Por Daniel Edgar , Resumen Latinoamericano, 18 diciembre 2019.
A lo largo de los años, las élites gobernantes en Colombia (ya sean ‘nativas’ o extranjeras) han desarrollado una gran variedad de tácticas y métodos para proteger sus privilegios políticos y económicos y preservar su control sobre los poderes e instituciones del Estado, la economía, la tierra y los recursos naturales. El repertorio de poderes, incentivos y castigos estatales, sociales, económicos y financieros es vasto, lo que permite la selección y aplicación de una multitud de medidas complementarias para cumplir dos funciones y objetivos básicos. Una de estas funciones es encubrir actividades criminales y proteger la conducta criminal perpetrada por las élites que conforman el Establecimiento. La otra es organizar y ejecutar la persecución y neutralización de los opositores al status quo, o para mantener y fortalecer su poder y control sobre el Estado, o para apropiarse de las tierras y otros recursos de las comunidades. El propósito de este artículo es analizar algunos de los elementos centrales de tales estrategias y cómo operan para influir y manipular actores y eventos políticos, sociales y económicos en Colombia.
Crímenes del Estado
El 2 de diciembre de 2019, el Senador Iván Cepeda anunció que había presentado una petición legal contra el Fiscal General de la Nación, recientemente retirado, Néstor Humberto Martínez, por monitoreo ilegal e interceptación de comunicaciones y datos informáticos. Desde 2010 Iván Cepeda ha sido un Representante y Senador en el Congreso Nacional para el Partido Polo Democrático Alternativo (PDA), y es uno de los críticos más firmes – y probablemente mejor informados – tanto de la corrupción y violencia política y económica, como de las actividades paramilitares/ contrainsurgentes asociadas con ellas, en Colombia.
Además de ser un miembro activo del Congreso Nacional desde 2010 y uno de sus líderes en términos de investigación y denuncia de corrupción, fraude y violencia por motivos económicos y políticos perpetrados por funcionarios del Estado y del sector privado, tiene Es coautor de dos libros sobre temas relacionados: ‘A las puertas de El Ubérrima’ en 2008 con Jorge Rojas sobre el fenómeno paramilitar en la provincia de Córdoba y ‘Victor Carranza: alias El Patrón’ en 2012 con Javier Giraldo sobre el ahora fallecido barón de las esmeraldas y de la política. También Cepeda es uno de los fundadores y uno de los portavoces oficiales del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Su padre, Manuel Cepeda, era Senador en 1994 cuando fue asesinado en lo que luego se reconoció oficialmente como un crimen de Estado:
“En marzo de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible la denuncia presentada en diciembre de 1993 por la Corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, contra el Estado colombiano por la persecución de miembros de la Unión Patriótica. En mayo de 2005 el Colectivo de Abogados y la Fundación Manuel Cepeda Vargas, dirigida por Iván Cepeda, solicitaron a la Comisión Interamericana realizar un trámite separado para el asesinato de Manuel Cepeda, dicha solicitud fue aprobada en diciembre del mismo año.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que el Estado colombiano no había actuado con diligencia en la investigación y sanción de los responsables del magnicidio, que había obstruido la justicia, que no había reparado adecuadamente a los familiares del asesinado líder y que presuntamente el asesinato fue perpetrado mediante la coordinación de miembros del Ejército (entre otros) con grupos paramilitares, decidió someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos…
Tras escuchar a las partes, la Corte Interamericana emitió su sentencia el 26 de mayo de 2010; en ella el Estado colombiano fue condenado, entre otros aspectos, por la participación de sus agentes en el asesinato del líder de la Unión Patriótica. La Corte exigió al Estado reconocer su culpabilidad en un acto público, producir un documental sobre la vida de Manuel Cepeda, hacer una publicación escrita sobre el asesinado senador, otorgar una indemnización económica a los familiares de la víctima, entre otros.
