Entrevista al economista Alberto Acosta
Wambra
¿Qué alternativas existen? Las medidas económicas del gobierno de Lenin Moreno han generado reacción en el sector social. Una de las más preocupantes es la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) según Alberto Acosta, economista, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ex Ministro de Energía y Minas, durante el gobierno de Rafael Correa, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Acosta es una de las principales voces críticas al camino económico que tomó el gobierno; un camino que para él es un claro regreso al neoliberalismo. Frente a esto ¿qué alternativas se plantean?
¿Qué implica la firma de los acuerdos con el FMI, qué consecuencias nos trae?
Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) –que no son nuevos para el Ecuador– lo que tienen en mente es garantizar nuestra posición, y nuestra función, de economía suministradora de recursos naturales. ¿Qué es lo que se quiere? Que nos volvamos “eficientes” en aquellos rubros productivos donde tenemos lo que se conoce como “ventajas comparativas”, es decir, producir aquellos bienes para los cuales tenemos alguna capacidad, sobre todo por la naturaleza. Ya hemos vivido de eso: banano, cacao, café, camarones, espárragos, petróleo y ahora minerales.
El FMI lo que busca fundamentalmente, es establecer un mecanismo que nos asegure esa posición en la división internacional del trabajo: “país suministrador de recursos naturales”.
Lo que también se quiere con estos acuerdos internacionales, es garantizar la posibilidad de que el Ecuador sea atractivo para las inversiones extranjeras en petróleo, minerales y algunas otras opciones e insertarnos en el mercando mundial, en términos de participar activamente de los flujos financieros internacionales, no solo inversiones sino también de créditos.
Pero nosotros tenemos una larga experiencia y vemos lo que está sucediendo afuera. Firmamos una carta de intención con el FMI en el año 1961 y firmamos ocho acuerdos más con el FMI hasta julio de 1972. Las políticas del FMI no sirvieron para resolver la crisis, salimos de las crisis gracias al boom petrolero de los años setenta. Volvimos al FMI con otras nueve cartas de intención desde el año 1983 hasta el año 2003. No resolvimos los problemas con las políticas del FMI, eso es suficiente para hacerme la pregunta ¿por qué ahora van a funcionar?. Alguien dirá: “no, pero ahora el Fondo ya cambió, el Fondo es más flexible, está más atento”. En la actualidad, ¿el Fondo ha podido resolver los problemas de Grecia? No. Grecia sigue en una crisis ya por muchos años. ¿Los problemas de Argentina? No. Es una crisis muy profunda la que está viviendo en este momento el pueblo argentino, con políticas fondomonetaristas.
Entonces para nosotros el FMI no nos augura nada positivo. Sabemos lo que eso significa y por lo tanto es preciso enfrentar esto y tener mucho cuidado, porque detrás del FMI vienen las flexibilizaciones laborales, la flexibilización ambiental para ser más competitivos, para insertarnos más en el mercado mundial como productores de materias primas y participar en el mercado desde una manera subordinada. El FMI también nos está imponiendo condiciones que vienen de la mano de las privatizaciones.
El gobierno de Correa planteó en el año 2014 todo un paquete de privatizaciones. Correa mismo entregó, a dedo, los grandes puertos a empresas transnacionales vinculadas a grupos oligárquicos. Ahora, Moreno está dispuesto a privatizar las empresas hidroeléctricas, a entregar los campos de petróleo, los campos maduros, como hizo Correa antes con el campo Sacha, e igualmente está planteando la privatización de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y otras empresas estatales. Se habla de concesiones, pero eso es una forma eufemística de camuflar las privatizaciones.
Eso es lo que conocemos, todo eso para mantenernos como país suministrador de materias primas: país producto, país dependiente de la lógica del mercado mundial, que nunca ha sido un camino para resolver nuestros problemas.
Recientemente Ecuador se incluyó en la alianza del Pacífico y también se anunciaron posibles tratados de libre comercio. ¿Qué opinión tiene sobre esta alianza y qué implica que Ecuador este ahí?
Eso va a en la línea del neoliberalismo, el aperturismo nos dice que: “si nosotros abrimos nuestra economía y nos volvemos cada vez más eficientes en producir todos aquellos bienes que colocamos en el mercado mundial, sobre todo provenientes de la naturaleza, vamos a obtener los resultados que estamos esperando”.
