Por Gabriela Barrada. Resumen Latinoamericano, 4 de septiembre de 2020.
En Venezuela tenemos una ley nacida en revolución que previene, sanciona y busca erradicar la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, hablamos de la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, aún persisten viejas prácticas machistas en algunxs funcionarixs responsables de garantizar a las mujeres el acceso a los derechos que establece la ley.
Supongamos que Juana, víctima de violencia de género continuada, va a colocar una denuncia en contra de su pareja. Pero, como no todas las víctimas llegan con el ojo morado, tal es el caso de Juana, podrían presentarse los siguientes escenarios (si es que no todos a la vez):
Toparse con el típico: “Eso no es por aquí señora, vaya a tal sitio” y cuando Juana va al “sitio tal” la regresan a la institución que la remitió porque tampoco es por ahí.
Que el funcionario recepcionador no tome en cuenta la denuncia o “resuelva” el asunto con un acto conciliatorio y/o aplique el careo entre víctima y agresor; a pesar de ambos actos estar prohibidos por el instrumento legal en materia de derechos de las mujeres en Venezuela.
Encontrarse con el: “Vaya y saque no sé cuántas copias para poderle tramitar la denuncia, porque acá no tenemos fotocopiadora ¡Así están las cosas en este país!”. Debiendo Juana lidiar con las secuelas de lo que ha vivido, con las complejas consecuencias que acarrea el acto de denunciar y con el “así están las cosas en el país”.
Si no cuenta con los medios materiales para independizarse del agresor y por tanto duda de proseguir con el proceso, algún o alguna funcionaria, sin ninguna sensibilidad de género interseccional, le reñirá: “Las mujeres podemos salir solas adelante, mírame a mi” o “si vuelves con él conmigo no cuentes, porque esto quita tiempo” o aquella frase perversa que parecen escupir con naturalidad lxs machistas: “Las mujeres aguantan palo porque son unas sinvergüenzas”. Que a Juana no se le crea o que acabe siendo culpabilizada por la violencia que sufrió.
Es así como Juana, quien está en el ciclo de la violencia, peloteada, sin dinero para sacar ni unas copias y que quizás no cuente con un refugio a donde pasar la noche termina siendo revictimizada. Frente a estos y otros obstáculos, tanto internos como externos, quizás escoja regresar con su agresor. Eso que conocemos como “poner los pies en la tierra”. La experiencia nos dice que tal vez Juana no tenga otra oportunidad para denunciar.
Necesitamos urgente la inclusión del feminicidio en nuestra ley para que de ejecutarse un crimen contra la mujer que pudo ser prevenido por el Estado, se individualicen las responsabilidades –penales y administrativas– a cada funcionarix que obstaculizó el acceso de la víctima a una vida libre de violencia.
Nos urge una nueva reforma de ley, la creación de protocolos de actuación con perspectiva de género y políticas públicas efectivas que garanticen el derecho a la vida de todas las mujeres.
Fuente: CCS
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