El acto público de reconocimiento de la culpabilidad del Estado se realizó en sesión solemne de las dos cámaras del Congreso de la República el 9 de agosto de 2011, día en que se cumplían 17 años desde el asesinato del senador de la UP. Germán Vargas Lleras, quien para entonces se desempeñaba como ministro del Interior, en nombre del Estado, reconoció que el asesinato «fue cometido por agentes del Estado en complicidad con paramilitares y que la justicia colombiana fue incapaz de encontrar y juzgar a los responsables de este crimen» y pidió perdón a la familia de Cepeda. Esta fue la primera vez que el Estado reconoce su responsabilidad en el asesinato de un dirigente político…”(“El recorrido del caso Cepeda para convertirse en crimen de Estado”, VerdadAbierta, 13 September 2011; “Así no se pide perdón, Presidente: Iván Cepeda”, VerdadAbierta, 28 June 2010)
Iván Cepeda no ha dudado en enfrentar directamente a algunos de los traficantes de guerra más poderosos, corruptos y peligrosos y sus patrocinadores y beneficiarios que han fomentado la violencia, la miseria, el caos y los desplazamientos forzados causados por el conflicto social y armado en Colombia para empoderarse y enriquecerse aún más. El caso más conocido, que está llegando a un punto culminante, tuvo sus inicios en un debate en el Congreso en 2012, durante el cual Cepeda presentó el testimonio de dos ex paramilitares que afirmaban que Álvaro Uribe había participado en la formación y financiación de su grupo paramilitar (el ‘Bloque Metro’, con sede en la provincia de Antioquia, donde Uribe fue gobernador durante varios años en la década de 1990 y su familia tiene numerosas propiedades rurales).
Álvaro Uribe fue presidente desde 2002 hasta 2010 y ha sido el político (colombiano) más poderoso e influyente en Colombia durante la mayor parte de los últimos veinte años; actualmente es senador en el Congreso Nacional y es el padrino y líder indiscutible del partido político Centro Democrático (Centro Democrático), al cual pertenece el actual presidente Iván Duque. Álvaro Uribe a su vez acusó a Cepeda de solicitar testimonios falsos en su contra y presentó una petición ante la Corte Suprema:
“Ese mismo día, Álvaro Uribe acudió a la Corte Suprema y denunció al congresista Cepeda por supuestamente orquestar un cartel de falsos testigos ofreciéndoles beneficios jurídicos, económicos, medidas cautelares y ubicación fuera del país, a cambio de que lo sindicaran a él de cometer delitos en asocio con paramilitares.” (Redacción Judicial, “Claves para entender el caso contra Uribe por supuestos falsos testigos”, El Espectador, 7 de octubre 2019)
La Corte Suprema investigó los denuncios de Uribe y finalmente, en 2018, descartó las acusaciones contra Cepeda. Sin embargo, durante el curso de la investigación, la Corte encontró evidencia de que Álvaro Uribe pudo haber sido él que estaba manipulando testigos y solicitando testimonios falsos contra Cepeda. El 8 de octubre de 2019, la Corte Suprema convocó a Uribe a una audiencia indagatoria como primer paso de un posible proceso penal formal, la primera vez que un ex presidente fue llevado ante la Corte Suprema para responder a cargos de ese tipo.
Después de la audiencia, la Corte Suprema emitió una declaración declarando: “Al concluir indagatoria, senador Álvaro Uribe Vélez quedó formalmente vinculado al proceso que adelanta la Sala de Instrucción de la Corta Suprema por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo.” (Como reportado en “Terminó la indagatoria a Álvaro Uribe: ¿qué viene ahora para el expresidente?”, El País, 8 October 2019, Colprensa). También hay varias investigaciones pendientes que se llevan a cabo (muy lentamente y de mala gana, al parecer) a través de un comité de investigación del Congreso Nacional (la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes).
El caso de Uribe personifica las contradicciones y paradojas de la política y de la sociedad colombianas: alrededor de un tercio de los colombianos consideran que Uribe es ‘el mejor presidente de la historia’; alrededor de otro tercio lo considera el presidente más criminal y corrupto de la historia; los demás son ambivalentes o indecisos (o guardan sus opiniones con prudencia). Cada tercera parte está compuesta por adherentes que provienen de todas las clases, sectores y estratos políticos y sociales de la sociedad.
