Pese al repetido discurso institucional sobre las bondades de la una migración regulada, la dificultad para conseguir visados obliga a la población africana a jugarse la vida en el mar a pesar de la evidente necesidad de mano de obra no cualificada.
Cuando la migración es segura, ordenada y regular, es posible beneficiarse de esos aspectos positivos. Pedro Sánchez, durante su intervención tras firmar el Pacto Mundial por una Migración segura, ordenada y regular. Marrakech, 2018.
La inmigración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Congreso de los Diputados, 2018.
La inmigración legal y ordenada es una oportunidad de crecimiento y enriquecimiento para nuestra sociedad; una oportunidad para construir sociedades más prósperas, más diversas y cohesionadas. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, durante su participación en un foro de la OCDE. París, 2019.
Quien utilice las vías ilegales tendrá que volver a su país. Por lo tanto, utilicen, quien quiera hacerlo, las vías legales. Las puertas de España estarán abiertas para los senegaleses que quieran migrar a España de manera legal y ordenada. Arancha González Laya, Ministra de Exteriores y Cooperación, en visita oficial a Senegal. Dakar, 2020.
Todos las defienden, pero nadie las facilita. ¿Qué tiene que hacer una persona africana para intentar ganarse la vida en España? La respuesta está claramente a la vista: montarse en una precaria embarcación, ponerse en manos de traficantes de personas y mafias, soportar meses o años de periplo a través de diferentes países, malos tratos, tortura, explotación —esclavitud documentada, por ejemplo, en Libia—, violencia sexual y extorsión. Después de eso, con mucha suerte y miles de euros invertidos, llega Europa. O a España. Llega la irregularidad, vivir sin derechos en el continente de los derechos humanos. Y eso pasa, a juzgar por las declaraciones de los líderes políticos, por no seguir unas normas arbitrarias y tan exigentes que, en la práctica, son una prohibición, según los expertos consultados.
La ausencia de vías legales, ordenadas y seguras para migrar a España y, en general, a Europa desde ciertas partes del mundo es clamorosa, según una amplia red de expertos en políticas migratorias. Pero sigue siendo un lugar común al que recurren los líderes políticos cuando analizan la migración irregular, un viejo fenómeno que, sin embargo, se sigue abordando como una crisis puntual. Las mismas recetas — basadas en un férreo control fronterizo, millonarias inversiones en seguridad y acuerdos para deportaciones legales o ilegales— se llevan aplicando décadas sin que se haya logrado el efecto deseado. Los migrantes siguen llegando —aunque sea un porcentaje ínfimo el que arriba de forma irregular— y cientos mueren en su intento.
Acuerdos con Senegal
A raíz de la situación migratoria en Canarias, Laya volvió en noviembre de Senegal con un acuerdo bajo el brazo para reanudar las deportaciones de los senegaleses que llegan irregularmente a España, que estaban paralizadas por la pandemia. Tras un retraso que nadie ha explicado, este marzo, la cara maquinaria se volverá a poner en marcha. A cambio, los senegaleses que trabajan legalmente en España conservarán sus derechos en materia de Seguridad Social y podrán cobrar la pensión correspondiente en caso de que decidan volver a su país. También ocurrirá lo mismo con los españoles en Senegal. Es el primer pacto de estas características entre un país europeo y otro africano, aunque Laya no habló de más visados para los senegaleses que quieran venir legalmente a España para buscar trabajo, algo que demandaba el presidente africano.
España solo ha concedido 5.813 visados de larga duración a senegaleses en la última década
Casi 68.000 senegaleses tienen un permiso de residencia en España y más de 35.000 están cotizando, casi un tercio en trabajos agrícolas, según los datos oficiales. Sin embargo, el número de visados para viajar a España concedidos a ciudadanos senegaleses en los últimos diez años está entorno a los 35.000. Solo 5.813 fueron permisos de larga duración, es decir, de más de 90 días, ya sea por motivos familiares, de estudios, trabajo o residencia.
Atendiendo a estas cifras, la mayoría de las personas que ahora podrán disfrutar de este acuerdo con la Seguridad Social llegó a España de forma irregular. Pero muchos otros, jóvenes como Samba, de 28 años, que sobrevive como vendedor ambulante en Madrid tras cruzar en patera el Estrecho hace cinco años, no figuran en ninguna estadística. Él no pidió ningún visado, siempre le sería imposible reunir los requisitos. Decidió optar por su única posibilidad, subirse al cayuco. Con suerte, una vez aquí, podrá conseguir sus papeles después de pasar por el infierno de la irregularidad durante al menos tres años, cuando pueda solicitarlos por la vía del arraigo social. No le será fácil conseguirlos.
