Rebelión / Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
A punto de cumplir los cinco primeros meses de su turbulenta gestión al frente del gobierno, Jair Bolsonaro está siendo sacudido por un tsunami, que él mismo anunció la semana pasada, en medio del enfrentamiento entre los sectores neofascista y militar de su gabinete y las manifestaciones estudiantiles en todo el país contra el recorte presupuestario en educación.
El viernes pasado el presidente anunció que esta semana un tsunami podría sacudir al gobierno y, en consecuencia, al país. No dio ninguna pista de cuándo, cómo y dónde aparecería la ola devastadora, pero aseguró que sabrá enfrentarla.
Bolsonaro quedó atrapado en sus tuits y sermones y su credibilidad va cayendo rápidamente. Su defensa del fin de la corrupción se cae a pedazos: sus tres hijos están incursos en escándalos de corrupción y la justicia pidió romper el secreto bancario de uno de ellos, el senador Flavio Bolsonaro, mientras sobran evidencias de los nombramientos de "funcionarios fantasmas" en sus respectivos despachos parlamentarios, o sea se nombra a alguien para que devuelva casi íntegro su salario al parlamentario.
Su popularidad y credibilidad retroceden a diario y ya perdió el apoyo de la banca y del mercado financiero, que tanto hicieron para que llegara al poder, cuando las alarmas suenan al percatarse que en lugar del crecimiento del 2,5 por ciento del PIB previsto para 2019, la realidad muestra la posibilidad de un crecimiento negativo, para seguir en la recesión que sufre el país desde el golpe de Estado de 2016.
El sector ideológico neofascista sigue las líneas expuestas por el astrólogo autonombrado filósofo Olavo de Carvalho, residente en Richmond, en el estado de Virginia, Estados Unidos, quien calificó al general retirado Santos Cruz, Secretario General de Gobierno, de bosta almidonada, en su escalada de groserías contra la cúpula militar, que acompaña Carlos, uno de los hijos de Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro y controlador de las redes sociales del padre.
Obviamente, el poder militar (no se calló y exigió el fin de las agresiones al menos para fortalecer la credibilidad del gobierno y la institución castrense. Bolsonaro respondió que su hijo tiene libertad para expresarse y que él admiraba al astrólogo. Lo que se teme es un abandono colectivo de los dos centenares de militares que ocupan puestos importantes en los más variados niveles del gobierno, dejando sin respaldo al mandatario-ex capitán.
En un cuadro de crisis económica, el papel del gobierno de extrema derecha constantemente pone en entredicho el problema de la hegemonía. Bolsonaro se postra a intereses específicos del capital y de Estados Unidos y la realidad lo ve impedido de adaptar sus planes económicos a una política de cohesión y organización de la hegemonía. La tutela militar es la que hasta ahora ha podido contener al gobierno, pero la inestabilidad hegemónica predomina.
En los próximos días quizá se desarrolle el asalto final de la pelea entre olavistas y militares, lo que puede significar una fractura decisiva que precipite una (otra) crisis política. Los militares han actuado como guardianes del orden, de la “estabilidad” y su horizonte es el triunfo definitivo de la tutela militar, sin ruptura, donde Bolsonaro sería el jarrón chino. Pero hoy más que jarrón chino parece un elefante en un bazar y la opción de un nuevo golpe está en la mira.
Para José Luis Ríos Vera, la definición de la hegemonía política en el bloque en el poder –la disputa entre neofascistas y militaristas- tiene incidencias en las tendencias de la reproducción del capital, las prioridades de la política económica, la reestructuración del Estado, todo lo cual concierne a las luchas de las clases trabajadoras y el movimiento popular.
