La derecha chilena se ha mostrado hábil en usurpar sentidos y significados de ciertos términos propios del vivir juntos. Obviamente, partiendo por lo que pueda entenderse por democracia, derechos humanos, justicia o solidaridad. Entonces ahora se está hablando de “ingreso ético familiar”. Tiene un aire de familia con la expresión ingreso y/o renta básica ciudadana garantizada. Este es un movimiento reivindicativo y propositivo que tiene ya varios años de existencia en muchos países. No ha comenzado en estas latitudes, como no. Pero tiene algunas redes en México, Brasil y Argentina. Frente a la creciente desigualdad que se vive producto en de la globalización modernizante neoliberal, tanto en Chile como a nivel de países del norte rico. Se sabe, pero es bueno repetirlo: en Chile el 1% más rico –y sus socios transnacionales- tienen en sus manos más de un tercio de la riqueza nacional y es dueño de las principales instituciones y/o mediaciones de la vida cotidiana nuestra (retail, bancos, tarjetas, tags, educación, servicios, agua, pesca, medios de comunicación, inmobiliarias, AFP, Isapres, supermercados, la lista es larga como se ve). Por eso hemos dicho que somos , usted y yo, ciudadanos “siervos” y “estrujados” de todas estas mediaciones que manejan nuestras vidas y nuestro bolsillo, sin contar con nuestra opinión: desde la educación, hasta el pago de las cuenta de luz, gas y agua¡. Esta es la gracia del modelo impuesto por el régimen de Pinochet y aliados civiles, y continuado con remiendos, desde el 90 en adelante: la pérdida completa de soberanía sobre nuestros bienes esenciales como país. En una reunión con líderes del “Centro político”, el expresidente Lagos comentó que, en buena medida el éxito de Chile se debía a que el 95% de la maquinaria económica de Chile está en manos de capitales extranjeros” y funciona bajo amparo del TLC.
Al mismo tiempo, la Cepal reconoce que nuestra América es hoy la región más desigual y violenta del mundo. Y las desigualdades, en el acceso al poder, el tener, el saber y el comunicar están entre los factores estructurales históricos a la base de esa situación, reconocido muchas veces incluso por instituciones claves de la globalización neoliberal (como BM o FMI). Constataciones que no quieren ver , obviamente, nuestros neoliberales en el gobierno y fuera de él, y los intereses de clase minoritarios que ellos defienden.
También es sabido –salvo al parecer para nuestros tecnócratas- para los organismos internacionales dedicados al tema del desarrollo o la pobreza en el mundo que, en todos estos años de políticas sociales neoliberales globalizadas, incluidas sus crisis (2007-2008) no se han cerrado las brechas de las desigualdades existentes. Al contrario. Según los nuevos datos que recoge Oxfam (Informe 2017) por ejemplo, el 82% del crecimiento de la riqueza mundial de ese año fueron a parar a manos del 1% más rico. Según el Credit Suisse, 42 personas poseen tanta riqueza como los 3700 millones de personas más pobres del mundo. De qué Estado social de derecho se habla?
Frente a estas consecuencias que genera el capitalismo neoliberalizado, y a la necesidad de resguardar las posibilidades de ejercicio de una “libertad real” y soberana para todos (Van Parijs), es que ciudadanos e intelectuales de distintas ocupaciones y latitudes, han iniciado una reflexión/acción en torno a la necesidad de poder garantizar un derecho a la existencia para el conjunto de los miembros de una sociedad sin distinciones de clase ni posición social.
El origen de esta idea es –según A. Doménech- republicano-democrático. Es una idea que reaparece -no por mera casualidad- en estos últimos treinta años, aunque viene de antes. Entre sus pioneros, se puede mencionar, entre otros, a Thomas Spence (1750-1814); Thomas Paine (1737-1809); Bertrand Russell ((1872-1970); George H.D.Cole (1889-1959), primer titular de la cátedra de teoría política en Oxford. Frente a estos años de un capitalismo globalizado que emprende (apoyado en los estados, como no) un enorme proceso de desposesión de los derechos sociales y de los recursos fundamentales (agua, combustibles fósiles, bosques, patrimonio natural, entre otros), se ha venido desarrollando esta propuesta tanto desde el punto de vista filosófico como económico-social.
