El expresidente de Ecuador Rafael Correa durante una entrevista con la agencia española de noticias EFE.
El expresidente de Ecuador Rafael Correa considera que la Justicia de su país ha incurrido en un “nuevo ridículo” al solicitar a Interpol su arresto por soborno.
El sistema judicial ecuatoriano solicitó el martes a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que “se proceda con la notificación roja” contra Correa y otros 14 condenados en el denominado “Caso Sobornos” (2012-2016).
El juez Iván León, quien firmó el pedido, señaló que ya existe una sentencia condenatoria “debidamente ejecutoriada” contra el exmandatario Correa.
El magistrado indicó, además, que se desconoce el paradero de los 15 sentenciados y pidió que se remita “de manera inmediata” el respectivo oficio al jefe de la Unidad Nacional de Interpol.
Al respecto, Correa ha desestimado la solicitud de la Justicia ecuatoriana y ha acusado al juez León de ser un “corrupto completo”.
“Nuevo ridículo para Ecuador, pero, por supuesto, habrá que gastar nuevamente en abogados, limitaciones de viajes, etc. Así buscan quebrarnos. Por si acaso, Iván León, juez TEMPORAL, es un corrupto completo”, ha tuiteado hoy miércoles.
La Justicia ecuatoriana ya había inhabilitado al exmandatario para ocupar cualquier cargo político, evitando así su participación en las elecciones del 7 de febrero de 2021.
El órgano ha condenado a Correa y a varios funcionarios de su Gobierno a ocho años de prisión por el delito de “cohecho agravado” en el marco del caso “Sobornos 2012-2016 (años del mandato de Correa)”.
Correa denuncia que el Gobierno de Lenin Moreno (actual presidente del país) utiliza a la justicia para lograr lo que no podrá en las urnas y advierte que se está recurriendo a “la persecución política como método contra los líderes progresistas de América Latina”.
Según Correa, el corrupto es Moreno, pero se siente impune porque tiene el apoyo y la protección de Estados Unidos ante sus actos delictivos. El exmandatario soporta una fuerte presión política y judicial desde la llegada al poder de su exaliado y exvicepresidente Moreno en 2017, quien se desafilió de su partido Alianza País.
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