Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020.
Con motivo del décimo aniversario de la salida del informe “mapping” que estudió las principales masacres cometidas en la República Democrática del Congo, el pasado uno de octubre, se celebraron manifestaciones en las principales ciudades del país, pidiendo el fin de la impunidad, la creación de un Tribunal Penal Especial para el Congo, basado en el informe “mapping” y la publicación de los anexos del informe “mapping”.
Las principales manifestaciones se realizaron en las ciudades del este del país, que han sido las mas afectadas por la violencia y fueron impulsadas por el premio nobel congoleño, Denis Mukwege, el principal partido de la oposición, la plataforma Lamuka y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Las marchas fueron pacificas aunque en algunas ciudades como Kisangani, tercera ciudad del país, la manifestación fue dispersada por la policía. Actos conmemorativos pidiendo el fin de la impunidad también se realizaron en París, Montreal y Bruselas, ciudades que aglutinan una parte importante de la emigración congoleña.
Las reivindicaciones de las manifestaciones del pasado uno de octubre, se han centrado en pedir la creación de un Tribunal Especial para el Congo o un Tribunal Penal para el Congo. La ventaja del primero es que no seria necesaria la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y se formaría por una simple petición del gobierno congoleño a la ONU. Un Tribunal Especial para el Congo permitiría que este tribunal trabajase conjuntamente con cámaras mixtas formadas por juristas congoleños que tendrían competencia sobre crímenes cometidos por congoleños.
El problema no es tanto la creación del tribunal, sino quien tiene poder para decidir que es lo que se tiene que investigar. Si fuese un Tribunal Penal Internacional, seria el Consejo de Seguridad de la ONU quien decidiría que se investiga y seria ademas quien nombrase a jueces y magistrados, mientras un Tribunal Especial con camaras mixtas adjuntas permitiria el concurso de juristas congoleños, elegidos por el gobierno congoleño. En cualquiera de los dos casos, existen poderosos intereses capaces de influir en los jueces, los mismos intereses que han impedido hasta ahora que se toque a personalidades de los gobiernos de los países vecinos, como Rwanda, que ejercen un papel de tutelaje sobre la República Democrática del Congo, que intenta favorecer a las multinacionales occidentales. La reivindicación promovida entre otros por el doctor Mukwege, de un Tribunal basado en el informe “mapping”, intentaría que el tribunal no escogiese aquello que juzgar y no pasase por alto juzgar la responsabilidad de quien financia la mayor parte de la violencia que ha azotado la República Democrática del Congo. La publicación de los anexos del informe “mapping” va también en el mismo sentido pues en este anexo estarían los nombres de los sospechosos de muchas de las masacres y entre ellos los autores intelectuales que corresponderían a gobiernos extranjeros.
Las presiones internas sobre jueces y magistrados congoleños en caso de formarse cámaras mixtas serian también difíciles de evitar y estarían relacionados con los poderes que pugnan actualmente por dirigir la República Democrática del Congo, por un parte, por el actual presidente, Felix Tshisekedi y por la otra, una especie de estado profundo responsable inicial del sistema de tutelaje. Ninguno de estos poderes pude o quiere implementar un tribunal que encause a los altos cargos del gobierno rwandes, verdaderos autores de la violencia que vive el Congo. Ademas, habría que señalar que esta especie de estado profundo, esta formado por algunos individuos que han tenido responsabilidad intelectual en la comisión de masacres o que han promovido los ascensos dentro del ejercito congoleño o de la administración de individuos que han cometido crímenes. El ejemplo de la trayectoria del general congoleño Eric Ruhorimbere, puede servir, entre otros, para ilustrar este hecho.
Eric Ruhorimbere, participó en la guerra del Congo como integrante de la guerrilla RCD (Rassemblement Congolais pour la Democratie) que se enfrento contra el gobierno congoleño. La guerrilla RCD estaba dirigida y financiada desde la vecina Rwanda. Fue el principal acusado de la masacre de Kasika ocurrida el 24 de agosto de 1998, donde su guerrilla asesino a mas de un millar de civiles en su mayoría mujeres y niños, crímenes que fueron bien documentados en el informe “mapping”. Posteriormente, gracias a los acuerdos de paz promovidos por el Consejo de Seguridad de la ONU, fue integrado junto a muchos de los componentes de la guerrilla RCD en el ejercito congoleño, que abandonaría años mas tarde para volver a integrarse en otra guerrilla creada por Rwanda, la CNDP, que también luchaba contra el ejercito congoleño. Un nuevo acuerdo de paz con esta guerrilla impulso de nuevo a Eric Ruhorimbere al ejercito congoleño. En todos estos años ha habido organizaciones de derechos humanos y paneles de expertos de la ONU que le han señalado como autor de crímenes contra la población civil, hecho que no le ha supuesto la apertura de ninguna investigación sino ascensos en el escalafón militar. La ultima acusación contra Ruhorimbere procede de la Unión Europea que le acusa de crímenes contra la población civil en la provincia de Kasai donde Ruhorimbere en 2016 ostentaba el cargo de vicecomandante de la 21 región militar. Posteriormente seria ascendido a general.
Eric Ruhorimbere seria uno de los protegidos del estado profundo congoleño. La Unión Europea estaría feliz de encausarlo por sus crímenes, pero la Unión Europea hasta ahora ha evitado encausar a otros individuos cuyos crímenes puedan incriminar al gobierno rwandes. En cualquier caso, y como ha señalado en unas recientes declaraciones el actual ministro de derechos humanos congoleños, Andre Lite Asebeo, en este tema existe mucha hipocresía porque fueron Estados Unidos y Gran Bretaña quienes bloquearon las posteriores investigaciones previstas para profundiza en el informe “mapping” aun cuando la ONU habia provisto fondos para ello. También señalo que Rwanda y Uganda no serian los únicos que deberían explicarnos cosas, pues también Estados Unidos y Gran bretaña lo tendrían que hacer. El arsenal que exploto en Kisangani no procedía de Rwanda o de Uganda.
La hipocresía de muchos estados europeos y de Estados Unidos que piden el fin de la impunidad es notoria pues siempre han tenido en sus manos la capacidad de acabar con una gran parte de la violencia en el Congo y no lo han hecho. Hubiese bastado que ante cualquier masacre cometida por guerrillas financiadas por Rwanda, le hubiesen cortado las ayudas económicas, ya que son ellos los países donantes que mas dinero aportan a Rwanda.
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