Por Odalys Buscarón Ochoa *, Resumen Latinoamericano, 20 de Abril de 2019.
Refrendada por la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en febrero de 2009, la implementación de las autonomías de los pueblos indígenas originarios campesinos transita con escollos, pero sin que el Gobierno ceje en su palabra empeñada.
‘Sin las autonomías indígenas campesinas no hay Estado Plurinacional y sin el Estado Plurinacional no son posibles las autonomías’, dejó en claro el presidente de la Confederación Nacional de Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (Conaioc), Clemente Salazar.
Fue enfático en declaraciones a Prensa Latina en que no existen contradicciones entre este modelo secular de ejercicio del poder por las naciones y pueblos autóctonos y las instituciones oficiales.
A juicio del dirigente originario, este aspecto para nada tiene que ver con el lento proceso de adjudicación jurídica a los autogobiernos, una práctica de los pueblos ancestrales, coartada durante el período colonial, la República, y luego por las administraciones neoliberales.
Tras largas y encarnizadas luchas de siglos, las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas bolivianos cobraron fuerza legal con la nueva Constitución de febrero de 2009, uno de los cambios más radicales del proceso renovador emprendido por el presidente Evo Morales.
En los artículos 1,2 y 3, la Constitución Política del Estado declaró la condición de pluralidad, al reconocer la existencia de las nacionalidades indígenas. Asimismo, en 2010 se promulgó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Bolivia es la nación latinoamericana con mayor población originaria del continente, pues según el Censo de Población de 2012, el 42 por ciento de sus habitantes declararon su pertenencia étnica y cultural a los 36 pueblos indígenas que habitan de antaño este territorio.
De más de una treintena de naciones y nacionalidades autóctonas que optaron por los autogobiernos, apenas tres lograron vencer el entuerto jurídico; a saber, los charagua iyambae, raqaypampa y uru chipaya.
El sociólogo y también director general de Participación Ciudadana de la Vicepresidencia, Juan Carlos Pinto, reconoció que resulta posible ‘pensar el poder desde diversas perspectivas, y la problemática de las autonomías nos convoca a más reflexiones sobre la realidad política actual’.
Coincidió Pinto con otros expertos en que el país atraviesa por un contexto complejo de renovación institucional y de formas de reorganización del poder, lo cual emerge como uno de los retos latentes.
Reconocida autoridad por sus estudios sobre la problemática de las autonomías, el investigador Fernando García reivindicó la autenticidad del proceso constituyente boliviano, con los indígenas, campesinos y organizaciones sociales como principales actores.
De acuerdo con su planteamiento, la idea y el imaginario del Estado Plurinacional se gestaron ‘desde abajo’, mediante el denominado Pacto de Unidad que conformaron cinco agrupaciones populares de cara a la Asamblea Constituyente, instalada en agosto de 2006.
El frente lo integraron la Confederación de Trabajadores Rurales de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas ‘Bartolina Sisa’, la Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.
Según García, ese pacto, gracias a la articulación de las principales organizaciones, no tiene precedentes en la historia nacional, y desembocó en el reconocimiento de la pluralidad y el nacimiento de la matriz indígena-campesina de pensar al Estado.
Transcurrida una década de gestación del marco legal, queda claro que las políticas públicas llevadas a cabo por el Gobierno del presidente Evo Morales no son suficientes para viabilizar con celeridad las aspiraciones seculares de los pueblos originarios, cuyo núcleo fundamental es la autoridad indígena.
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TRES MODELOS DE AUTONOMÍAS INDÍGENAS EN BOLIVIACon la promulgación de la nueva Constitución del Estado Plurinacional (2009), comenzaron unos 15 procesos para la creación de los autogobiernos indígenas, 12 a través de un referendo ese mismo año; dos en 2016 y uno en 2017.
Durante el proceso establecido por el Tribunal Constitucional, la población del municipio de Curahuara de Carangas, departamento de Oruro, de mayoría aymara, echó atrás la decisión de establecer un régimen autonómico; así como otras comunidades quechuas, aymaras y guaraníes. En medio de tensos escenarios y contradicciones internas en los territorios, dos comunidades administrativas de influencia guaraní decidieron acogerse a la gestión pública originaria, en el municipio de Gutiérrez, departamento de Santa Cruz, y en Macheretí, Chaco, parte del departamento de Chuquisaca, en trámites actualmente.
A buen puerto llegaron sin naufragar las comunidades Charagua Iyambae, en el sureño departamento de Santa Cruz, con predominio guaraní, aunque de composición multinacional; Uru Chipaya, en el suroeste del departamento de Oruro, que cobija a la nación originaria del mismo nombre; y Raqaypampa, organizada por asentamientos quechua en las zonas altas de la provincia Mizque, extremo meridional del departamento de Cochabamba, en el sur de Bolivia.
Las tres experiencias desarrollan el modelo comunitario de gestión pública a partir de las instituciones tradicionales y los principios ancestrales de elección de las autoridades.
Así, practican el ejercicio de la libre determinación, la administración de recursos económicos autónomos; la organización de los territorios, bajo facultades legislativa, ejecutiva, reglamentaria, fiscalizadora y de administración de la justicia.
En el caso de la comunidad de Charagua Iyambae (con unos 32 mil 200 habitantes), el máximo órgano colectivo de poder es la asamblea Ñemboati Reta, que opera a través de tres instancias: comunal, zonal y autonómica; ésta última, la Ñemboati Guasu, cuenta con 27 miembros, para un mandato de tres años sin reelección. Lo integran cuatro representantes de cada zona; dos mujeres e igual número de hombres.
Herederos de una cultura de indomables guerreros que los colonizadores españoles no pudieron someter nunca, distingue a la nación uru chipaya (cerca de dos mil habitantes) una estructura colectiva: la Chawkh Parla (Asamblea o Cabildo Grande), como la máxima instancia deliberativa.
La conforman, por tradición local, todas las manakas y ephnakas (madres y padres) de la nación, las autoridades originarias; y además las instituciones públicas y comunitarias.
En la comunidad de Raqaypampa (unos 10 mil habitantes) el órgano de decisión colectiva es la Asamblea General de Comunidades que opera a través de seis instancias.
Como elemento común del modelo comunitario de gestión, las autoridades no son elegidas por el mecanismo liberal de democracia representativa por partidos políticos, sino por los principios tradicionales de liderazgo originario.
Por lo general no se concibe tampoco la reelección de las autoridades, y las cuotas de representación, por regla, son distribuidas con equidad de género.
La organización territorial, administrativa y de gobierno, tanto en el ámbito ejecutivo como legislativo, están condicionadas por las particularidades físicas, demográficas y socioculturales de las naciones y pueblos indígenas.
Al decir de la investigadora ecuatoriana Sofía Cordero, estudiosa en el terreno de los esquemas de autonomía, los procesos de reorganización estatal por los que transitan Bolivia y Ecuador, plantean serios desafíos a los pueblos originarios, pero también posibilidades a partir del reconocimiento de la pluralidad.
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*Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia.
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