Eso ya lo conocemos, es una lectura muy vieja y este proceso de apertura comercial, de firma de tratados de libre comercio, no es nuevo. Recordemos que hubo una época, en los años 2000, en la que se intentó el Acuerdo de Libre Comercio Para las Américas (ALCA); el TLC con los Estados Unidos. Pero en esa época la movilización popular, los movimientos sociales lograron parar ambos acuerdos. En América Latina paramos el ALCA y en Ecuador paramos el TLC con los Estados Unidos.
Con el gobierno de Correa se debilitaron los movimientos sociales y se firmó un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en diciembre del año 2016, con lo que en Ecuador se abrió una puerta para que sigamos profundizando estos tratados. Lo preocupante es que gran parte de la población cree que lo que se está haciendo ahora es lo único que hay que hacer. Insisto, no había que seguir con el correísmo que nos estaba conduciendo ya a una situación insostenible, pero no hay como caer en el neoliberalismo y el aperturismo, que no va a resolver los problemas.
Tenemos una larga historia de dependencia, de país producto. Nuestra sociedad y su política ya está vinculada a los vaivenes del mercado internacional. Es preciso que reflexionemos y que no sigamos haciendo el juego a este tipo de políticas que lo único que hacen es concentrar la riqueza en los sectores más acomodados y eso termina debilitando, no solo a la sociedad, sino a la democracia misma.
Considerando el escenario de crisis económica en la que el actual gobierno recibió al país ¿Cómo evalúas las decisiones económicas que se han tomado?
Partimos por el reconocimiento de que la mesa no estuvo servida. Cuando se acabó el gobierno de Correa se desperdició una década en la cual se podían haber introducido cambios profundos, estructurales, sobre todo contando con una gran cantidad de recursos económicos, con un gran respaldo popular, teniendo a la mano una Constitución revolucionaria y un entorno latinoamericano muy proclive, lo que llamamos el progresismo. Todo eso se desperdició y el saldo es lamentable, por varias razones. Primera, porque se profundizó el extractivismo petrolero y minero, no hubo transformación de la matriz productiva. Una segunda, importante y grave, el debilitamiento de los movimientos sociales. Y una tercera, para mí preocupante, la paulatina y creciente debilidad de la misma democracia ecuatoriana.
En ese contexto, el gobierno del presidente Moreno, podía haber dado un golpe de timón para introducir cambios y correctivos en una dirección contraria a la que había hecho el gobierno de Correa, sin regresarnos al pasado, pero optó por el retorno al pasado y el regreso del neoliberalismo, cada vez más grave. Por eso hemos estado transitando por una etapa de estancamiento económico. Ya desde el año 2014, nos está conduciendo al abismo neoliberal y están las condiciones dadas para que esto se profundice como pocas veces antes en la historia del país, entre otras razones porque los movimientos sociales están debilitados. Este rato ya habría estado en las calles protestando contra la flexibilización laboral, protestando contra los entreguismos a las empresas transnacionales mineras y petroleras, protestando contra los tratados de libre comercio. Esa es la realidad del Ecuador, es muy compleja. Las alternativas están ahí, pero por el momento ni siquiera se las discuten.
¿Cuáles son esas alternativas para no recurrir a esas medidas económicas?
Lo primero que hay que parar es la flexibilización laboral y la flexibilización ambiental. Flexibilización laboral que conduce a una sobre explotación de la mano de obra y flexibilización ambiental que conduce a una mayor destrucción de la naturaleza.
Donde hay que buscar una flexibilización es en otro ámbito: en el capital. Hay empresas en nuestro país que tienen una posición oligopólica, controlan el mercado. Dos empresas controlan el 76% los productos de higiene personal, una empresa que controla el 62% del mercado de la carne, tres empresas que comercializan alimentos manufacturados controlan el 91% del mercado y así podemos ver la lista. Lo mismo pasa con la tenencia de la tierra y en el control del agua, ahí se tenía que haber hecho transformaciones profundas. Un gobierno que dijo que era revolucionario y socialista, que lo único que fue en la práctica fue modernizador del capitalismo.
