Toda acción que mejore la situación de las poblaciones migrantes es plausible, sin embargo, ese reconocimiento no debe ser un velo que impida ver lo que se esconde tras esas medidas, más aún cuando el gobierno que las toma es caracterizado por ser profundamente excluyente y violador de los derechos humanos de su propia población.
Por ello hay que decir que el presidente Nicolás Maduro fue muy acertado al manifestar en la pasada rueda de prensa internacional que el estatuto de regularización temporal para la migración venezolana en Colombia, anunciado por su homólogo Iván Duque, tiene mucho que ver con una necesidad de limpiar la imagen del gobierno uribista, que días atrás había despertado indignación mundial al declarar que no vacunaría a la población migrante de origen venezolano que se encontrara ilegalmente establecida en Colombia.
Además, el partido y representantes del gobierno colombiano bajo la dirección de Álvaro Uribe Vélez cerraron abiertamente filas con Donald Trump durante el pasado proceso electoral de los Estados Unidos, lo que generó la necesidad urgente de acciones que mostraran la voluntad de acercamiento al discurso del presidente Joe Biden, siendo la política migratoria una de las principales controversias entre Trump y el nuevo presidente estadounidense.
Duque ofrece ahora a la población venezolana lo que, tal como denuncia el intelectual argentino Atilio Borón, ni siquiera es capaz de garantizar para el pueblo colombiano.
EL USO TENDENCIOSO DE LAS CIFRAS Y LAS CATEGORÍAS
Innegablemente, tal como lo señaló la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, en su informe preliminar, el impacto de la presión ejercida sobre Venezuela, sobre todo a partir de 2014, ha generado una situación de vulneración de los derechos fundamentales de la población que, entre otras cosas, ha llevado a una emigración sin precedentes para un país acostumbrado a recibir grandes migraciones y no al revés.
Sin embargo, estas cifras son aumentadas, manipuladas, distorsionadas y manejadas con muy poca rigurosidad por ONG (organizaciones no gubernamentales, casi todas vinculadas a la USAID), por gobiernos que adversan públicamente a la Revolución Bolivariana y hasta por organismos multinacionales como ACNUR, por lo que vale la pena detenerse un momento en ellas.
La ONU dice que 5,4 millones de personas han salido de Venezuela, para lo que ya están solicitando públicamente nada menos que 1 mil 440 millones de dólares para las ONG e instituciones de los que llaman países de acogida y organismos multilaterales en este 2021.
La pregunta entonces es cómo se obtienen estas cifras, según las cuales el país luciría visiblemente disminuido en términos poblacionales.
Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial que se estableció de conformidad con la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas al ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de la ONU) y la OIM (Organización Internacional de las Migraciones, organismo de la ONU) el 12 de abril de 2018, para dirigir y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela, esta cifra de 5 millones 478 mil 477 personas migrantes de origen venezolano, "representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones. No necesariamente implica identificación individual, ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno”.
Esto es muy importante saberlo porque los países que reportan la mayoría de los datos sobre migración venezolana que manejan la OIM y ACNUR son los países que se han unido en el llamado Grupo de Lima, cuyas acciones contra Venezuela y la intención que han hecho pública de derrocar al Gobierno Bolivariano, son razones suficientes para poner muy en duda la objetividad de la información que ofrecen a estos organismos.
Así, no es de sorprender que, según su propio informe de los datos otorgados por esos gobiernos a esta misma plataforma, solo se pueden declarar como ciertamente contabilizados 2 millones 467 mil 675 personas de origen venezolano establecidas en sus países, aunque aclaran que este número "puede abarcar en algunos países permisos de residencias no vigentes en la actualidad y duplicaciones o triplicaciones de casos (una persona con más de un permiso otorgado)". Así que, en realidad, pueden ser aún menos.
El resto, los casi 3 millones que le suman a esa cifra, constituyen solo aproximaciones estadísticas. Es decir, no son científicamente comprobables.
Pero también en ese mismo informe se vuelve a aclarar la innegable verdad de que nuevamente el país de América del Sur con mayor número de emigrantes, y segundo de toda la región, no es Venezuela sino Colombia. Así lo dice el último informe de la OIM, según el cual han salido más personas de México y Colombia que de Venezuela. Sin embargo, solo Venezuela tiene una dedicación especial en el informe, desafiando la objetividad del mismo.
La opinión pública nacional e internacional cede ante el escándalo levantado por estas cifras porque se le ofrecen fuera de contexto, se convierten en parte de un discurso político tendencioso y, por supuesto, se enfilan las corporaciones mediáticas para hablar de la emigración venezolana como una crisis de dimensiones mundiales. Cuando lo único objetivamente llamativo de la emigración de venezolanos y venezolanas es que es novedosa pero, en realidad, sus cifras no son las más altas de la región e incluso son inferiores a las de Colombia.
Por ejemplo, según el último informe de la OIM llamado "Informe sobre las migraciones en el mundo 2020" los países del mundo con mayor número de desplazados internos a raíz de la violencia y conflictos son la República Árabe Siria con 6,1 millones de personas, Colombia con 5,8 millones y la República Democrática del Congo con 3,1 millones.