El peso militar (pese a las presiones de Washington) barrió la postura neofascista de Bolsonaro contra Venezuela, en la contención de las relaciones con Israel, en la conservación de los buenos términos con China, en el conflicto del ministerio de Educación… Quizá, parte de todo esto tenga frustrado al trumpismo: el gobierno de Estados Unidos dejó pasar la oportunidad de presentar la propuesta de incorporación de Brasil como miembro pleno de la OCDE, según lo negociado en el encuentro Trump-Bolsonaro en marzo.
Las fuerzas armadas respaldaron la candidatura del ultraderechista para poner un fin al periodo en que la centroizquierda gobernó el país, hasta el golpe institucional de 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff. Abandonar el gobierno hoy, sería dar inicio a un periodo de inestabilidad cuyas consecuencias son imprevisibles, coinciden los analistas.
Las protestas estudiantiles pueden ser el acelerador de una serie de movilizaciones a escala nacional en repudio al gobierno que en cinco meses no ha presentado ninguna iniciativa destinada a superar la crisis, en momentos en que se duda de la actitud que adopten las fuerzas de seguridad pública. Una represión violenta puede provocar estallidos sociales en las calles, con consecuencias imprevisibles.
Con mayoría en el Congreso, el gobierno sufrió varias derrotas consecutivas la semana pasada, por falta de una articulación eficaz, y también porque varios parlamentarios no quieren perder popularidad y credibilidad. Los parlamentarios deberán decidir antes del 3 de junio la restructuración de los ministerios, adoptada por Bolsonaro vía decreto presidencial.
Es la economía
No extrañó que el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia viajara esta semana a Nueva York, para anunciar en Wall Street, que falló completamente el golpe de 2016, que llevó la economía al colapso, como demuestra, claramente, el informe económico publicado por el Banco Central.
El golpe sirvió para que el Congreso aprobara la enmienda constitucional (PEC95) de diciembre de 2016, que se congeló por 20 años el gasto público, mientras no hizo lo mismo con los gastos financieros, especulativos ni con la deuda pública.
Maia dejó de apoyar la estrategia neoliberal de los estafadores, asumida por Bolsonaro y su comandante de la economía, Paulo Guedes, para abrazar la nueva propuesta del economista André Lara Resende, de ruptura del ajuste fiscal neoliberal.
El centro de su crítica es que el Banco Central, dirigido por los banqueros, por la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), fija la tasa de interés muy por encima de la tasa de crecimiento de la economía. Mientras el PIB cae, pudiendo registrar un crecimiento negativo en 2019 y 2020, la tasa de referencia Selic se mantiene en 6,5 %; Se trata de usura, ya que el lucro de los bancos, en el primer trimestre, alcanzó el 20 %,.
Mientras, la economía está atorada; la congelación de los gastos públicos paraliza producción y el consumo. Para el analista César Fonseca, el congelamiento del gasto público impone un régimen anticapitalista, por excelencia, para que la rentabilidad de la bancocracia especuladora se multiplique Interminablemente. Hasta el Tribunal Supremo Federal condenó ese robo abierto bajo el nombre de tasa de interés, por ser un mecanismo perverso, practicado por un BC al servicio de los acreedores.
En la medida en que representa la correa de transmisión de riqueza de la población para los banqueros; la deuda ha dejado de ser instrumento de financiación del desarrollo para transformarse en fuente de destrucción económica. La deuda es responsable del desajuste de cuentas públicas, pese a que los banqueros intentan hacer creer que es responsabilidad de los gastos sociales (salud, educación, transporte, transferencia de recursos de la unión a estados y Previsión Social, saneamiento básico, ciencia y tecnología etc);
Ni los generales que avalan el gobierno Bolsonaro soportan ya el diagnóstico de la banca de que la inflación deriva del exceso de demanda, cuyas consecuencias requieren de intereses altos para contenerla. Es la deuda que hace el déficit, no los gastos sociales; por eso, como destaca, ahora Maia, en Nueva York, si no se suprime el techo del gasto público, impuesto por los golpistas de 2016, la economía entrará en su caída total. Y Maia –quizá pensando en convertise en líder- jaquea en Wall Street al ultraneoliberalismo de Pablo Guedes y tira a la basura la reforma de la previsión social.