Tras una inspección a fondo de la crisis migratoria el Defensor del Pueblo advirtió con «preocupación» en su informe de que un «número significativo» de ciudadanos marroquíes y senegaleses manifestaban que sus familiares «residían en España y que, antes de embarcarse en una patera, habían intentado sin éxito reunirse con ellos de manera legal». También recordaba las «quejas recurrentes» que recibe de ciudadanos marroquíes y de residentes senegaleses en España por las denegaciones de visados de trabajo o de estudiante; o por «demoras inaceptables» en las tramitaciones de visados por reagrupación familiar. Pidió una «evaluación en profundidad» de esta política al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Discurso «hipócrita»
«Cuando los políticos hablan de una migración regular y ordenada solo hay hipocresía. Sobre todo, en lo referente a los migrantes africanos». Lorenzo Gabrielli lo tiene claro. Es doctor en Ciencias Políticas, investigador de las migraciones entre África y Europa en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la de Burdeos (Francia), y analista en proyectos de la Comisión Europea y Naciones Unidas.
Hace pocos meses, Gabrielli firmó una carta para la Comisión Europea, junto a más de 240 colegas investigadores, todos financiados por las instituciones europeas. Expresaban su preocupación ante el «peligroso» rumbo de las políticas migratorias recogidas en el borrador del pacto europeo de migración y asilo. No entienden que se les financie para investigar mejoras y soluciones al drama y que sus trabajos acaben en un cajón mientras las decisiones que se toman van en sentido opuesto a sus conclusiones.
Islas Mauricio y las Islas Seychelles son los únicos países africanos cuyos ciudadanos puedan viajar a Europa sin visado
Según Gabrielli, «apenas existen canales formales para viajar y trabajar en España» si vienes de África, pero «la necesidad de mano de obra es una realidad» que podemos ver en los invernaderos de Almería o en los campos de fresa de Huelva.
Solo hay dos países africanos cuyos ciudadanos puedan entrar en el espacio Schengen sin necesidad de visado: las islas Mauricio y las Islas Seychelles. «El resto, más de 50 países, necesitan permiso incluso para estar menos de 90 días, algo que sí está permitido para la mayoría de los países americanos», añade Marta Gionco, experta de la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados (PICUM, por sus siglas en inglés).
Según un análisis de PICUM sobre la Ley de Extranjería española, un trabajador migrante solo puede trabajar en España si tiene derecho a residir de forma legal en el país. «La regla general es que los trabajadores migrantes se deben contratar en su país de origen para poder trabajar por primera vez en España con un contrato de trabajo», especifican. «Un trabajador migrante situado fuera de España tiene que obtener un permiso temporal oficial de residencia y empleo para tener derecho a residir y trabajar legalmente en España con un contrato de trabajo», añade.
En la práctica, esto es francamente difícil de conseguir, porque la responsabilidad de solicitar un permiso de residencia y de trabajo corresponde a la empresa, no al trabajador migrante, quien tiene la obligación de presentar su solicitud a la autoridad competente para ocupar el puesto vacante.
La histórica migración desde Marruecos
La única fórmula conocida que sigua estas premisas es la contratación en origen de trabajadoras marroquíes para la campaña de los frutos rojos de Huelva. Alrededor de 14.000 mujeres vienen y regresan cada año, no sin lamentables episodios de explotación, abusos y trato degradante en muchos casos. En los años 80, los ciudadanos marroquíes podían viajar a España sin necesidad de visado. Se produjo entonces la primera gran migración de marroquíes hacia el Maresme catalán, para trabajar en la agricultura.
Según un estudio del Real Instituto Elcano, hasta la imposición del visado en 1991, «buena parte de los migrantes marroquíes que trabajaban a lo largo de la costa mediterránea en la agricultura, desde el Maresme a Almería, practicaban de hecho una migración circular, compaginando su trabajo y su estancia en España durante meses con el mantenimiento de su familia, su vivienda y su actividad agrícola en Marruecos». Desde 2002, añade el estudio, este tipo de migración de ida y vuelta resultó imposible, especialmente para los inmigrantes que seguían siendo irregulares y que ya no querían arriesgarse a volver a Marruecos por si no podían regresar a Europa. Después, la entrada de Rumanía y Bulgaria al mercado común europeo facilitó la llegada estacional de la mano de obra necesaria.
