagan las empresas; “éstas compran el servicio del agua a los ayuntamientos, que se financiaron con cargo al recibo que se cobra a los ciudadanos sin utilizar prácticamente nunca esta financiación para realizar inversiones en infraestructuras hidráulicas”, resume el secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Jaime Morell.
El discurso neoliberal argumenta que el sector privado optimiza las inversiones y resulta más eficiente. Sin embargo, algunas investigaciones apuntan lo contrario. Un estudio de García-Rubio, González Gómez y Guardiola –“Performance and ownership in the governance of urban water” (2010)- atribuye la supuesta mayor eficiencia de los agentes privados en el uso de los recursos a “un menor celo en la conservación, mantenimiento y renovación de las redes de distribución hídrica”. Asimismo, una investigación de 2012 realizada por González Gómez, Martínez Espiñeira, García Valiñas y García-Rubio observa mayores pérdidas de agua en la distribución si la gestión es privada; los autores recuerdan que corresponde a los municipios controlar la gestión de estas empresas, aunque “puede que no se realicen los controles o, en caso de producirse, es posible que falten recursos y técnicos debidamente capacitados”. En otro trabajo de 2016, García-Rubio, González Gómez y Tortajada señalaron que, aunque se cumpla con los indicadores legales, las privatizaciones “parecen reducir el nivel de satisfacción con la calidad del agua del grifo de los usuarios”.
¿Público o privado? “En España se privatiza el agua no por eficiencia, sino porque es un negocio”, afirmó Jaime Morell en una entrevista de Ricardo Gamaza en El Correo de Andalucía. El ingeniero y miembro de AEOPAS apunta París, Viena, Córdoba, Cádiz y Sevilla entre otros modelos de gestión pública eficiente. “¿Trileros del agua?” destaca un caso diferente, el de Jerez de la Frontera, municipio de 213.000 habitantes con una tasa de paro del 33,7%; en 2013 el Ayuntamiento –entonces regido por el PP privatizó la gestión del agua urbana (suministro, depuración y alcantarillado), concesionada a Aqualia durante 25 años por 80 millones de euros. En 2012, el ejercicio anterior a la privatización, la empresa municipal Aguas de Jerez (AJEMSA) cerró con beneficios.
Los críticos con el cambio de modelo denuncian los efectos inmediatos. En enero de 2014, Aqualia puso en marcha una campaña para cortar el suministro de agua por impago de facturas en Jerez de la Frontera. Unas semanas después, la multinacional confirmaba que las interrupciones afectaban a cerca de 200 familias jerezanas, lo que se sumaba a las críticas por el encarecimiento de los recibos. Actualmente continúan las reivindicaciones. El pasado 23 de marzo la Coordinadora en Defensa del Agua Pública de Jerez, surgida a partir de una veintena de asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos y partidos de izquierda, pidió por carta a la alcaldesa, María del Carmen Sánchez Díaz, del PSOE, información sobre el cumplimiento de las inversiones de mantenimiento (un millón de euros anuales), a las que se comprometió Aqualia en el contrato de concesión; además preguntaron por los controles que está aplicando el consistorio a la filial de FCC.
“¿Trileros del agua”? informa de otras consecuencias de las externalizaciones en Jerez. El Ayuntamiento de la pedanía jerezana de Torrecera, gobernado por IU, y vecinos de esta Entidad Local Autónoma (ELA) comenzaron en 2013 –cuando el PP en el consistorio de Jerez privatizó el suministro del agua- una batalla para lograr la gestión pública y directa. En defensa de sus competencias, han mantenido un pulso durante años con Aqualia y el Ayuntamiento de Jerez. En 2016, la Junta Vecinal de Torrecera aprobó la prestación municipal del servicio de abastecimiento y alcantarillado; mientras, la Coordinadora en Defensa del Agua Pública de Jerez denunció que Aqualia “intentaba facturar el servicio de gestión del agua que, por voluntad de los vecinos y por acuerdo del Ayuntamiento de Torrecera, no le corresponde”. Un año y medio después, en febrero de 2018, se completó el proceso: el pleno municipal de Jerez de la Frontera dio vía libre, por unanimidad, a la gestión directa del agua por parte del ayuntamiento pedáneo. A mayor escala, Aqualia abastece como gestor privado al 40,7% de la población en la provincia de Cádiz (en régimen público-privado a otro 16,7%), al 34,9% en la de Almería, el 24,8% en Huelva y al 22,9% en Jaén (datos de 2016).
