La Central Obrera Boliviana amaga con una "movilización y traslado de sus sectores afiliados" hacia La Paz.
Fuerzas de seguridad arrojan gases lacrimógenos a simpatizantes de Evo Morales, en Cochabamba, 12 de noviembre de 2019.David Mercado / Reuters
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Fuerzas de seguridad arrojan gases lacrimógenos a simpatizantes de Evo Morales, en Cochabamba, 12 de noviembre de 2019.David Mercado / Reuters
La Central Obrera Boliviana, el mayor sindicato de Bolivia, ha dado este martes un ultimátum de 24 horas para restablecer el orden en el país y evitar así llamar a una huelga generalizada.
El secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, llamó a "líderes políticos y cívicos" a restablecer el orden constitucional en el lapso de un día, a fin de evitar un paro nacional.
"Líderes políticos y cívicos que han ocasionado todo este caos, les damos 24 horas para restablecer el orden constitucional, la paz social y la unidad del pueblo boliviano y evitar más derramamiento de sangre y violencia (...) Nuestro país no se merece esto, la historia un día los juzgará", dijo Huarachi.
Más adelante el integrante de la Central Obrera Boliviana insta a cumplir el llamado para evitar una huelga general indefinida con "movilización y traslado de sus sectores afiliados" hacia La Paz para "establecer el orden en el país".
El dirigente también denunció que las acciones de calle que se han desatado en el país han logrado "amenazar a las personas, dañar a sus familias, golpear a mujeres y hombres, torturar, perseguir y amenazar, violando los derechos humanos".
¿Qué pasó en Bolivia?
La crisis política, institucional y social en Bolivia comenzó el pasado 20 de octubre, cuando la oposición se negó a aceptar los resultados de los comicios, que daban ventaja a Morales.
La primera demanda de los opositores, que desde esa misma noche generaron violencia en varias ciudades del país, fue la convocatoria a una segunda vuelta electoral, entre Morales y el candidato Carlos Mesa.
Sin embargo, cinco días después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la victoria del mandatario, sin necesidad de segunda vuelta. Las manifestaciones se intensificaron.
El Gobierno aceptó una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que concluyó que hubo "irregularidades en el proceso electoral", por lo que instó a repetir los comicios.
Morales acató la recomendación de la OEA y anunció que convocaría nuevas elecciones; sin embargo, la demanda de los opositores había cambiado y ahora exigían la renuncia del Jefe de Estado y el llamado a comicios, sin la participación del mandatario ni del vicepresidente García Linera.
A los opositores, se sumaron los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Bolivia, quienes le pidieron a Morales renunciar.
Horas después, se conoció la dimisión de Morales, quien dijo que dejaba el cargo para que Carlos Mesa y el jefe opositor del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cesaran la persecución a los dirigentes sindicales, dejaran de propiciar la quema de casa de funcionarios públicos y pararan de "secuestrar y maltratar" a los familiares de los líderes indígenas.
Este martes, Morales, denunció que en su país "se ha consumido el golpe más artero y nefasto de la historia", tras la autoproclamación como mandataria interina de la legisladora opositora, Jeanine Áñez.
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