Por Laura V. Mor / Resumen Latinoamericano Cuba. Fotos: Yaimi Ravelo.
La Habana, 26 de junio de 2019.- El bloqueo económico, comercial y financiero a Venezuela es una estrategia que Estados Unidos está imponiendo desde 2014 como “una política de asfixia y ahogamiento” sin precedentes en las relaciones bilaterales entre ambos países. Así lo denunció el Viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela William Castillo en conferencia de prensa este miércoles, deslegitimando el relato hegemónico que busca imponer una fecha posterior o hasta desmentirlo.
Esta política exterior estadounidense hacia Venezuela se inició con la llamada Ley de Defensa de la Democracia del año 2014 y fue seguida por el Decreto del entonces Presidente Obama en 2015 que catalogaba a la nación bolivariana como una amenaza para la seguridad nacional. Ambas, según las palabras de Castillo, “crearon el marco jurídico para las medidas (administrativas) posteriores” contra Venezuela que “suman un total de 150″ al día de hoy. Entre estas medidas se incluyen confiscación de activos financieros y despojo del patrimonio del Estado, generando al país un total de 4.833 millones de euros bloqueados en bancos internacionales que habían sido destinados a la compra de alimentos, medicinas, materias primas e insumos para el desarrollo de la industria venezolana y 30 mil millones de dólares en total de los activos congelados.
Castillo denunció también el bloqueo a cuentas personales de funcionarios y de las institucionales de las Embajadas que imposibilitan el normal funcionamiento de las misiones diplomáticas en terceros países y afirmó que “el dinero no es devuelto a Venezuela luego de canceladas las operaciones, atentando contra los recursos financieros” del país.
Desde diciembre de 2014 hasta abril de 2019, las administracions estadounidenses han dictado una ley y siete decretos ejecutivos que “castigan y penalizan la economía venezolana” según afirmó el funcionario en la sede diplomática en La Habana.
Estas medidas coercitivas aplicadas por la administración Trump prohiben –bajo amenazas de sanciones hacia los bancos que interaccionen con Venezuela- la negociación de activos financieron en la banca internacional, lo cual no permite al país renegociar la deuda pública de manera soberana o acceder a créditos, instalando a la vez el riesgo país entre los más altos del mundo. La prohibición de operaciones a ciudadanos, empresas o agentes financieros estadounidenses también recae sobre la criptomoneda, una medida que ha desarrollado el gobierno de Nicolás Maduro para hacer frente a las dificultades generadas por las regulaciones estadounidenses. Más de 40 mil millones de dólares han sido retenidos por más de 40 bancos internacionales, mientras que la industria petrolera (principal fuente de ingresos al presupuesto venezolano) ha registrado pérdidas por unos 23 mil millones de dólares debido a la prohibición de atraque de barcos, comercio y operación, según denunció Castillo.
El financiamiento de bandas delictivas desde Estados Unidos con el objetivo de generar tensión social y el “mercenarismo político alrededor de la agresión a Venezuela” como parte de “una política orquestada para producir una crisis y el sufrimiento del pueblo venezolano para que genere una respuesta política” fue otra de las denuncias del Viceministro, junto con la retención de cargamentos de alimentos y medicinas en la frontera de Colombia y en puertos de México. “La justificación es que los recursos de Venezuela son producto del narcogobierno y la corrupción”, afirmó, dando cuenta de la “criminalización de una gestión soberana” que se ejerce sobre el gobierno de Maduro.
Castillo detalló que la disponibilidad de alimentos producto del bloqueo en 2018 fue un 20% menor con respecto al 2015, lo cual generó una caída en el patrón de consumo alimentario de la población, colocando al país en categoría de “riesgo alimentario moderadamente bajo” (según indicadores de FAO) revirtiendo los relevantes logros en reducción del hambre alcanzados en la década anterior y elevando a 145.215 la cifra de niños y niñas afectados por desnutrición aguda y a 381.189 la población de niños y niñas afectada por desnutrición crónica en 2017.
A la guerra económica y el cerco financiero contra Venezuela se suma la sistemática agresión política y diplomática, así como una guerra mediática que busca instalar en la opinión pùblica el relato de una “crisis humanitaria” existente en el país, justificando con ello este “castigo colectivo” que perjudica severamente a todo el pueblo venezolano sin distinción de ideología.
Esta “violación masiva y consciente a los Derechos Humanos se puede calificar como un delito de lesa humanidad según los parámetros de la ONU” afirmó el funcionario; quien explicó que su visita a Cuba tiene el objetivo de conocer las experiencias de la isla en el enfrentamiento a este tipo de situaciones ya que “pueblo cubano ha sido sometido a un bloqueo económico, comercial y financiero por Estados Unidos durante más de 50 años”.
El diplomático reconoció que más allá de los problemas políticos y de gestión económica que enfrenta el país, la actual crisis tiene una mayor magnitud debido a las sanciones ejercidas desde la administración Trump. “Venezuela tiene severos problemas de polarización política, hay que combatir la corrupción…son problemas comunes a muchos países. La única diferencia es que no hay ningún país del mundo, salvo Cuba, que esté recibiendo una agresión de la magnitud que está recibiendo el pueblo de Venezuela”, afirmó.
El viceministro precisó que, a pesar de los obstáculos económicos y el hostigamiento internacional, el gobierno bolivariano continúa sus programas sociales y ratifica la disposición al diálogo con la oposición “por la paz del país”.
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/06/29/cuba-el-bloqueo-de-estados-unidos-a-venezuela-consecuencias-de-una-politica-criminal/
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