Las denuncias contra el Fiscal General
Néstor Humberto Martínez fue nombrado Fiscal General en 2016 luego de intensos negociaciones e intercambios de favores y compromisos entre los partidos y personalidades políticas más poderosos de Colombia. Renunció a principios de este año en circunstancias controvertidas y, según los informes, se mudó a Miami:
“Como se sabe, Néstor Humberto Martínez renunció el 15 de mayo de 2019 tras mostrarse indignado por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de no extraditar a Jesús Santrich y de dejarlo en libertad. Sin embargo, luego se conocieron, por este diario, versiones diferentes que apuntaban a que en la Corte se movía la postura de pedirle la renuncia por el manejo del caso Odebrecht…” (Alejandra Bonilla Mora, El Espectador, “El ajedrez de la Corte Suprema para elegir fiscal general”, 3 de diciembre de 2019)
La siguiente parte es un artículo que informa de las declaraciones de Iván Cepeda con respecto a la petición contra Humberto Martínez.
“Formulan denuncia contra exfiscal”, Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2019
“El senador colombiano Iván Cepeda comunicó que hoy formuló una denuncia contra el exfiscal Néstor Humberto por los presuntos delitos de violación ilícita de comunicaciones e interceptación de datos informáticos.
Violación de datos personales y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, son otros de los elementos recogidos en dicha denuncia.
En tal sentido, Cepeda, quien forma parte de la Comisión de Paz del Senado, detalló los hechos y argumentos en los que sustentó esa acción legal.
Al respecto, detalló que el 24 de noviembre último, el periodista Daniel Coronell publicó en la revista Semana, una columna titulada ‘¿La paz chuzada?’ en la que se afirma que dos exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación denuncian haber participado en presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales que Martínez habría ordenado realizar.
Los mismos habrían sido ordenados ‘en mi contra, en contra del jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las FARC-EP, Humberto de la Calle; del exministro Álvaro Leyva; de los asesores jurídicos de las FARC, abogados Enrique Santiago y Diego Martínez; y de la exsenadora Piedad Córdoba’, puntualizó.
Asimismo, el pasado 28 de noviembre, también en esa revista, la periodista María Jimena Duzán publicó un artículo titulado ‘Los explosivos señalamientos de interceptaciones ilegales que salpican a Néstor Humberto Martínez’, en el que se suministran nuevos datos sobre esa presunta acción ilegal.
Con el conocimiento personal y la expresa autorización del entonces presidente de la República Juan Manuel Santos, desde finales de 2012 fui facilitador de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, recordó Cepeda mediante un comunicado.
Desde mediados de 2014 cumplí ese mismo papel en los diálogos con el (grupo guerrillero) ELN, y a partir 2016 realicé también tareas de facilitación para el sometimiento a la justicia del llamado Clan del Golfo (considerada la mayor banda del crimen organizado en Colombia), añadió.
Los exfuncionarios de la Fiscalía, Fabio Augusto Martínez y Luis Carlos Gómez, sostienen que al parecer el fiscal Martínez no solo ordenó las interceptaciones -utilizando una investigación adelantada contra miembros del Clan del Golfo- sino ordenó vigilancias y seguimientos dentro y fuera del país, señaló.
Adicionalmente, recibía informes sobre los resultados de esas actividades ilícitas a través del brigadier general Luis Alberto Pérez, director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación.
Los presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales, en mi caso en particular, se habrían llevado a cabo sin orden judicial, por cuanto por mi fuero constitucional solamente se hubieran podido realizar por orden de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo pautado en el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución Política, enfatizó Cepeda.