Lo que está muy relacionado con la salida del país de millones de colombianos y colombianas que han emigrado hacia los países fronterizos, sobre todo Venezuela, como víctimas del desplazamiento forzado. Las imágenes de campesinos y campesinas cruzando la frontera con Venezuela por las trochas, a pie con pocas cosas, sus hijos e hijas y algún que otro animal doméstico, con el corazón roto por el asesinato de familiares, el abuso sexual y la tortura de grupos paramilitares para expulsarles de su territorio, son parte de la memoria colectiva de las poblaciones venezolanas fronterizas con Colombia.
Llegar a Venezuela durante décadas ha significado para muchos y muchas salvar la vida, y luego del triunfo de Hugo Chávez en 1999 ha significado también un encuentro con la esperanza perdida.
Tras una década de trabajo en la frontera colombo-venezolana, y habiendo nacido en Colombia y migrado en mi infancia hacia Venezuela, puedo afirmar que mientras la migración venezolana es sobre todo económica, la migración colombiana es una mezcla entre migración económica y desplazamiento forzado por la guerra que debería, ella sí, encender las alarmas de todas las organizaciones multilaterales que tengan interés real en la defensa de los derechos humanos.
Por el contrario, la dura realidad que vive el pueblo colombiano es invisibilizada adrede por las corporaciones mediáticas que legitiman la violencia de la oligarquía colombiana, distrayendo la atención sin ningún sustento objetivo, sino político-ideológico, hacia la migración venezolana.
Eso tampoco se traduce en que la migración venezolana sea atendida dignamente en los países donde llega, ni que los millones de dólares que han logrado moverse con la excusa de protegerle realmente cumplan con el objetivo.
Ni siquiera se le prestó apoyo a quienes en medio de la pandemia decidieron regresar al país. Y aquí aparece otra de las importantes contradicciones en las cifras publicitadas.
A pesar de que la propia ONU registró hasta agosto de 2020 más de 72 mil venezolanos y venezolanas que regresaron al país a raíz de la pandemia, Migración Colombia informó que tan solo por sus fronteras retornaron a Venezuela cerca de 140 mil personas, y a esto habría que sumar más de 23 mil que han retornado por vía aérea gracias al Plan Vuelta a la Patria, y aunque las fronteras del mundo entero comenzaron a cerrarse a partir de febrero de 2020, la supuesta cifra de migración venezolana fue aumentada de 4,5 millones a principios de 2020 a 5,4 a principios del año en curso, sin ninguna explicación.
Incluso el "embajador virtual" de Estados Unidos para Venezuela trinó desde su oficina en Bogotá que en realidad se trataría de casi 6 millones de personas a las que no califica de migrantes sino de "expulsados por el régimen"
A la vez que la Oficina de Migración colombiana publicaba en enero de 2021 que la población venezolana en su territorio había disminuido en el año 2020 un 2,35%. No dan las sumas y las restas porque los números emergen de cálculos inexactos y vulgares comentarios.
En cuanto a la crisis de refugiados y refugiadas habría que decir dos cosas: primero es que, si bien las solicitudes de refugio desde Venezuela fueron muy poco comunes en el siglo XX, hablar de una crisis de refugiados es sumamente exagerado. Según la ONU, hasta febrero de 2021 se encontraban en todo el mundo 798 mil 128 solicitudes de refugio de personas nacidas en Venezuela y solo se había otorgado refugio 143 mil 665 de esta cifra.
Destacamos que Colombia solo ha otorgado refugio a 425 personas de origen venezolano, lo que contrasta con los miles de refugios que ha otorgado Venezuela a refugiados y refugiadas de origen colombiano, sin levantar un escándalo mundial, como también lo destacó el presidente Maduro. Chile, por ejemplo, cuyos exiliados políticos llegaron en grandes contingentes a Venezuela a finales de la década de 1970, solo ha otorgado asilo a 17.
Obviamente, tanto la política migratoria como las cifras manipuladas que se difunden, no las definen los pueblos en este caso de Colombia y Chile, sino sus gobiernos, ambos abiertamente alineados a los Estados Unidos e irrespetuosos de la soberanía venezolana.
Para terminar de contrastar cifras de la fuente que se supone más autorizada en la materia, es decir ACNUR, solo hasta el año 2018 había en el mundo 25,9 millones de personas refugiadas, siendo Siria el primer país de origen de estas personas con 6,7 millones, seguida de Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia, pero los titulares los ocupa Venezuela.
Por último, hay que destacar que, aunque la propia ONU hace constantemente llamados públicos a no confundir la categoría "migración" con "refugio", sus propios representantes en la región han hecho un uso indebido de los términos cuando se trata de Venezuela, sumándose a la guerra mediática contra el país.
En conclusión, no se puede tapar el sol con un dedo y ocultar que la emigración venezolana de los últimos cinco años no ha tenido precedentes para el país. Pero esta es consecuencia de una presión económica y psicológica dirigida desde los Estados Unidos contra Venezuela que también es inédita en la historia.