Pero los litigios se extienden a otras autonomías. El Ayuntamiento coruñés de Arteixo, regido por el Partido Popular, aprobó la remunicipalización del abastecimiento y saneamiento de agua en 2013, tras haber adjudicado el servicio a Aqualia en 2005. Durante los ocho años de gestión privada, el gobierno municipal constató un incumplimiento de los acuerdos de inversión, mantenimiento y la subcontratación de obras –a empresas del mismo grupo concesionario- por precios superiores a los de mercado. Tras años de pleito, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña condenó en diciembre de 2017 a Aqualia por incumplir el compromiso de inversiones, por lo que la empresa tiene que abonar –en concepto de indemnización- 12,8 millones de euros al consistorio. El foco informativo puede ponerse en este municipio gallego, de 31.500 habitantes, pero si se estira del hilo hasta la matriz de Aqualia (la constructora FCC), el punto final es el magnate mexicano Carlos Slim. Además, FCC ha firmado la venta del 49% de Aqualia al fondo de inversión australiano IFM Global Infrastructure Fund, por 1.024 millones de euros, aunque mantiene el control sobre la compañía hídrica.
El documental de Ricardo Gamaza también se detiene en la firma Aquagest, filial del grupo AGBAR, un gigante del negocio del agua en España. Aquagest figura como una de las empresas señaladas en la operación “Pokemon”, macrotrama de corrupción que el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo comenzó a investigar en 2011, y cuya instrucción se ha prorrogado en alguna de las piezas hasta junio de 2019; consistía en el presunto amaño de adjudicaciones en las contratas de servicios públicos -a cambio de comisiones y favores- por las que resultaron imputados cerca de un centenar de políticos, empresarios y funcionarios. Las supuestas irregularidades se extendieron por municipios de diferentes autonomías, como Galicia, Asturias, Murcia, Cataluña y el País Valenciano. En medio de las denuncias y el escándalo, AGBAR llevó a término en 2013 un proceso de reestructuración empresarial; a partir de la empresa Aquagest, “se crearon muchas marcas diferentes para que el caso ‘Pokemon’ no les pudiera afectar, al menos en su imagen”, explica el documental. De ahí que aparecieran, entre otras sociedades, Aquona (Castilla-La Mancha y Castilla y León), Viaqua (Galicia), Asturagua (Asturias), Aquanex (Extremadura), Hidraqua (País Valenciano), Aquara (Aragón), Aquarbe (País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja) e Hidralia (Andalucía). “¿Imagen o ingeniería empresarial?”, se pregunta Ricardo Gamaza.
En 2013 se constituyó la empresa mixta Aigües de Barcelona para la gestión del ciclo integral del agua –captación, transporte, distribución y depuración- en Barcelona y 23 ciudades del área metropolitana; los servicios alcanzan a cerca de tres millones de personas. Actualmente se reparten el accionariado de Aigües de Barcelona AGBAR (70%), la administración pública Área Metropolitana de Barcelona (AMB), con el 15%, y La Caixa (15%). La concesión, durante 35 años, fue otorgada por AMB con el apoyo de CIU y el PSC. Pero el revés judicial llegó en marzo de 2016, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la adjudicación a la sociedad encabezada por AGBAR, dado que ésta se realizó sin concurso público; a la espera de la resolución definitiva del Tribunal Supremo, Aigües de Barcelona continúa prestando el servicio en el área metropolitana.
Además, la AMB presidida por Ada Colau ha presentado públicamente una auditoría en la que se concluye que AGBAR hinchó en 346 millones de euros sus activos para constituir Aigües de Barcelona. Así las cosas, la gran batalla es por la remunicipalización. El Ayuntamiento de Barcelona tenía previsto consultar a los vecinos, antes del verano, si quieren una gestión pública del agua; 40 colectivos sociales superaron las 15.000 firmas requeridas en apoyo de la iniciativa. Sin embargo, la “multiconsulta” ciudadana ha chocado con fuertes obstáculos. Entre otros, los recursos contencioso-administrativos planteados por la Delegación del Gobierno en Cataluña y la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público (CCIES), de la que forma parte la empresa concesionaria; y también, el recurso de alzada interpuesto por AGBAR; a ello se agrega la oposición de los grupos municipales, que en el pleno del 10 de abril rechazaron la pregunta de la consulta: “¿Quiere usted que la gestión del agua en Barcelona sea pública y con participación ciudadana?” Votaron a favor Barcelona en Comú y ERC, mientras que se opusieron el PDeCAT, Ciudadanos, el PSC, el PP y la CUP.
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