por Gisele Ricobom, Larissa Ramina y Carol Proner, Resumen Latinoamericano, 25 septiembre 2019
El 11 de septiembre, el Consejo Permanente de la OEA, por iniciativa de Colombia, decidió invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca – TIAR contra Venezuela con el argumento de que el gobierno estaría vinculado al narcoterrorismo y albergaría, capacitaría y financiaría restos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejercicio de Liberación Nacional (ELN).
Menos de dos semanas después, en una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, se definieron resoluciones que se implementarán en el marco del Mecanismo de Seguridad Colectiva, que prevé todas las medidas disponibles para «investigar, procesar, capturar, extraditar y castigar» a personas o entidades. asociado con el régimen de Nicolás Maduro para actividades de activos ilícitos, narcotráfico y terrorismo. Además, identifique a las personas que han desempeñado o han desempeñado funciones como altos funcionarios del gobierno venezolano, que han participado en actos de corrupción o violaciones graves de los derechos humanos.
Como especialistas en derecho internacional público, estamos obligados a advertir sobre el grave peligro de revivir el TIAR en gran parte en desuso para dotarlo de competencia criminal y persecutoria en las relaciones interamericanas, especialmente en el contexto actual de guerras híbridas que están sacudiendo la región. Hacemos hincapié en que el uso anómalo, que va más allá de los límites de su propio propósito, configura fuertes violaciones a los principios básicos del derecho internacional.
Es cierto que el Tratado siempre ha sido un instrumento de acumulación hegemónica en el continente. Firmado en 1947, es un acuerdo anclado en la «doctrina de la defensa hemisférica» y la «política del buen vecino», impulsada por Franklin Roosevelt, que tenía un doble significado: por un lado, inhibía la influencia de la entonces Unión Soviética. en el continente americano y, por otro lado, proyectó la hegemonía militar y política de los Estados Unidos en las Américas.
Fundamentalmente, TIAR establece que un acto armado contra cualquiera de los Estados Parte representa un ataque contra todos los países, autorizando una acción conjunta contra el autor en el ejercicio del derecho de autodefensa o autodefensa colectiva, reconocido por el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. . Por lo tanto, para activarse, el mecanismo requiere un acto de agresión contra el territorio de uno de los Estados Parte o al menos un caso de agresión contra la soberanía o independencia política de cualquier Estado Parte.
Sin embargo, existen límites para tales medidas extremas. TIAR prevé que las medidas de autodefensa solo se puedan implementar hasta que el Consejo de Seguridad de la ONU tome las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Dichas medidas están bien definidas en el Tratado e incluyen la retirada de los Jefes de Misión, la interrupción de las relaciones diplomáticas, la interrupción de las relaciones consulares, la interrupción parcial o total de las relaciones económicas o de comunicación y el empleo de las fuerzas armadas.
Está claro, como está bien definido en el Tratado, que las medidas contemplan acciones contra un Estado Parte y nunca la responsabilidad individual de los gobernantes o personas y organizaciones vinculadas a un gobierno. TIAR tampoco autoriza la creación de mecanismos de cooperación para los delitos transnacionales, y mucho menos la represión de nuevos tipos de delitos, como la corrupción elevada a la categoría de transnacional y utilizada como una forma de guerra legal contra los líderes políticos en el continente.
Es de destacar, el principio básico del derecho internacional, que el mecanismo de seguridad colectiva no permite la interferencia en asuntos de dominio reservado de los Estados. Por el contrario, tanto la Carta de las Naciones Unidas como la de la OEA preservan el principio de no intervención, incluso en casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, delitos de terrorismo, corrupción y otros actos invocados por el RC30 / RES.1 / 19 del de Consulta de Cancilleres de la OEA.
Desde su firma, TIAR ha sido invocado unas veinte veces, pero en realidad nunca se ha aplicado. La influencia de los EE. UU. Fue evidente en 1988, cuando Argentina le pidió que obtuviera apoyo contra el Reino Unido en la Guerra de las Malvinas, momento en el que los EE. UU. Se negaron a cumplir, permitiendo la agresión de una potencia extranjera contra un país continente. .
En 2001, después de los ataques del 11 de septiembre en los EE. UU., Brasil, bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardozo y en un gesto de alineación con los EE. UU., invocó a TIAR, pero la iniciativa no fue apoyada e incluso fue cuestionada, demostrando el desprecio de los países de la región por el obsoleto instrumento de dominación regional.
Por lo tanto, no es sorprendente que TIAR sea rescatado con fuerza en la actualidad y con el apoyo irrestricto de Brasil, en línea con la política exterior vasalla y servil del gobierno de Bolsonaro. Recientemente, como lo reveló The Intercept, documentos que revelan los planes de EE. UU. para Brasil, un plan de cuatro años para reconstruir la economía del país y abrirla a corporaciones extranjeras a través de privatizaciones y asociaciones público-privadas, incluso en el sector petrolero. La inyección de dinero ($ 48 mil millones) a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y las medidas descritas en los documentos favorecerían el intercambio de poder en Venezuela, ya que el estallido de la crisis le permitiría a Guaido reclamar la responsabilidad de la asistencia internacional, como lo ha estado haciendo desde que se proclamó presidente.
Con más de 2.900 millones de barriles al año, Estados Unidos es el mayor importador mundial de petróleo. Y cerca de 500 millones de barriles provienen de Venezuela, cuyas reservas son diez veces más grandes que los Estados Unidos. Por otro lado, el país se considera logísticamente estratégico porque el costo de importación es más bajo que el del Golfo Pérsico.
Sin embargo, a pesar del amplio reconocimiento de Juan Guaidó por parte de los países del Grupo de Lima, los intentos de legitimarlo y confirmarlo internamente han fallado, justificando la estrategia de derrocar al gobierno de Maduro a través de las prácticas típicas de la Guerra Fría.
TIAR, como tal, es un tratado obsoleto marcado por el autoritarismo del pasado, pero ahora siendo rescatado como un instrumento adicional de las guerras híbridas en el continente, una especie de nuevo Plan Cóndor. El uso contemporáneo incluye rescatar la narrativa del terrorismo y la agenda de corrupción transnacional como una forma de justificar los mecanismos para el enjuiciamiento penal y la lucha contra gobiernos no alineados.
No es por ningún otro motivo que la resolución prevé el establecimiento de una red operativa para intensificar la cooperación legal, judicial y policial para investigar el lavado de dinero, el tráfico de drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. En palabras del supuesto canciller de Guaidó, Julio Borges, la constitución de una inteligencia para la investigación contra la corrupción, el lavado de dinero y las violaciones de los derechos humanos «actuará como un solo cuerpo en la región».
La semejanza con el uso de la ley con fines políticos no es una coincidencia. La ley, como se ha denunciado en muchas partes del mundo, es una práctica complicada de usar la ley con fines geopolíticos, y que, en el caso de TIAR, también parece funcionar, con el pretexto de la cooperación internacional para crímenes transnacionales graves para legitimar El mecanismo de intervención armada más allá de sus propósitos originales.
Por lo tanto, consideramos urgente denunciar a TIAR por su inminente amenaza de guerra a Venezuela, contrario al principio de solución pacífica de disputas y al establecimiento de un precedente peligroso e irreversible para la paz en el continente.
*Gisele Ricobom, Larissa Ramina y Carol Proner – Doctorados en Derecho Internacional, miembros de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Asociación Brasileña de Juristas para la Democracia – ABJD
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/09/25/venezuela-tiar-y-el-nuevo-plan-condor-en-el-continente/
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