A su juicio, ‘es evidente que de ser cierta toda esta información, se pondría al descubierto una infame campaña que habría tenido por propósito entorpecer la implementación del Acuerdo Final y hacer fracasar el proceso de paz, así como obstruir el proceso de sometimiento a la justicia y la desmovilización del llamado Clan del Golfo’…”
Las Chuzadas
La ejecución de ‘chuzadas’ (vigilancias e intercepciones ilegales) ha sido una práctica común durante muchos años entre una gran diversidad de entidades militares, policiales y de ‘inteligencia’ colombianas. Dos estudios de la organización ‘Privacy International’ examinan estas actividades detalladamente (“Shadow State: Surveillance, Law and Order in Colombia, Privacy International”, and “Demand/ Supply: Exposing the surveillance industry in Colombia”). Un exdirector del DAS (en ese momento la agencia nacional de inteligencia, bajo el mando directo del Presidente) fue acusado de dirigir tales prácticas durante la segunda presidencia de Uribe, contra sujetos tales como periodistas, políticos de la oposición, abogados que representan a víctimas de crímenes estatales y hasta miembros de la Corte Suprema.
Las revelaciones más recientes confirman que la práctica no se ha detenido, y sugieren que los centros de operaciones están ubicados en diferentes entidades e instalaciones de acuerdo con el propósito y los protagonistas involucrados. También es más que probable que los Estados Unidos también esté muy involucrado en tales prácticas, tanto en cooperación con el ejército colombiano, la inteligencia, la policía y otras entidades de las fuerzas públicas como de manera independiente, y que varias compañías privadas (principalmente empresas extranjeras de los Estados Unidos, Israel y el Reino Unido) también están involucrados en tales actividades en un grado significante como los operadores y técnicos de los sistemas y tecnología requeridos para tales operaciones (véase por ejemplo el ensayo de Renán Vega en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas sobre el origen y las características del conflicto armado – ‘Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia’, y los informes de Privacy International mencionados antes).
En numerosas ocasiones, tales prácticas de vigilancia y espionaje ilegales, tanto electrónicos como físicos, han sido relacionadas directamente con el asesinato de las víctimas de la vigilancia ilegal, después de que las autoridades han pasado información sobre las actividades y movimientos de las víctimas a los paramilitares u otros elementos criminales para facilitar su asesinato. Más frecuentemente, tales actividades de vigilancia se utilizan en la planificación y ejecución del hostigamiento y persecución policial y judicial de las víctimas (presos políticos o ‘falsos positivos’ judiciales).
Si bien existe un elemento de subjetividad en tales estimaciones, probablemente haya entre 5.000 y 10.000 presos políticos en Colombia. Sin embargo, el impacto social y político de su persecución va mucho más allá del número total de presos políticos; en muchos casos, son líderes sociales ampliamente respetados en sus comunidades y sectores sociales, y su detención ilegal y arbitraria ha neutralizado efectivamente las actividades y el progreso de una gran cantidad de comunidades y organizaciones sociales, generando un miedo y ansiedad paralizante entre todos los miembros de estos grupos.
En una entrevista Agustín Jiménez (publicado por el periódico ‘Diagonal’ en 2009), el entonces presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), (“7.000 presos políticos en Colombia”), los describió así:
“Básicamente se dividen en tres grupos (los presos políticos). Primero están las personas que participan directamente del conflicto armado y que son miembros de los grupos insurgentes. También están aquellos que viven en las zonas en las que estos grupos tienen presencia y que normalmente son acusados de pertenecer a la guerrilla porque en algún momento les dan algún apoyo o tienen algún contacto, como es normal que suceda ya que ellos están en la misma zona. La mayoría de ellos son humildes campesinos o indígenas que no escogen vivir allí, sino que están en su territorio y en los que se presentan estas situaciones. En tercer lugar, como grupo más numeroso, están los dirigentes sociales y sindicales, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición que son detenidos y acusados de pertenecer a la guerrilla…”
Agencias independientes de contabilidad y control
El cargo de Fiscal General de la Nación es uno de los puestos más poderosos en el Estado colombiano. El otro es la Oficina del Procurador General de la Nación. Aunque muchos otros oficiales estatales independientes, tales como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, cuentan con jurisdicción y poderes de amplio alcance con respecto a la investigación y denuncia de corrupción, fraude y otros delitos cometidos por funcionarios dentro de las instituciones estatales, el impacto y el efecto de sus funciones es superado por los amplios poderes y funciones del Fiscal General y del Procurador General. Mientras que las Oficinas del Defensor del Pueblo y de la Contraloría General han sido involucradas constantemente en la detección, investigación y denuncia de abusos de poder y otras actividades ilegales, no tienen capacidad para hacer cumplir sus órdenes e imponer sanciones contra funcionarios declarados culpables de conducta fraudulenta e ilegal, a diferencia de la Oficina del Procurador General.
