Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Con más de 800 millones de personas la India rural posiblemente es el lugar más interesante y complejo del mundo, pero está asolado por suicidios de agricultores, desnutrición infantil, un paro cada vez mayor, una economía informal y un endeudamiento que no dejan de aumentar, y un colapso total de la la agricultura.
Dado que la sociedad india todavía es de base agraria, el reconocido periodista P Sainath afirma que lo que está sucediendo en India se puede calificar de crisis de proporciones de civilización y se puede explicar con pocas palabras: secuestro de la agricultura por parte de las corporaciones. También con en pocas palabras describe el proceso por medio del cual se está llevando a cabo: comercialización depredadora del campo. Y otras pocas palabras sirven para describir el resultado: el mayor desplazamiento de nuestra historia.
A finales de noviembre de 2018 All India Kisan Sangharsh Coordination Committee (una organización que aglutina a unas 250 organizaciones de agricultores) publicó una declaración con motivo de la masiva y bien publicitada marcha de agricultores que se estaba celebrando entonces en Delhi. En la declaración se afirmaba lo siguiente: “Los agricultores no son un mero residuo de nuestro pasado; los agricultores, la agricultura y la India rural son una parte fundamental del futuro de India y del mundo como portadores de conocimiento, de unas habilidades y una cultura históricos, como agentes de la seguridad y soberanía alimentaria, y como guardianes de la biodiversidad y de la sostenibilidad ecológica”.
Los agricultores afirmaron estar preocupados tanto por la crisis económica, ecológica, social y existencial de la agricultura india como por el constante abandono de este sector por parte del Estado y por la discriminación de las comunidades agrícolas. También les preocupaba la profunda penetración de enormes corporaciones depredadoras y ávidas de beneficios, por la gran cantidad de suicidios de agricultores en todo el país y por el fardo insoportable del endeudamiento y de las cada vez mayores disparidades entre los agricultores y otros sectores.
La declaración pedía al Parlamento indio que celebrara inmediatamente una sesión especial para aprobar y promulgar dos proyectos de ley de, por y para los agricultores de India. De haber sido aprobado por el parlamento, [el primero de ellos] el proyecto de ley de liberación del endeudamiento de los agricultores de 2018 habría previsto, entre otras cosas, la exoneración total de los préstamos de todos los agricultores y trabajadores agrícolas.
El segundo proyecto de ley, el proyecto de ley sobre el derecho de los agricultores a unos precios mínimos de apoyo garantizados y remunerados para los productos agrícolas, de 2018, habría hecho que el gobierno tomara medidas para reducir el coste de los insumos de la agricultura gracias la regulación específica de los precios de las semillas, la maquinaria y el equipamiento agrícola, el diésel, los fertilizantes e insecticidas, al tiempo que haría ilegal y punible la compra de productos agrícolas por debajo del precio de apoyo mínimo.
La declaración también pedía un debate especial sobre la universalización del sistema de distribución pública, la retirada de aquellos pesticidas que están prohibidos en otros lugares y que no se aprueben las semillas modificadas genéticamente sin una valoración exhaustiva de su necesidad e impacto.
Otras reivindicaciones eran que no hubiera inversiones extranjeras directas en la agricultura ni el procesamiento de alimentos, la protección de los agricultores frente el saqueo de las corporaciones en nombre de la agricultura bajo contrato, la inversión en colectivos de agricultores para crear organizaciones de productores agrícolas y cooperativas de campesinos, y la promoción de la agroecología basada en patrones de cultivo adecuados y la recuperación de la diversidad de semillas locales.
Ahora, a finales de diciembre de 2020, en vez de responder a esas necesidades, el gobierno indio promueve y facilita, por medio de la reciente legislación, la corporativización de la agricultura y el desmantelamiento del sistema de distribución pública (y del precio de apoyo mínimo), al tiempo que pone las bases para la agricultura bajo contrato.
Esta legislación incluye tres proyectos de ley: el de comercialización de productos de los agricultores (promoción y facilitación) de 2020, el de acuerdo de agricultores sobre garantía de precios y servicios agrícolas (empoderamiento y protección) de 2020 y el de artículos esenciales (enmienda) de 2020.
Aunque ya han caducado los dos proyectos de ley de 2018 antes mencionados, los agricultores exigen que las nuevas leyes agrícolas que favorecen a las corporaciones y perjudican a los agricultores sean sustituidas por un marco legal que garantice a los agricultores el precio de apoyo mínimo.