Como se ve, el fundamento esencial es ético-normativo. Los individuos no pueden ser libres si su existencia material no se halla garantizada políticamente. Si nos preguntamos, ¿cuál es el objeto primero de toda sociedad? Cuidar, mantener e implementar los derechos fundamentales del humano. ¿Cuál es el primero de esos derechos? El de existir. Por tanto, la primera ley social es aquella que garantice a todos los miembros de la sociedad los medios de existencia. La propiedad no está instituida o garantizada sino para cimentar ese derecho a la existencia. Es para vivir primero que se tienen propiedades. Por eso, la propiedad no puede entenderse ni colocarse como opuesta a la subsistencia del ser humano. El primer derecho humano entonces tendría que ser, el derecho a la existencia. Quien no tiene asegurado el derecho a la existencia, por carecer de propiedad y/o ingresos suficientes, no es sujeto de derecho propio – sui iuris-; vive a merced de otros y no puede ejercer sus capacidades y virtudes ciudadanas.
Veamos algunos rasgos de la RBU:
Primero, la Renta Básica Universal es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente;
Segundo, a diferencia de las políticas sociales focalizadas, tiene un carácter universal . Es decir, se daría sin hacer excepciones –idealmente hablando- a todos los miembros de una comunidad política determinada.
Tercero, se entrega de manera independiente del sexo, estado civil, el nivel de ingresos o las orientaciones político-religiosas de los miembros de la sociedad. Su incondicionalidad se une por tanto a su oferta de universalidad.
Va más allá del vínculo trabajo/productividad, en tanto quiere asegurar a todos los miembros de la sociedad (trabajen o no) un umbral de bienestar, de modo independiente a su contribución a la producción del país.
Al mismo tiempo, con ello se pretende asegurar grados de autonomía e independencia material a todos, con lo cual los ciudadanos puedan liberarse de la necesidad de “pedir permiso a terceros para poder subsistir”.
La RBU no es una subvención, un subsidio o un seguro condicionado. No se liga a la búsqueda de trabajo remunerado, a la pérdida de empleo, o a un estado de pobreza. La RBU, al ser incondicionada, se distingue de los subsidios del desempleo, de los programas de Jefes/jefas de hogar, de ingreso mínimo y similares.
Quienes requieran de más ingreso para aumentar su bienestar, podrán contar ya con ese punto de partida, y con ello mejorar su capacidad de negociación y su libertad en los puestos de trabajo. La propuesta de financiación es un tema en debate el día de hoy por sus adherentes, con todo, se avanza un camino hacia una reforma del impuesto a la renta, de tal modo que sean los que más ganan, los que más aporten. Su fundamento ético-político republicanista y democratizador salta a la vista: se trata de un ingreso dado a toda persona por el solo hecho de ser tal. Su objetivo principal, frente al cuadro actual de desigualdades: garantizar condiciones materiales de vida digna y ciudadana al conjunto de la población (no sujeta a la suerte en los vaivenes del mercado).
Desde esta óptica puede renovarse y modificarse el fundamento de la responsabilidad social del Estado y la sociedad consigo misma. Ya no se trata, como en las políticas sociales actuales, de orientar focalizada y condicionadamente a tales o cuales grupos (en mayor riesgo) de la sociedad la ayuda o el subsidio, basado en la idea que un crecimiento económico sin cuotas mínimas de equidad para los más perjudicados, no es rentable a mediano plazo. Tampoco, claramente, el dejar a los mecanismos impersonales del mercado (el así llamado “chorreo”), la tarea de reasignar los bienes básicos para una vida decente. En ambos casos habrá miles de ciudadanos que no podrán acceder de manera estable a condiciones materiales decentes para ellos y sus familias. En ambos casos, esos ciudadanos serán responsabilizados de su propio malvivir y serán rehenes de la política y no ciudadanos autónomos.
Sabemos que estas discusiones han tenido su origen en países europeos desarrollados y, para algunos, eso les hace pensar que sólo podría llevarse a cabo en países ricos. Sin embargo, a pesar de nuestras diferencias de desarrollo, es una discusión pertinente entre nosotros, en función de los niveles de desigualdad y exclusión social que tenemos hoy en día y que podemos proyectar hacia el mañana. Por lo demás, la relación entre la riqueza social que existe acá y los costos de niveles básicos de vida hacen pensable su posibilidad. Al menos, puede pensarse una implementación gradual de esta idea. Por último, es posible preverlo: para algunos puede sonar a idea “utópica”. Pero no lo es. Puede calcularse y obtenerse a partir de la misma riqueza social que produce toda la sociedad. De hecho, se tienen ya algunas experiencias al respecto en el estado americano de Alaska, Finlandia, en el DF de la Ciudad de México o en Brasil, por nombrar algunos países. Como bien dijo un Juez de la Corte Suprema de los EEUU (1916-1939): “podemos tener democracia o podemos tener riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas”.
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