Tampoco cuenta con tales poderes la Corte Constitucional; por ejemplo, aunque ha proclamado muchas sentencias condenando a políticos, burócratas y ejecutivos corporativos corruptos, criminales y/ o incompetentes, ordenando medidas correctivas y exigiendo que cumplan con los deberes y obligaciones constitucionales como las que garantizan los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas, no tiene como aplicar y hacer cumplir sus órdenes y como consecuencia a menudo sus fallos son ignorados por estos delincuentes estatales y empresariales con insolencia e impunidad.
Además del Procurador General y, en menor medida, el Fiscal General, la Corte Suprema es la única institución del Estado que tiene el poder de hacer cumplir sus decisiones contra los miembros del Congreso (en los casos penales que ha procesado directamente, tales como los que resultaron en la oleada de arrestos y enjuiciamientos contra miembros en funciones del Congreso para parapolítica entre 2006 y 2010 en particular). No obstante, sus poderes y funciones son necesariamente limitados y demuestran la necesidad de que todas las agencias e instituciones de contabilidad y control funcionen como deberían; es decir, para preservar y defender la integridad de todas las instituciones del Estado.
Operaciones ofensivas y defensivas de ‘lawfare’ y contrainsurgencia
Los vastos poderes del Fiscal General y del Procurador General explican la importancia de los roles que han desempeñado en la persecución de los opositores políticos y en el encubrimiento de las actividades ilegales y la conducta criminal de los miembros del Establecimiento y sus funcionarios y representantes. Un análisis de los eventos relacionados en Colombia en los últimos años demuestra el gran daño que pueden hacer los funcionarios de estas instituciones y agencias claves, tanto en términos del encubrimiento de delitos y la protección de criminales que abusan de los poderes y la autoridad del Estado, como en términos de la persecución, neutralización y eliminación de opositores políticos.
Si bien la Constitución de 1991 intentó mejorar los procedimientos para el nombramiento de funcionarios estatales clave, el Congreso y/ o la Presidencia continúan desempeñando un papel integral en los procedimientos de nominación de casi todos los jefes de las agencias independientes más importantes (tales como el Defensor del Pueblo, el Procurador General, el Fiscal General, el Contralor General y la junta del Banco Central). En consecuencia, aunque los procedimientos están claramente estipulados y formalizados, los intereses políticos y otros intereses partidistas o sectoriales a menudo siguen desempeñando un papel importante, si no decisivo.
El Fiscal General es el jefe de la agencia nacional responsable de la realización de investigaciones y enjuiciamientos penales, y tiene amplios poderes en términos de determinar las políticas, estrategias y prioridades de la Oficina en la realización de enjuiciamientos penales, así como en la determinación del reclutamiento de personal. El Fiscal General es designado por la Corte Suprema en sesión plenaria de una lista de candidatos proporcionada por el Presidente.
Casi seis meses después de la salida precipitada de Humberto Martínez, la Corte Suprema se reúne para decidir sobre el próximo Fiscal General del país de una lista de tres candidatos remitidos por el Presidente Duque. Todos los candidatos propuestos podrían considerarse colegas políticos cercanos y aliados del presidente, y aunque todos cuentan con impresionantes credenciales y calificaciones educativas y profesionales, ninguno de ellos tiene una trayectoria profesional significativa (ni siquiera simbólica) en la Oficina del Fiscal General. (El Tribunal también tendrá que decidir sobre el nombramiento de siete nuevos miembros del Tribunal mismo; si un miembro más del Tribunal se retira o está incapacitado de otra manera antes de que esto se haga, el Tribunal perderá el quórum necesario para tomar cualquier decisión y, por lo tanto, perder su autoridad constitucional y entrar en terreno desconocido: los redactores de la Constitución no anticiparon esta eventualidad).