André Lara Resende, en el Valor Económico, llama la atención a la irracionalidad del ajuste fiscal impuesto por el bolsonarismo y los tecnócratas, que, supervisados por Washington, impulsaron la PEC95 que fija el techo de gasto público por veinte años, y señala que desde hace tres años cosechan resultados desastrosos: desempleo en alta y producción y consumo en baja.
El Banco Central, controlado por bancocracia, mantiene el tipo de interés muy por encima de la tasa de crecimiento de la economía: se trata de un mecanismo perverso de extracción forzada de ingresos de la población, para transferirlos a los acreedores de la deuda. El gasto en los sectores sociales mueve la producción y el consumo y proporciona al Estado una recaudación para las inversiones: el desembolso con la deuda no da retorno alguno en forma de desarrollo sostenible.
El mercado de trabajo está bloqueado para los jóvenes; la tasa de desempleo, en la juventud, se acerca al 30 %, al lado tasa de desempleo del 12 % de la población económicamente activa, pero la tecnocracia insiste con el discurso de que la economía rodará, sólo después de la aprobación de la reforma (privatización) de la previsión bolsonariano-guedista, que elimina la previsión pública (tripartita, trabajador-empresario-Estado) para imponer un régimen de capitalización donde el trabajador financia su jubilación en cuentas bancarias.
Según la publicidad lanzada por el gobierno, la capitalización creará más empleo, porque el costo de contratación laboral disminuirá para el empresario que podría contratar más trabajadores a costos más bajos. Pero el ajuste fiscal, vía confiscación salarial no representa ni empleos ni jubilaciones para los más pobres, convirtiéndose en un factor más de inestabilidad:
Con demasiada oposición a sus planes, algunos analistas especulan que Bolsonaro se vería tentado a golpear la ya frágil democracia, para imponer el programa de Paulo Guedes.
Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Fuente: http://estrategia.la/2019/05/15/con-menos-de-cinco-meses-de-gestion-le-mueven-el-piso-a-jair-bolsonaro/
El viernes pasado el presidente anunció que esta semana un tsunami podría sacudir al gobierno y, en consecuencia, al país. No dio ninguna pista de cuándo, cómo y dónde aparecería la ola devastadora, pero aseguró que sabrá enfrentarla.
Bolsonaro quedó atrapado en sus tuits y sermones y su credibilidad va cayendo rápidamente. Su defensa del fin de la corrupción se cae a pedazos: sus tres hijos están incursos en escándalos de corrupción y la justicia pidió romper el secreto bancario de uno de ellos, el senador Flavio Bolsonaro, mientras sobran evidencias de los nombramientos de "funcionarios fantasmas" en sus respectivos despachos parlamentarios, o sea se nombra a alguien para que devuelva casi íntegro su salario al parlamentario.
Su popularidad y credibilidad retroceden a diario y ya perdió el apoyo de la banca y del mercado financiero, que tanto hicieron para que llegara al poder, cuando las alarmas suenan al percatarse que en lugar del crecimiento del 2,5 por ciento del PIB previsto para 2019, la realidad muestra la posibilidad de un crecimiento negativo, para seguir en la recesión que sufre el país desde el golpe de Estado de 2016.
El sector ideológico neofascista sigue las líneas expuestas por el astrólogo autonombrado filósofo Olavo de Carvalho, residente en Richmond, en el estado de Virginia, Estados Unidos, quien calificó al general retirado Santos Cruz, Secretario General de Gobierno, de bosta almidonada, en su escalada de groserías contra la cúpula militar, que acompaña Carlos, uno de los hijos de Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro y controlador de las redes sociales del padre.
