Por Masiel Fernández Bolaños *
Bogotá, (Prensa Latina) ¿Qué ha pasado durante los dos años transcurridos en el proceso de reincorporación de los excombatientes de la otrora guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)?
Bogotá, (Prensa Latina) ¿Qué ha pasado durante los dos años transcurridos en el proceso de reincorporación de los excombatientes de la otrora guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)?
Teniendo como centro esa interrogante, Prensa Latina intercambió con el senador Pablo Catatumbo, integrante del Consejo Político Nacional del partido FARC.
Prensa Latina (PL): ¿Cómo valora lo sucedido, teniendo en cuenta que dicho proceso es visto como uno de los principales desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz negociado en La Habana y firmado en noviembre de 2016 entre el Estado y FARC-EP?
Pablo Catatumbo (PC): Es un tema complejo. Sin duda, es positivo en términos de reconciliación del país y no repetición del conflicto armado. Como se ha dicho en diferentes espacios, la reincorporación es un elemento fundamental para la aclimatación de la paz estable y duradera y para la sostenibilidad de las y los exguerrilleros que están en los espacios territoriales.
Yo diría que el principal obstáculo es la falta de voluntad política del Gobierno, al igual que la ausencia institucional que responda a las demandas y proyectos de lo que se pactó en La Habana.
En el transcurso de estos dos años, podemos decir que se ha avanzado, pero aún queda mucho por hacer. El Gobierno ha cumplido parcialmente. A pesar de esto, sé que las y los exguerrilleros hemos demostrado un compromiso como actores políticos y como ciudadanía constructora de paz. Empeñamos nuestra palabra y la gran mayoría la estamos cumpliendo.
La reincorporación social de los y las exguerrilleras requiere de la garantía de una serie de derechos, como la educación que es un instrumento para la construcción de una perspectiva de vida diferente y digna; en ello pondremos nuestro esfuerzo, en los meses que vienen, forjando la palabra en este escenario tan lento y a veces arbitrario.
PL: ¿Cuáles son los principales obstáculos al proceso de reincorporación en un contexto marcado por las venideras elecciones regionales y los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros?
PC: Colombia sigue siendo un país muy conservador y con una clase dirigente refractaria a cualquier atisbo de cambio. En esencia, el país sigue siendo el mismo: clientelista, corrupto y estigmatizador.
Lamentablemente, hay que decir que uno de los mayores obstáculos es romper con la estigmatización, sobre todo con quienes estuvimos en armas. Para superar esta situación, se deben deconstruir imaginarios sociales falsos, porque los exguerrilleros somos gente muy trabajadora y disciplinada.
Yo considero que un segundo obstáculo es la falta de garantías para la conservación de la vida y para la participación política efectiva de nuestro partido en las próximas elecciones. Se deben fortalecer los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al igual que el proceso de amnistía y libertad de prisioneros. En este campo también hay mucho por hacer.
El Gobierno tiene un discurso contradictorio en materia de paz. En el escenario internacional asegura un compromiso total con el Acuerdo, pero al interior del país avanza a paso de tortuga en la implementación de lo acordado, aduciendo falta de presupuesto.
De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, no se hacen las asignaciones necesarias, presentó un absurdo paquete de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP con el fin debilitarla.
Esto genera una alta preocupación por el estado crítico de la Implementación del Acuerdo. El Gobierno ya no habla de una paz territorial, sino de estabilidad y garantía de la legalidad.
Para el gobierno de Duque cumplir con el Acuerdo de Paz no hace parte de una política de Estado, esto se evidencia en que 'el 57 por ciento de las normas requeridas para la implementación aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República'.
Ahora nos encontramos ante la discusión del presupuesto en el Congreso y existe la incertidumbre sobre los recursos asignados a la implementación de los Acuerdos.
En esta materia, el obstáculo son las reducciones del presupuesto a las entidades encargadas de la transformación de los territorios afectados por la guerra. Según el proyecto de presupuesto 2020, la Agencia Nacional de Tierras sufriría una reducción del 19 por ciento, la Agencia para el Desarrollo Rural del 13 por ciento, la Agencia de Renovación Territorial del 10 por ciento y la Agencia para la Reincorporación y Normalización del siete por ciento.