El Procurador General es designado por el Senado de una lista de candidatos que deben ser aprobados por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El Procurador General es un puesto extremadamente poderoso responsable (entre muchas otras funciones) de investigar, enjuiciar y dictar sentencias por presuntas conductas indebidas y violaciones de los requisitos y estándares legales y administrativos por parte de funcionarios estatales (incluidos representantes electos). La Oficina también supervisa la Oficina del Defensor del Pueblo.
En ambos casos, en los últimos tiempos, las prolongadas negociaciones e intercambio de favores entre los intereses privadas y las facciones políticas dominantes del Congreso y la Presidencia han resultado en el nombramiento de políticos o abogados extremadamente bien conectados con las esferas más altas del Establecimiento, y que han pasado la mayor parte de su carrera trabajando con y representando a otros políticos y ejecutivos de los partidos políticos gobernantes y los principales grupos corporativos, en lugar de alguien con amplia experiencia en la realización de investigaciones y procesos legales imparciales.
La variabilidad en los resultados alcanzados se ejemplifica por el éxito de la Corte Suprema en la investigación y el enjuiciamiento de muchos de los involucrados en el fenómeno parapolítico entre 2006 y 2010 y los ‘logros’ de Humberto Martínez, como Fiscal General respectivamente. La Corte encabezó las investigaciones complejas y delicadas (por no decir peligrosas) sobre las parapolíticas que dieron como resultado que casi un tercio del Congreso nacional terminara tras las rejas o que fuera sometido a extensas investigaciones que interrumpían sus actividades criminales a pesar de que no era posible obtener pruebas suficientes para demostrar tales actividades ‘más allá de una duda razonable’.
Al contrario, este último (el ex Fiscal General Martínez) detuvo o archivó la mayoría de las investigaciones de políticos de alto rango y congeló todas las investigaciones sustantivas de colaboradores corporativos de alto perfil y patrocinadores de grupos paramilitares (el caso más notable es él que involucra a Chiquita Brands, aunque hay tantos otros, entre ellos Coca Cola, Nestlé, BP, Occidental Petroleum, BHP Billiton y Drummond, discutidos en otro artículo de este autor, “Las multinacionales entre ‘Los Intocables’ del conflicto colombiano”). Parece que durante su mandato la mayoría de los esfuerzos de la Oficina se dirigieron al intento de descubrir (o, si es necesario, crear) evidencia contra Jesús Santrich o, como indican las últimas revelaciones, otros ‘enemigos del Establecimiento’ de alto perfil como Piedad Córdoba e Iván Cepeda.
Otro ejemplo relevante es el ex Procurador General Alejandro Ordoñez, actualmente embajador de Colombia ante la OEA. A pesar de la importancia de la oficina del Procurador General para la integridad de las instituciones del Estado y la obligación de ejercer sus funciones y poderes de manera imparcial y políticamente neutral, Ordoñez intervino constantemente en debates políticos para criticar y obstruir el proceso de paz y los esfuerzos del gobierno nacional para negociar con los principales grupos insurgentes.
Además de su participación partidista en los debates nacionales para criticar el proceso de paz y medidas relacionadas, como la ley para la restitución de tierras a los campesinos desplazados por la fuerza, mientras estaba en el cargo hizo todo lo posible para investigar y expulsar de cargos públicos prominentes y emergentes líderes políticos de la oposición percibidos como una amenaza para el Establecimiento y el statu quo.
Los principales casos en este respecto incluyeron la en ese entonces senadora Piedad Córdoba, quien fue destituida y prohibida de cargos públicos por 16 años por Ordoñez, quien alegó que había colaborado con las FARC, y Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá (y luego candidato presidencial en 2018) que Ordóñez también descalificó. Aunque en este último caso las órdenes del Procurador General fueron anuladas posteriormente por los tribunales, Ordóñez logró suspender al alcalde y evitar que ejerza las funciones y poderes de la Oficina durante la mayor parte de su mandato.
