Brasilia, 25 sep (Prensa Latina) La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva denunciará al gobernante Jair Bolsonaro ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por violar derechos del expresidente durante su discurso en la Asamblea General del organismo internacional.
'No hay una decisión judicial condenatoria definitiva contra Lula que permita descartar esa garantía constitucional de la presunción de inocencia', indican en una nota los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska Martins.
Ente otras ofensivas declaraciones, el discurso pronunciado ayer por Bolsonaro en la apertura de la 74 sesión del foro en Nueva York resultó un arcoíris de ataques contra las administraciones de Lula y Dilma Rousseff, así como críticas a medios periodísticos y exaltación de la dictadura militar de 1964.
Para la defensa del exdirigente obrero, la arenga del político de extrema derecha violó 'las leyes y decisiones de la ONU' y resultó incompatible con la Constitución de la República, especialmente con la disposición que asegura que la presunción de inocencia solo puede ser rechazada por un juicio final, en alusión hecha la víspera por Bolsonaro al exsindicalista durante la apertura del foro mundial.
Una de las violaciones graves que el Comité de las Naciones Unidas debe juzgar, señalan los juristas, 'se refiere precisamente al hecho de que Brasil no ha asegurado a Lula el derecho a un juicio justo, imparcial e independiente (artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), no pudiendo cualquier órgano de la República realizar actos que pongan en peligro la efectividad del juicio futuro de esa entidad internacional al que el país se vinculó voluntariamente y se vio obligado a seguir sus determinaciones'.
Según la defensa, la alocución de Bolsonaro ocurrió cuando Brasil completa un año de incumplimiento con otra decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitida el 17 de septiembre de 2018, que ordenó al país a adoptar 'todas las medidas necesarias para garantizar que el demandante (Lula) disfrute y ejerza sus derechos políticos mientras esté en prisión como candidato para las elecciones presidenciales de 2018 hasta que se hayan completado los procedimientos judiciales justos'.
El incumplimiento de esta decisión ofendió los derechos políticos de Lula, quien cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018, y también a los millones de ciudadanos brasileños que ya no tenían la opción de votar por el expresidente, argumentan Cristiano y Valeska.
Subrayan que llevarán al Comité de Derechos Humanos de la ONU el contenido de esta declaración, junto con otros hechos nuevos, para que el comunicado que presentaron en julio de 2016 esté completo y listo para ser juzgado en cualquier momento a discreción de los miembros de esa corte internacional.
oda/ocs/cvl
Ente otras ofensivas declaraciones, el discurso pronunciado ayer por Bolsonaro en la apertura de la 74 sesión del foro en Nueva York resultó un arcoíris de ataques contra las administraciones de Lula y Dilma Rousseff, así como críticas a medios periodísticos y exaltación de la dictadura militar de 1964.
Para la defensa del exdirigente obrero, la arenga del político de extrema derecha violó 'las leyes y decisiones de la ONU' y resultó incompatible con la Constitución de la República, especialmente con la disposición que asegura que la presunción de inocencia solo puede ser rechazada por un juicio final, en alusión hecha la víspera por Bolsonaro al exsindicalista durante la apertura del foro mundial.
Una de las violaciones graves que el Comité de las Naciones Unidas debe juzgar, señalan los juristas, 'se refiere precisamente al hecho de que Brasil no ha asegurado a Lula el derecho a un juicio justo, imparcial e independiente (artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), no pudiendo cualquier órgano de la República realizar actos que pongan en peligro la efectividad del juicio futuro de esa entidad internacional al que el país se vinculó voluntariamente y se vio obligado a seguir sus determinaciones'.
Según la defensa, la alocución de Bolsonaro ocurrió cuando Brasil completa un año de incumplimiento con otra decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitida el 17 de septiembre de 2018, que ordenó al país a adoptar 'todas las medidas necesarias para garantizar que el demandante (Lula) disfrute y ejerza sus derechos políticos mientras esté en prisión como candidato para las elecciones presidenciales de 2018 hasta que se hayan completado los procedimientos judiciales justos'.
El incumplimiento de esta decisión ofendió los derechos políticos de Lula, quien cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018, y también a los millones de ciudadanos brasileños que ya no tenían la opción de votar por el expresidente, argumentan Cristiano y Valeska.
Subrayan que llevarán al Comité de Derechos Humanos de la ONU el contenido de esta declaración, junto con otros hechos nuevos, para que el comunicado que presentaron en julio de 2016 esté completo y listo para ser juzgado en cualquier momento a discreción de los miembros de esa corte internacional.
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