Así mismo, el cuarto obstáculo se encuentra en la falta de voluntad política del gobierno y de los partidos aliados a él que discuten los temas en el Congreso.
Como quinto obstáculo, el que despierta mayor preocupación, es la inseguridad física de las y los exguerrilleros.
Hasta la fecha van asesinados 144 exguerrilleros de FARC-EP, 36 familiares de exguerrilleros y 637 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Esa es una cifra aterradora.
Los líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y exguerrilleros, son un elemento muy importante en la construcción de la paz, porque son ellos quienes promueven los derechos y dinamizan la paz en los territorios, la construcción de democracia y la transformación social.
Finalmente, el lento proceso de aprobación y desembolso de recursos para proyectos productivos en el marco del CNR, dificulta fortalecer procesos de asistencia técnica y el desarrollo de estos.
PL: ¿Cuántos excombatientes se encuentran en el proceso de reincorporación y cuáles son las experiencias que le han compartido al respecto?
PC: Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, con corte a 30 de junio de 2019, hay 13 mil 200 personas acreditadas, de las cuales 13 mil 18 son objeto de atención del proceso de reincorporación.
En cuanto a las experiencias que me han compartido durante mi instancia en el Congreso de la República han sido: Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Agua Bonita, Expo Cauca y Caldono Cauca.
El objetivo de la cooperativa de Caldono, por ejemplo, es contribuir a la construcción de nuevas formas de convivencia que permitan construir la paz, buscando el desarrollo sostenible y el crecimiento de la economía social y solidaria del territorio.
Esta cooperativa involucra a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes para mejorar el tema vial y el desarrollo productivo. Conviene subrayar que el aporte de las comunidades ha sido importante como garantes a la reincorporación, porque han facilitado la tierra para el desarrollo de los proyectos productivos. Uno puede ver que las y los exguerrilleros han estado comprometidos con la ejecución de proyectos de invernaderos de tomate, producción de fertilizantes orgánicos, proyectos de café, manualidades, joyería y estampados, han conformado cooperativas. Pero se requiere de recursos económicos y espacios de comercialización, y aún faltan garantías por parte del Estado para hacerlo como se debería hacer.
PL: Si bien en la reciente feria Agropexpo, en el stand de las Economías Sociales del Común pudieron observarse algunas de las iniciativas impulsadas, ¿cómo ha sido la integración de los excombatientes a la economía formal?
PC: Existen avances, pero la simplicidad del Gobierno a la reincorporación socioeconómica a través de proyectos productivos de menor alcance es un horizonte equivocado. Hay ausencia de garantías de seguridad y falta de sostenibilidad de dichos proyectos.
Sabemos que la generación de proyectos productivos, individuales y colectivos, son procesos de largo plazo, estos requieren programas de acompañamiento, de formación y asistencia técnica.
Y como el resto de la población campesina del país, los exguerrilleros han tenido que enfrentar las dificultades en cuanto a brechas en materia de infraestructura, tecnificación, acceso a servicios y mercados de comercialización.
En los últimos 30 años Colombia ha tenido experiencias de procesos de reincorporación y en todos ha sido indispensable el acceso a capital semilla y formación técnica, al igual que sus propios procesos normativos bajo la figura de decretos, documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, la creación de programas e instituciones y la adaptación a planes de ordenamiento y de desarrollo locales.
Nuestro proceso de reincorporación tiene algo diferente: el enfoque colectivo y de participación, que permite el desarrollo de economías solidarias con base a formas asociativas. Pero este aspecto fundamental se ha visto obstaculizado por la cantidad de proyectos aprobados.
Hasta el momento han sido aprobados 240 proyectos individuales de los cuales se han desembolsado 235, beneficiando a mil 506 exguerrilleros; y 636 personas beneficiadas con proyectos productivos financiados por cooperación internacional.