Obviamente, el poder militar (no se calló y exigió el fin de las agresiones al menos para fortalecer la credibilidad del gobierno y la institución castrense. Bolsonaro respondió que su hijo tiene libertad para expresarse y que él admiraba al astrólogo. Lo que se teme es un abandono colectivo de los dos centenares de militares que ocupan puestos importantes en los más variados niveles del gobierno, dejando sin respaldo al mandatario-ex capitán.
En un cuadro de crisis económica, el papel del gobierno de extrema derecha constantemente pone en entredicho el problema de la hegemonía. Bolsonaro se postra a intereses específicos del capital y de Estados Unidos y la realidad lo ve impedido de adaptar sus planes económicos a una política de cohesión y organización de la hegemonía. La tutela militar es la que hasta ahora ha podido contener al gobierno, pero la inestabilidad hegemónica predomina.
En los próximos días quizá se desarrolle el asalto final de la pelea entre olavistas y militares, lo que puede significar una fractura decisiva que precipite una (otra) crisis política. Los militares han actuado como guardianes del orden, de la “estabilidad” y su horizonte es el triunfo definitivo de la tutela militar, sin ruptura, donde Bolsonaro sería el jarrón chino. Pero hoy más que jarrón chino parece un elefante en un bazar y la opción de un nuevo golpe está en la mira.
Para José Luis Ríos Vera, la definición de la hegemonía política en el bloque en el poder –la disputa entre neofascistas y militaristas- tiene incidencias en las tendencias de la reproducción del capital, las prioridades de la política económica, la reestructuración del Estado, todo lo cual concierne a las luchas de las clases trabajadoras y el movimiento popular.
El peso militar (pese a las presiones de Washington) barrió la postura neofascista de Bolsonaro contra Venezuela, en la contención de las relaciones con Israel, en la conservación de los buenos términos con China, en el conflicto del ministerio de Educación… Quizá, parte de todo esto tenga frustrado al trumpismo: el gobierno de Estados Unidos dejó pasar la oportunidad de presentar la propuesta de incorporación de Brasil como miembro pleno de la OCDE, según lo negociado en el encuentro Trump-Bolsonaro en marzo.
Las fuerzas armadas respaldaron la candidatura del ultraderechista para poner un fin al periodo en que la centroizquierda gobernó el país, hasta el golpe institucional de 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff. Abandonar el gobierno hoy, sería dar inicio a un periodo de inestabilidad cuyas consecuencias son imprevisibles, coinciden los analistas.
Las protestas estudiantiles pueden ser el acelerador de una serie de movilizaciones a escala nacional en repudio al gobierno que en cinco meses no ha presentado ninguna iniciativa destinada a superar la crisis, en momentos en que se duda de la actitud que adopten las fuerzas de seguridad pública. Una represión violenta puede provocar estallidos sociales en las calles, con consecuencias imprevisibles.
Con mayoría en el Congreso, el gobierno sufrió varias derrotas consecutivas la semana pasada, por falta de una articulación eficaz, y también porque varios parlamentarios no quieren perder popularidad y credibilidad. Los parlamentarios deberán decidir antes del 3 de junio la restructuración de los ministerios, adoptada por Bolsonaro vía decreto presidencial.
Es la economía
No extrañó que el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia viajara esta semana a Nueva York, para anunciar en Wall Street, que falló completamente el golpe de 2016, que llevó la economía al colapso, como demuestra, claramente, el informe económico publicado por el Banco Central.
El golpe sirvió para que el Congreso aprobara la enmienda constitucional (PEC95) de diciembre de 2016, que se congeló por 20 años el gasto público, mientras no hizo lo mismo con los gastos financieros, especulativos ni con la deuda pública.
Maia dejó de apoyar la estrategia neoliberal de los estafadores, asumida por Bolsonaro y su comandante de la economía, Paulo Guedes, para abrazar la nueva propuesta del economista André Lara Resende, de ruptura del ajuste fiscal neoliberal.