El despliegue agresivo de investigaciones disciplinarias y la imposición de sanciones extremadamente severas contra opositores políticos y enemigos del Procurador General y sus socios fueron percibidos por muchos como un abuso flagrante de los amplios poderes de la Oficina del Procurador General. Al respecto, en un artículo en El Espectador Ramiro Bejarano Guzmán comentó sobre la campaña extravagante de Ordoñez contra la ley para la restitución de tierras a los campesinos desplazados por la fuerza (Ley 1148):
“Está claro que la Ley 1148 tiene defectos y lagunas, pero lo que es incomprensible es que el Procurador General Ordoñez, que podría haber presentado un proyecto para reformar la ley, ha optado por un atajo comprometiendo sus amplios poderes públicos a una conspiración a favor de los terratenientes poderosos y los invasores corporativos de tierras agrícolas, de los cuales espera obtener apoyo financiero para su campaña presidencial.”
También en este caso, Iván Cepeda participó activamente en confrontar a Ordóñez y denunciar sus esfuerzos para descarrilar el proceso de restitución de tierras. Según un artículo en Semana (“Graves denuncias de Iván Cepeda contra Ordoñez y Lafaurie”).
“En su intervención en el Senado, Iván Cepeda declaró: ‘Se está elaborando una estrategia dirigida por el Procurador General, algunos miembros del Centro Democrático y varios ganaderos y terratenientes poderosos en los departamentos de Magdalena y Cesar. Hemos visto que antes de las reuniones patrocinadas por el Procurador General, se habían celebrado otras reuniones más furtivas bajo los auspicios de ex paramilitares en las que los asistentes fueron incitados a instigar protestas públicas y manifestaciones contra la restitución de tierras…”
Francisco Gutiérrez analiza otro elemento institucional que ha tenido profundos impactos para muchos colombianos en áreas rurales y remotas: los efectos acumulativos de innumerables años de nombramientos políticos sistemáticos, el clientelismo y la corrupción en términos de la asignación y el registro de títulos y derechos de propiedad, proporcionando una apariencia de legalidad a la apropiación de tierras a través de violencia y fraude a gran escala. Gutierrez describe, como consecuencia de estas actividades, la capacidad de las élites políticas y económicas para redefinir y designar los títulos de propiedad en muchas regiones, ejecutado y protegido por sus propios ejecutores de control social y territorial oficiales y extraoficiales. El autor nota:
“la existencia de una gran desigualdad agraria creada y procesada a través de la asignación política de los derechos de propiedad sobre la tierra. Esta es ‘la bomba atómica de los diseños institucionales’ en el país. Los agentes claves encargados de la asignación y especificación de los derechos de propiedad (el ejemplo canónico son los notarios) han estado ligados de manera directa y sin mediaciones a la política partidista competitiva. Más aún, en el paisaje institucional anterior al Frente Nacional, esos mismos políticos que ponían a notarios y alcaldes también tenían un papel crucial en la designación de jueces y policías subnacionales, así que podían operar sobre el conjunto de la vida local para garantizar acceso a la tierra protegido por la coerción y la impunidad…”
Si bien las formas y modalidades específicas han cambiado con el tiempo, el sistema de propiedad y registro de la tierra sigue siendo profundamente defectuoso y está sujeto a manipulación y fraude por parte de poderosos intereses políticos y corporativos en muchas regiones del país. No obstante, la presencia de paramilitares y otros grupos armados ilegales en muchas zonas, y sus incesantes amenazas de muerte y asesinatos selectivos (no solo contra demandantes sino también en algunas ocasiones contra funcionarios que inspeccionaron propiedades sujetas a reclamos de restitución, demostrando claramente el enorme poder de los intereses detrás de los asesinatos), todavía constituyen el mayor obstáculo para la restitución de tierras a favor de los campesinos y comunidades desposeídas por la fuerza.
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2016, “Somewhere Between War and Peace: Forced Displacements and the Restitution of Land in Colombia”
2019, “In Search of Colombia: Social and political fragments and perspectives from the past to the present”
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/18/colombia-lawfare-acoso-persecucion-y-operaciones-de-contrainsurgencia-legal-politico-y-cuasi-judicial/
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