No es ya que no deseen las instituciones judiciales exhumar los restos del dictador para desactivar el significado atroz del lugar en que están enterrados. No es ya que ayuden a superar ese pasado oprobioso. Es que el Tribunal Supremo, la cúspide de la Justicia, ha cometido como si tal cosa una aberración proclamando a Francisco Franco jefe de Estado desde el 1 de Octubre de 1936 hasta su fallecimiento, en lugar de anular aquella disposición salida de una dictadura, y si no, callar. En su artículo "El día en que el Supremo se declaró franquista", agotando el asunto, Cristina Fallarás, describe cabalmente al Tribunal Supremo. Mejor dicho, el Tribunal Supremo se define a sí mismo, al quitarse la máscara que se encasquetó en 1978. Este desvergonzado proceder, una afrenta para millones de españoles lo lleva a cabo ahora en plan de exhibición. Lo hace, después de haber dictado muchas sentencias sospechosas, después de atender a asquerosas pretensiones de la familia del sátrapa, que no sólo no fue expulsada del país ni a la que se le tocó un pelo, sino que se le ha facilitado enriquecerse hasta extremos nauseabundos. Y eso ocurre, además, después de haberse venido mostrando el Tribunal Constitucional de similar catadura cuando ha tocado. El recorte o “cepillado” del Estatut, causa de la causa de los hechos que han ido llegando después en Cataluña fue una ominosa humillación del pueblo catalán, para encajarlo en el concepto territorial franquista.
En suma, el tercer poder del Estado, el poder judicial, es decir, la Justicia española, en lugar de contribuir al desarrollo del Estado democrático tras la muerte del dictador y la desaparición de la dictadura, sanciona sin ningún pudor con ese reconocimiento los principios del Movimiento Nacional; ninguneando, relegando, desautorizando virtualmente todo cuanto pertenece al espíritu democrático que lógicamente esperaba España a raíz de la Transición, cuya concreción más relevante en tal sentido es la ley de Memoria histórica que con ese villano reconocimiento queda virtualmente desmantelada. Lo que pronostican este pronunciamiento del TS y sus actuaciones en adelante, es el entorpecimiento u oposición a todo lo que se oponga a ellos. En los reductos de la Justicia, ya oficialmente, frente al mundo y erga omnes, se aloja el fermento del espíritu franquista que ahí estaba y esperar reactivarse y renacer. Pues el número de los franquistas, aun siendo estos residuales, ocupan puestos estratégicos en las instituciones principales de la justicia y de la sociedad. Ellos se encargarán de vigilar los efectos de esa exaltación. Ellos forzarán las cosas que en adelante para que, con más o menos descaro, el ideario del dictador se mantenga vivo. Son individuos de una catadura preocupante; lo suficientemente activos y resueltos como para torpedear y bloquear impunemente el desarrollo de una democracia que nació en un parto distócico, como he dicho otras muchas veces, con una verdadera malformación política. Me refiero a individuos astutos y despreciables que con eufemismos sin cuento, estén o no dentro de la justicia, se envuelven en el manto de la solemnidad. Individuos cuya principal habilidad consiste en combinar aviesamente cinismo e hipocresía porque se saben respaldados por esos otros de su misma catadura instalados en las poltronas de la alta magistratura. Y el partido político que ahora encarna oficialmente ese espíritu franquista, será en adelante el brazo armado de esa aberración del Tribunal Supremo que no tiene parangón en los anales de la política y de la justicia de ningún otro país del mundo...
Por eso no extraña que los franquistas políticos o políticos franquistas que se hacen pasar por dignos conservadores, actúen como lo hacen. Los casos y ejemplos relacionados con las cloacas del postfranquismo son cada vez más frecuentes. El más grave y llamativo es ese referido por Fallaràs: el reconocimiento del dictador como jefe de estado “legítimo” porque fulminó en una guerra civil y después de ella a incontables patriotas españoles. Pero hay otros. La sonrojante y vergonzosa pretensión de la Fundación Francisco Franco, cuya existencia es por sí sola una afrenta, presentando ante el TS que ya ha legitimado al dictador y a su satrapía, una demanda de nulidad de la exhumación. O la burla al Estatuto de la Asamblea de Madrid por parte de los tres partidos de la derecha o la ultraderecha que se han adueñado de la Mesa, de las Comisiones y de la Diputación permanente, pese a que el artículo 12.2 C del establece que "la composición y funciones de la Mesa, las Comisiones y la Diputación Permanente, de manera que los Grupos Parlamentarios participen en estos órganos en proporción al número de sus miembros". La propia decisión de Sanidad de preparar un plan para potenciar los medicamentos genéricos es objeto de la oposición de la patronal farmacéutica. Y si la patronal farmacéutica se opone, es porque cuenta a priori con el respaldo de esas instituciones infectadas de franquismo.
En resumen, ¡menudos tiempos nos esperan en las condiciones dichas y con los parámetros que jalonan la sociedad española el inequívoco camino involutivo, cuando desde 1978 millones y millones esperábamos que España culminase en la República...!
En toda esta amalgama de engaños, de imposturas, de infamias y de tejemanejes típicamente hispanos la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué cuota de responsabilidad y de culpa tiene el partido eufemísticamente llamado socialista que desde el inicio del nuevo ciclo político, con la coartada de su pasado histórico a las espaldas, se prestó desde el principio a mantener la ficción de una engañosa democracia, una democracia tan de mínimos que no se distinguió ni se distingue de la más “civilizada” fase del franquismo tardío; un partido que luego ha ido avalando con zalemas a la monarquía y convergiendo con los patrones neoliberales de los feos asuntos de la privatización de la energía y de las puertas giratorias, etc? Pero este es un asunto que por sí sólo merece reflexiones por lo menos tan extensas como las de este artículo...
Jaime Richart, Antropólogo y jurista.
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