Lo cierto es que la mayoría de la migración venezolana es lo que se llama comúnmente migración económica que no huye de un conflicto armado como sí sucede con gran parte de la población colombiana que ha llegado a Venezuela desde hace más de cinco décadas. Aun cuando en países como España, Estados Unidos y Colombia se haya exigido la firma de solicitud de refugio a mucha de estas personas como única posibilidad para entrar.
Las fuentes de las cifras, que son los propios países, ofrecen números muy inciertos e incluso se pueden encontrar cifras diferentes en los mismos períodos de distintas agencias de la ONU, lo que hace sumamente difícil precisar la realidad sobre el tema.
En el caso de las cifras ofrecidas por el gobierno colombiano, no cabe duda de que son, más que imprecisas y manipuladas, falsas, tal como lo evidenciamos hace dos años: la cantidad de venezolanos y venezolanas en Colombia corresponde a la sumatoria exacta de personas de Venezuela que han entrado a Colombia desde 1991, es decir, que ninguna de ellas murió, regresó o se fue luego a otro país.
Además, según esa misma oficina, el 56% de ese número es solo una estimación que no puede refrendar, y el 75% se encuentra en edad económicamente activa, lo que puede resultar muy lucrativo para cualquier economía.
A todo esto habría que sumar el número de personas consideradas migrantes que en realidad son hijos e hijas de colombianos y colombianas que migraron a Venezuela y que hoy tienen derecho a reclamar su nacionalidad colombiana, pero que el gobierno de Iván Duque ha retrasado el trámite e insinuado la posibilidad de suspenderlo a pesar de que ello violaría la constitución política de Colombia, acudiendo de nuevo al ya cansado fantasma del castrochavismo.
LAS RUEDAS DE NEGOCIOS PARA LA MIGRACIÓN VENEZOLANA
Los miles de millones de dólares que se han asignado por distintos mecanismos a la atención de la migración venezolana en el mundo no se ven reflejados en acciones de atención real a las necesidades de esa población. Dónde están es un misterio; lo único que queda claro es que no están en manos de los y las migrantes que han salido de Venezuela.
El dinero que la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (también conocida como "Respuesta a los venezolanos" o "R4V", creada en 2018) solicita, para este año, 1 millón 440 millones de dólares, que se repartirían entre 101 ONG, 16 agencias de la ONU y 42 organizaciones de otro tipo que no se especifican; 641 millones son solicitados por Colombia para 45 ONG y 12 agencias de la ONU.
Un dato más que curioso que raya en el descaro y pone en duda la seriedad de esa solicitud, es que los recursos planificados por esta plataforma para Colombia con el supuesto fin de proteger a la migración venezolana, incluyen expresamente en su documento nada menos que la atención a 845 mil colombianos y colombianas que han retornado a su propio país.
A esto hay que agregar que, ya en mayo de 2020, la Unión Europea (UE) organizó una "Conferencia internacional de países donantes" para, según sus declaraciones, apoyar a los migrantes venezolanos y a los países de América Latina y el Caribe que los acogen. En este evento se comprometieron finalmente 2 mil 544 millones de euros entre donaciones y préstamos. Evento que, por cierto, abrió Josep Borrell (máximo representante diplomático de la UE) aclarando que hay discrepancias en torno a las cifras reales de esa migración.
Pero la verdad es que mucho de ese dinero no ha llegado a su destino, no se sabe a ciencia cierta si se han quedado en las entidades financieras, tampoco se sabe a quién se ha endeudado con esos préstamos, ni cómo se ha ejecutado realmente lo que sí ha llegado a su destino, porque básicamente quienes las ejecutan solo hacen declaraciones pero no presentan cuentas públicas. Por lo que los pueblos de los países que han ofrecido donaciones en este evento deberían ser los primeros en exigir auditoría de la ejecución del dinero que les pertenece, además de examinar quiénes utilizan la figura de las donaciones para la evasión fiscal.
Según el Grupo de Acción Financiera (GAFI) creado por el G7 para desarrollar políticas contra el lavado de capitales, las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables de ser utilizadas para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos y legitimar capitales, y esa es otra de las razones por las que este tipo de actividades convocan tantos donantes.
Aún no se sabe dónde ni cuáles de los recursos acordados se ejecutaron, cuáles préstamos se hicieron, quiénes son sus acreedores, qué entidades financieras tramitaron, ni dónde terminaron los recursos que sí llegaron a las ONG y demás instituciones internacionales, pero ya una nueva rueda de negocios en torno a la migración venezolana se ha convocado para el próximo mes de junio de este año.
Lo que evidencian el manejo de las cifras de la migración venezolana, la utilización que se ha hecho de ella como parte de una guerra mediática contra la Revolución Bolivariana y la ingente cantidad de recursos que se han movido en torno a ella, es que en esta guerra híbrida que dirige Estados Unidos contra Venezuela no solo se le impide al país administrar sus propios recursos sino que se le roban sus activos en el extranjero, y como si esto fuera poco ahora también se roban los recursos de otros países en nombre de una supuesta solidaridad internacional con la migración venezolana que más parece un concierto para delinquir.
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