Esto quiere decir a la fecha tan solo el 16,5 por ciento de los exguerrilleros que son objeto del proceso de reincorporación cuentan con un proyecto productivo, mientras 83,5 por ciento de los exguerrilleros no hace parte de un proyecto productivo que les permita su reincorporación económica.
arb/mfb
*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia.
Prensa Latina (PL): ¿Cómo valora lo sucedido, teniendo en cuenta que dicho proceso es visto como uno de los principales desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz negociado en La Habana y firmado en noviembre de 2016 entre el Estado y FARC-EP?
Pablo Catatumbo (PC): Es un tema complejo. Sin duda, es positivo en términos de reconciliación del país y no repetición del conflicto armado. Como se ha dicho en diferentes espacios, la reincorporación es un elemento fundamental para la aclimatación de la paz estable y duradera y para la sostenibilidad de las y los exguerrilleros que están en los espacios territoriales.
Yo diría que el principal obstáculo es la falta de voluntad política del Gobierno, al igual que la ausencia institucional que responda a las demandas y proyectos de lo que se pactó en La Habana.
En el transcurso de estos dos años, podemos decir que se ha avanzado, pero aún queda mucho por hacer. El Gobierno ha cumplido parcialmente. A pesar de esto, sé que las y los exguerrilleros hemos demostrado un compromiso como actores políticos y como ciudadanía constructora de paz. Empeñamos nuestra palabra y la gran mayoría la estamos cumpliendo.
La reincorporación social de los y las exguerrilleras requiere de la garantía de una serie de derechos, como la educación que es un instrumento para la construcción de una perspectiva de vida diferente y digna; en ello pondremos nuestro esfuerzo, en los meses que vienen, forjando la palabra en este escenario tan lento y a veces arbitrario.
PL: ¿Cuáles son los principales obstáculos al proceso de reincorporación en un contexto marcado por las venideras elecciones regionales y los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros?
PC: Colombia sigue siendo un país muy conservador y con una clase dirigente refractaria a cualquier atisbo de cambio. En esencia, el país sigue siendo el mismo: clientelista, corrupto y estigmatizador.
Lamentablemente, hay que decir que uno de los mayores obstáculos es romper con la estigmatización, sobre todo con quienes estuvimos en armas. Para superar esta situación, se deben deconstruir imaginarios sociales falsos, porque los exguerrilleros somos gente muy trabajadora y disciplinada.
Yo considero que un segundo obstáculo es la falta de garantías para la conservación de la vida y para la participación política efectiva de nuestro partido en las próximas elecciones. Se deben fortalecer los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al igual que el proceso de amnistía y libertad de prisioneros. En este campo también hay mucho por hacer.
El Gobierno tiene un discurso contradictorio en materia de paz. En el escenario internacional asegura un compromiso total con el Acuerdo, pero al interior del país avanza a paso de tortuga en la implementación de lo acordado, aduciendo falta de presupuesto.
De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, no se hacen las asignaciones necesarias, presentó un absurdo paquete de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP con el fin debilitarla.
Esto genera una alta preocupación por el estado crítico de la Implementación del Acuerdo. El Gobierno ya no habla de una paz territorial, sino de estabilidad y garantía de la legalidad.
Para el gobierno de Duque cumplir con el Acuerdo de Paz no hace parte de una política de Estado, esto se evidencia en que 'el 57 por ciento de las normas requeridas para la implementación aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República'.
Ahora nos encontramos ante la discusión del presupuesto en el Congreso y existe la incertidumbre sobre los recursos asignados a la implementación de los Acuerdos.
En esta materia, el obstáculo son las reducciones del presupuesto a las entidades encargadas de la transformación de los territorios afectados por la guerra. Según el proyecto de presupuesto 2020, la Agencia Nacional de Tierras sufriría una reducción del 19 por ciento, la Agencia para el Desarrollo Rural del 13 por ciento, la Agencia de Renovación Territorial del 10 por ciento y la Agencia para la Reincorporación y Normalización del siete por ciento.
Así mismo, el cuarto obstáculo se encuentra en la falta de voluntad política del gobierno y de los partidos aliados a él que discuten los temas en el Congreso.