Un segundo punto donde se puede hacer un enorme esfuerzo es poniendo un impuesto especial a las ganancias extraordinarias. Hay empresas en Ecuador, con la economía dolarizada, que tienen utilidades sobre patrimonio neto al año de más de 90%, es decir, en poco más de un año recuperan todo el patrimonio neto. Esto es una barbaridad, ahí se puede poner un impuesto especial.
También se puede pensar en incrementar el impuesto a la renta de quienes ganan más que el presidente de la república, más de seis mil dólares, no deberían pagar sólo 35% de impuesto a la renta si no cada vez más, de una manera progresiva. Esto no es socialismo, esto se hace en muchos países capitalistas.
Entonces, ahí tenemos respuestas concretas y específicas. Luego habría que trabajar por el ámbito de una verdadera renegociación de la deuda externa, planteando soluciones creativas, audaces, para no repetir lo mismo de seguirnos atando con el Fondo Monetario y el Banco Mundial.
También hay que ver dónde se puede mejorar el flujo de recursos para la economía popular y solidaria, y generar políticas para las pequeñas y medianas empresas, PYMES, y ahí tendríamos que romper el oligopólico bancario. Cinco bancos controlan más del 70% del negocio en el país, pero tenemos el Banco del Pacífico y tenemos el BIESS que debería ser un banco de primer piso, que podría romper el oligopolio, pero que el gobierno de Moreno quiere privatizar, tal como lo quiso hacer Correa con el Banco del Pacífico.
Esta es la realidad, las alternativas están ahí: una revolución agraria, una transformación que garantice que los pequeños y medianos productores puedan ofrecer bienes y servicios para el mercado interno. Todo eso está quedando en la nada ¿por qué razón?: por más neoliberalismo.
Desde el sector empresarial se ha dicho que la rigidez en las normas laborales y los impuestos, desincentivan a los negocios pequeños. ¿Qué responderías a esa idea?
Yo creo que hay que discutir el tema con mucha responsabilidad y seriedad. No se trata de flexibilizar las relaciones laborales, si no flexibilizar el capital, afectar las excesivas ganancias que tienen muchos empresarios, que no son realmente empresarios, son empresaurios, viven del subsidio del Estado, viven del contrabando, viven de le evasión tributaria, viven de una serie de beneficios que tienen del sector público, inclusive de su posición oligopólica o incluso monopólica en los mercados.
Entonces, el primer punto aquí es desmontar esa idea de que “con la flexibilización laboral vamos a fomentar más empleos y resolver los problemas”. Con la flexibilización laboral – eso está demostrado en el mundo– lo que es seguro es que los grupos capitalistas se van a volver más ricos, la concentración de la riqueza está asegurada, no necesariamente va haber más empleo, y mucho del nuevo empleo va a ser un empleo precarizado.
Habría que discutir quizá con el sector artesanal y con el sector campesino medidas que garanticen una adecuada protección a los trabajadores y trabajadoras, pero no llegando a las propuestas que están este rato formulando desde el ejecutivo en gran alianza con las cámaras de la producción. La precarización laboral no resuelve los problemas. Esto es un punto clave y medular donde hay que hacer hincapié.
El otro tema es el de los impuestos. Se habría que revisar si hay impuestos que realmente no sirven para nada, o que no contribuyen, pero aquí el asunto es pensar en alternativas. Subir el impuesto a la renta, el impuesto a quienes más ganan y reducir el impuesto al valor agregado, IVA, del 12 al 10%. Ahí tendríamos más circulante y podría beneficiar a la población. El impuesto a la renta es un impuesto directo, que graba directamente, a quienes más ganan y el IVA es un impuesto indirecto que afecta a los más pobres en mayor medida. Esas son algunas cuestiones que hay que tener presente y no caer en la trampa.
Tampoco hay que caer en la trampa de que las empresas transnacionales se van a ir de nuestro país porque se les cobra impuestos más altos o se exige que cumplan las normas establecidas, eso ya hay que desaparecer del imaginario nacional. Las empresas se quedan donde hay estabilidad jurídica. Yo sí creo que requerimos de seguridad jurídica, pero no solo para las empresas, seguridad jurídica para los trabajadores y trabajadoras, seguridad jurídica para las comunidades, para los gobiernos locales, gobierno central, seguridad jurídica para la naturaleza. Eso es lo que nosotros requerimos, una institución sólida elaborada a partir de los derechos de la naturaleza y derechos humanos que van juntos.
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