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17 agosto 2019

Privatizaciones y condena a exministro ocupan semana angoleña



Por Roberto Hernández Solano

Luanda, 17 ago (Prensa Latina) El anuncio de que 195 empresas, algunas emblemáticas, serán privatizadas de aquí a 2022 y la condena a 14 años de cárcel contra el exministro de Transporte Augusto Tomás ocuparon la semana que hoy termina en Angola.

Mientras que para el Gobierno, el plan busca generar confianza en aras de aumentar las inversiones privadas, y sobre todo extranjeras, en sectores empresariales y de la oposición se levantan serias dudas.

Para el semanario Expansao, uno de los más reputados en el país, la descapitalización del empresariado nacional podría ser un serio obstáculo a los planes de venta, que incluyen a la petrolera Sonangol, la diamantífera Endiama y la línea aérea bandera TAAG (Angola Airlines).

Otro punto en contra lo supone la falta de información sobre la cifra que el Gobierno espera alcanzar con las ventas de empresas o de activos en algunas de ellas que comparte con el sector privado, como es el caso de la telefónica mayoritaria Unitel (tiene más del 80 por ciento del mercado de telefonía móvil pero está acéfala hace meses por falta de acuerdo entre los accionistas).

El ministro de Estado para la Coordinación Económica Manuel Nunes Junior publicó este viernes un largo artículo en el Jornal de Angola, el de mayor circulación aquí, en un intento por disipar dudas y en el que mencionó éxitos en materia económica como lo que calificó de gradual normalización del mercado cambiario.

Sin embargo, la disminución del diferencial entre la tasa de cambio oficial y la paralela (prohibida pero tolerada) solo se consigue con el aumento de la primera, mientras que la segunda pasó de mínimos el año pasado de 375 kwanzas por dólar a por encima de 500 (1,39 dólares al cambio oficial) desde hace varias semanas.

Tal elevación del tipo de cambio ha disminuido los ingresos de las personas más vulnerables, toda vez que se verifican aumentos de precios a pesar de cálculos en sentido contrario.

De hecho, se ha intentado dar tranquilidad con el anuncio de que el Banco Mundial será el consultor principal para llevar a buen puerto la iniciativa. Tampoco se sabe cuánto costará esa consultoría.

Un asunto que guarda relación con las privatizaciones, en cuanto a construcción de confianza del inversionista, lo fue la condena del extitular de Transporte por el conocido como caso Consejo Nacional de Cargadores (CNC) por malversación y otros delitos.

La lectura de la sentencia en la Sala de los Delitos Comunes del Tribunal Supremo era esperada con mucha expectativa, pues para diversos sectores en el país el proceso marca el verdadero comienzo de la lucha contra la corrupción en el país, una de las banderas del presidente Joao Lourenzo durante la campaña electoral en 2017.

Tomás, quien fue titular hasta junio del año pasado y arrestado preventivamente luego en septiembre, fue absuelto de blanqueamiento de capitales y de asociación criminal.

Fue encontrado culpable de malversación, violación de las normas de ejecución del presupuesto general del Estado, de abuso de poder de forma continuada y de participación económica en negocio ilícito de forma continuada.

Para su abogado Sergio Raimundo, la pena fue elevada al considerar que el tribunal se basó en suposiciones al no probar que su representado se haya apropiado de dinero o haya violado normas presupuestales. Otros tres funcionarios fueron sancionados a penas de dos a 12 años de prisión.

No obstante, algunas actuaciones dentro del proceso generaron dudas como el uso como prueba incriminatoria de argumentaciones iniciales y que la Fiscalía no haya podido probar los dos delitos más graves (blanqueamiento de capitales y de asociación criminal).

Tales situaciones llevaron a los abogados defensores a solicitar la modificación de las sentencias al Tribunal Supremo, que se mueve sobre el filo de la navaja, pues mantener las condenas recibirá fuertes cuestionamientos y anular el proceso sería un duro golpe a un cuestionado sistema de justicia.

oda/ro/cvl



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