La Policía peruana arresta a varios exfuncionarios y un cantante involucrados en un escándalo que puso en jaque al Gobierno del presidente Martín Vizcarra.
La jueza Sonia Bazalar, a pedido de la fiscal anticorrupción Janny Sánchez, ha ordenado este viernes la detención de 10 personas sospechosas de haber cometido delitos de colusión agravada y negociación incompatible en el caso Richard Swing. Estas personas quedarán privadas de la libertad por un periodo de siete días.
A través de Twitter, el Ministerio Público de Perú informa que “dirige un operativo destinado a la detención preliminar de 10 investigados por presuntos delitos de corrupción cometidos en la contratación del proveedor Richard Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura entre el 2018 y el 2020”.
Los agentes ya han hecho efectiva la mañana de este viernes la orden judicial de arresto para la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales, la ex secretaria personal del presidente Vizcarra Karem Roca, el ex asesor presidencial Óscar Vásquez y el cantante Richard Cisneros.
Respecto a la medida, el mandatario peruano ha dicho que —a su parecer— en este caso no encuentra “la proporcionalidad” para este pedido del Ministerio Público, aun cuando lo respeta.
“Solamente en casos excepcionales deberían utilizar estas opciones que te da la norma cuando alguien se quiere inminentemente fugar […]. Sin embargo, creemos que en el caso de esta investigación no encontramos la proporcionalidad para la decisión que se ha tomado, pero igual la respetamos y estamos seguros que cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público concluya la investigación, determinarán que no hay motivo alguno de sanción”, ha manifestado el jefe de Estado.
¿Qué es el caso Richard Swing?
Nace de una denuncia periodística realizada en mayo pasado sobre los contratos que el Ministerio de Cultura selló con Cisneros, desconocido cantante que habría sido cercano a Martín Vizcarra en la campaña presidencial del 2016.
Según esta denuncia, Cisneros, cuyo nombre artístico es “Richard Swing”, en los últimos tres años, realizó unos nueve contratos con el Ministerio de Cultura para actividades ajenas a su experiencia y formación, como charlas motivacionales y de liderazgo, por un monto total de 175 000 soles (unos US$ 50 000).
Por ello, la Comisión de Fiscalización del Congreso abrió una investigación al respecto, pero quedó anulada. El caso tomó relevancia luego de que en el Parlamento se difundieron varios audios donde el propio Vizcarra, reunido con sus entonces asesores Roca y Morales en la sede del Ejecutivo, les pide mentir sobre el número de veces que el cantante acudió a la sede del Palacio de Gobierno.
Esto condujo a un juicio político de destitución por parte del Congreso, el 18 de septiembre, que Vizcarra pudo superar, al no haberse reunido los suficientes votos para sacarlo del cargo. El presidente peruano ha negado que haya cometido cualquier actuación ilegal en el caso, y ha reiterado que los exfuncionarios involucrados traicionaron su confianza con las grabaciones. Además, los principales líderes políticos rechazaron la medida del Legislativo contra Vizcarra
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