El centro de su crítica es que el Banco Central, dirigido por los banqueros, por la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), fija la tasa de interés muy por encima de la tasa de crecimiento de la economía. Mientras el PIB cae, pudiendo registrar un crecimiento negativo en 2019 y 2020, la tasa de referencia Selic se mantiene en 6,5 %; Se trata de usura, ya que el lucro de los bancos, en el primer trimestre, alcanzó el 20 %,.
Mientras, la economía está atorada; la congelación de los gastos públicos paraliza producción y el consumo. Para el analista César Fonseca, el congelamiento del gasto público impone un régimen anticapitalista, por excelencia, para que la rentabilidad de la bancocracia especuladora se multiplique Interminablemente. Hasta el Tribunal Supremo Federal condenó ese robo abierto bajo el nombre de tasa de interés, por ser un mecanismo perverso, practicado por un BC al servicio de los acreedores.
En la medida en que representa la correa de transmisión de riqueza de la población para los banqueros; la deuda ha dejado de ser instrumento de financiación del desarrollo para transformarse en fuente de destrucción económica. La deuda es responsable del desajuste de cuentas públicas, pese a que los banqueros intentan hacer creer que es responsabilidad de los gastos sociales (salud, educación, transporte, transferencia de recursos de la unión a estados y Previsión Social, saneamiento básico, ciencia y tecnología etc);
Ni los generales que avalan el gobierno Bolsonaro soportan ya el diagnóstico de la banca de que la inflación deriva del exceso de demanda, cuyas consecuencias requieren de intereses altos para contenerla. Es la deuda que hace el déficit, no los gastos sociales; por eso, como destaca, ahora Maia, en Nueva York, si no se suprime el techo del gasto público, impuesto por los golpistas de 2016, la economía entrará en su caída total. Y Maia –quizá pensando en convertise en líder- jaquea en Wall Street al ultraneoliberalismo de Pablo Guedes y tira a la basura la reforma de la previsión social.
André Lara Resende, en el Valor Económico, llama la atención a la irracionalidad del ajuste fiscal impuesto por el bolsonarismo y los tecnócratas, que, supervisados por Washington, impulsaron la PEC95 que fija el techo de gasto público por veinte años, y señala que desde hace tres años cosechan resultados desastrosos: desempleo en alta y producción y consumo en baja.
El Banco Central, controlado por bancocracia, mantiene el tipo de interés muy por encima de la tasa de crecimiento de la economía: se trata de un mecanismo perverso de extracción forzada de ingresos de la población, para transferirlos a los acreedores de la deuda. El gasto en los sectores sociales mueve la producción y el consumo y proporciona al Estado una recaudación para las inversiones: el desembolso con la deuda no da retorno alguno en forma de desarrollo sostenible.
El mercado de trabajo está bloqueado para los jóvenes; la tasa de desempleo, en la juventud, se acerca al 30 %, al lado tasa de desempleo del 12 % de la población económicamente activa, pero la tecnocracia insiste con el discurso de que la economía rodará, sólo después de la aprobación de la reforma (privatización) de la previsión bolsonariano-guedista, que elimina la previsión pública (tripartita, trabajador-empresario-Estado) para imponer un régimen de capitalización donde el trabajador financia su jubilación en cuentas bancarias.
Según la publicidad lanzada por el gobierno, la capitalización creará más empleo, porque el costo de contratación laboral disminuirá para el empresario que podría contratar más trabajadores a costos más bajos. Pero el ajuste fiscal, vía confiscación salarial no representa ni empleos ni jubilaciones para los más pobres, convirtiéndose en un factor más de inestabilidad:
Con demasiada oposición a sus planes, algunos analistas especulan que Bolsonaro se vería tentado a golpear la ya frágil democracia, para imponer el programa de Paulo Guedes.
Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Fuente: http://estrategia.la/2019/05/15/con-menos-de-cinco-meses-de-gestion-le-mueven-el-piso-a-jair-bolsonaro/
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=256031
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