Como quinto obstáculo, el que despierta mayor preocupación, es la inseguridad física de las y los exguerrilleros.
Hasta la fecha van asesinados 144 exguerrilleros de FARC-EP, 36 familiares de exguerrilleros y 637 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Esa es una cifra aterradora.
Los líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y exguerrilleros, son un elemento muy importante en la construcción de la paz, porque son ellos quienes promueven los derechos y dinamizan la paz en los territorios, la construcción de democracia y la transformación social.
Finalmente, el lento proceso de aprobación y desembolso de recursos para proyectos productivos en el marco del CNR, dificulta fortalecer procesos de asistencia técnica y el desarrollo de estos.
PL: ¿Cuántos excombatientes se encuentran en el proceso de reincorporación y cuáles son las experiencias que le han compartido al respecto?
PC: Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, con corte a 30 de junio de 2019, hay 13 mil 200 personas acreditadas, de las cuales 13 mil 18 son objeto de atención del proceso de reincorporación.
En cuanto a las experiencias que me han compartido durante mi instancia en el Congreso de la República han sido: Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Agua Bonita, Expo Cauca y Caldono Cauca.
El objetivo de la cooperativa de Caldono, por ejemplo, es contribuir a la construcción de nuevas formas de convivencia que permitan construir la paz, buscando el desarrollo sostenible y el crecimiento de la economía social y solidaria del territorio.
Esta cooperativa involucra a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes para mejorar el tema vial y el desarrollo productivo. Conviene subrayar que el aporte de las comunidades ha sido importante como garantes a la reincorporación, porque han facilitado la tierra para el desarrollo de los proyectos productivos. Uno puede ver que las y los exguerrilleros han estado comprometidos con la ejecución de proyectos de invernaderos de tomate, producción de fertilizantes orgánicos, proyectos de café, manualidades, joyería y estampados, han conformado cooperativas. Pero se requiere de recursos económicos y espacios de comercialización, y aún faltan garantías por parte del Estado para hacerlo como se debería hacer.
PL: Si bien en la reciente feria Agropexpo, en el stand de las Economías Sociales del Común pudieron observarse algunas de las iniciativas impulsadas, ¿cómo ha sido la integración de los excombatientes a la economía formal?
PC: Existen avances, pero la simplicidad del Gobierno a la reincorporación socioeconómica a través de proyectos productivos de menor alcance es un horizonte equivocado. Hay ausencia de garantías de seguridad y falta de sostenibilidad de dichos proyectos.
Sabemos que la generación de proyectos productivos, individuales y colectivos, son procesos de largo plazo, estos requieren programas de acompañamiento, de formación y asistencia técnica.
Y como el resto de la población campesina del país, los exguerrilleros han tenido que enfrentar las dificultades en cuanto a brechas en materia de infraestructura, tecnificación, acceso a servicios y mercados de comercialización.
En los últimos 30 años Colombia ha tenido experiencias de procesos de reincorporación y en todos ha sido indispensable el acceso a capital semilla y formación técnica, al igual que sus propios procesos normativos bajo la figura de decretos, documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, la creación de programas e instituciones y la adaptación a planes de ordenamiento y de desarrollo locales.
Nuestro proceso de reincorporación tiene algo diferente: el enfoque colectivo y de participación, que permite el desarrollo de economías solidarias con base a formas asociativas. Pero este aspecto fundamental se ha visto obstaculizado por la cantidad de proyectos aprobados.
Hasta el momento han sido aprobados 240 proyectos individuales de los cuales se han desembolsado 235, beneficiando a mil 506 exguerrilleros; y 636 personas beneficiadas con proyectos productivos financiados por cooperación internacional.
Esto quiere decir a la fecha tan solo el 16,5 por ciento de los exguerrilleros que son objeto del proceso de reincorporación cuentan con un proyecto productivo, mientras 83,5 por ciento de los exguerrilleros no hace parte de un proyecto productivo que les permita su reincorporación económica.
arb/mfb
*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia.
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