Según un artículo de la Research Unit for Political Economy (RUPE, siglas en inglés de Unidad de Investigación para la Economía Política), está claro que la existencia de los precios de apoyo mínimos, de la Corporación de Alimentos de la India, del sistema de distribución pública y de las reservas de seguridad de titularidad pública constituyen un obstáculo para las necesidades movidas por la búsqueda de beneficio de los intereses de la agroindustria mundial que se han sentado a negociar con las agencias gubernamentales y han establecido sus listas de deseos.
La RUPE señala que India supone el 15 % del consumo mundial de cereales. Las reservas de seguridad de India suponen entre el 15 % y el 20 % de las reservas mundiales y el 40 % del comercio mundial de arroz y trigo. Cualquier reducción fuerte de esas reservas afectará sin lugar a dudas a los precios mundiales: la bajada de los precios afectaría a los agricultores y después, una vez que India sea dependiente de las importaciones, los precios podrían subir en el mercado mundial y los consumidores indios se verían afectados.
Al mismo tiempo, los países más ricos están presionando duramente a la India para que suprima sus escasas subvenciones agrícolas, a pesar de que las propias subvenciones de esos países ricos multiplican con mucho las indias. El resultado final podría ser que India se vuelva dependiente de las importaciones y que reestructure su propia agricultura para tener cultivos destinados a la exportación.
La RUPE concluye: “Seguirían existiendo vastas reservas de existencias, pero en vez de que India sea la dueña de esas reservas, serían propiedad de las empresas multinacionales de comercio e India pujaría por ellas con fondos prestados”. En vez de poseer reservas de existencias físicas, India tendría reservas de divisas.
Los sucesivos gobiernos han hecho que el país dependa de los inestables flujos de capital extranjero y las reservas de divisas de India se han creado por medio de préstamos e inversiones extranjeras. Siempre está presente el miedo a la fuga de capitales. Las políticas a menudo se rigen por el impuso de atraer y retener esas entradas de capital, y mantener la confianza del mercado cediendo a las exigencias del capital internacional.
Este estrangulamiento de la democracia y la “financiarización” de la agricultura dañaría gravemente la seguridad alimentaria de la nación y dejaría a casi 1.400 millones de personas a merced de los especuladores internacionales y de la inversión extranjera.
Pero la bonanza del sálvese quien pueda del capital agrario y el proyectado desplazamiento de decenas de millones de agricultores refleja lo que ocurre en el mundo desde hace décadas: la consolidación de un régimen alimenticio global basado en monocultivos de agroexportación (a menudo con productos no alimentarios que ocupan tierras agrícolas de primera calidad) vinculado al pago de la deuda soberana, y a entradas y ganancias de divisas y a las directrices de “ajuste estructural” del Banco Mundial y el FMI.
El resultado de ello ha sido el desplazamiento de campesinos que producía alimento, el dominio de los oligopolios de la agroalimentación occidentales y que muchos países hayan pasado de ser autosuficientes desde el punto de vista alimentario a ser deficientes. De modo que no es de extrañar que ahora haya 14 multimillonarios entre los propietarios de la empresa familiar agroalimentaria mundial Cargill, la misma empresa que se había beneficiado del hundimiento del sector de los aceites comestibles de India en la década de 1990.
No es que India necesite a esas personas, porque ya es el mayor productor mundial de leche, legumbres y mijo, y el segundo mayor productor mundial de arroz, trigo, caña de azúcar, cacahuetes, verdura, fruta y algodón. Y ello a pesar de que los agricultores de India todavía no se han recuperado de los efectos de 30 años de políticas neoliberales, de décadas de bajas inversiones o desinversiones públicas, y de la estrategia deliberada de desplazarlos a instancias del Banco Mundial y de las depredadoras empresas mundiales de la agroalimentación.
De no ser derogada, la reciente legislación representa tanto la última traición a los agricultores y a la democracia de India como la entrega definitiva de la seguridad y soberanía alimentarias a empresas que son impunes. Esta legislación es totalmente regresiva y acabará llevando al país a depender de fuerzas exteriores para alimentar a su población y a una posible vuelta a las importaciones precarias, especialmente en un mundo cada vez más inestable propenso a los conflictos, a las alertas en materia de salud pública, a la especulación no regulada de la tierra y las materias primas, y a sustos con los precios.
Un giro hacia la soberanía alimentaria (que incluya el derecho de la población local a una alimentación sana y apropiada desde el punto de vista cultural, y su capacidad para controlar y definir sus propios sistemas alimentario y agrícola) es clave para lograr una genuina independencia, la soberanía nacional y la seguridad alimentaria, y para facilitar las reivindicaciones de los agricultores.
Colin Todhunter es un escritor independiente especializado en desarrollo, alimentación y agricultura.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.
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