«No coinciden las necesidades del mercado laboral español con los permisos de trabajo y residencia que se dan»
«Actualmente, no coinciden las necesidades del mercado laboral español con los permisos de trabajo y residencia que se dan. Es muy difícil conseguir un permiso trabajo en origen desde África si no se está altamente cualificado, pero la realidad es que hace falta mano de obra no cualificada que acaba reclutándose, pero sin derechos y con explotación«, añade Gionco.
Esta investigadora coincide con Gabrielli en que los obstáculos para migrar a Europa de forma regularizada son enormes sin eres asiático o africano. «En 2018, solo el 5% de los permisos expedidos para realizar actividades remuneradas en Europa se concedieron a nacionales de países africanos, mientras que un 51% fueron para ciudadanos europeos. El sesgo es claro, depende del país de que se proceda», apunta esta experta, que se basa en datos de EUROSTAT analizados por PICUM.
El muro de los visados
Según el INE, en 2019 se concedieron 1.851.898 visados a extranjeros de todo el mundo para entrar en España, una cifra más o menos estable a lo largo de la década. De ellos, 417.014 fueron para ciudadanos africanos, casi el doble que en 2010, cuando se autorizaron 228.648. Las cifras pueden parecer abultadas, pero según los expertos, son engañosas. Prácticamente la mitad de esos visados (211.828) fueron para ciudadanos de Marruecos, el país vecino, con larga tradición migratoria hacia España, con una elevada inserción de sus migrantes en la sociedad y acuerdos de contratación en origen como el de las temporeras de la fresa de Huelva. Aun así, la mayoría de las casi 42.000 personas que entraron en España de forma irregular el pasado año son marroquíes, lo que arroja dudas sobre sus posibilidades reales para llegar a España en avión o en ferry, en pocas horas y por 200 euros, en lugar de jugarse la vida en una patera durante varios días en el mar por 3.000 euros que pagan a una mafia, incide Gabrielli.
Según el Defensor del Pueblo, los seis consulados españoles en Marruecos tramitaron en 2019 un total de 262.227 visados, de los que unos 47.000 fueron denegados y solo 39.633 fueron de larga duración.
«No sabemos realmente cuántos visados se han solicitado ni cuántos se han rechazado ni por qué», apunta Gabrielli, que conoce bien el tortuoso laberinto burocrático para conseguir una visa desde África hacia territorio Schengen europeo. «Necesitan acreditar cierto poder adquisitivo, tener un domicilio o una reserva de hotel, pagar las tasas por el trámite se les conceda el visado o no y conseguir cita en la embajada o consulado en su país», resume grosso modo el investigador.
Solo contando los visados concedidos a ciudadanos de países enmarcados en el «resto de Europa», que no pertenecen a la UE ni son territorio Schengen (Bielorrusia, Rusia, Serbia, Turquía Ucrania y otros), en 2019 se aprobaron 589.278, casi un 30% más que para los procedentes de África. 642.877 fueron para personas procedentes de Asia, 163.283 para suramericanos y centroamericanos y 37.824 para originarios de EEUU, Canadá y México.
Pero la foto cambia si miramos a los visados de larga duración concedidos a los ciudadanos africanos. En 2019 fueron 50.000. Ese mismo año llegaron de forma irregular, en patera o saltando las vallas de Ceuta y Melilla, 32.000 personas, según datos del Ministerio del Interior. De esos 50.000 visados de larga duración, casi 40.000 fueron para ciudadanos marroquíes, y de ellos, prácticamente la mitad se deben al programa de «migración circular» para la campaña de frutos de rojos onubense, un sistema altamente criticado, con un claro sesgo a favor de mujeres con escasa formación, proveniente de entornos rurales empobrecidos y con cargas familiares que garantizan no solo su regreso al final de la campaña agrícola, sino una desprotección casi absoluta ante los empleadores, apunta Gabrielli. El resto de estos visados para marroquíes son permisos para la reagrupación familiar de ciudadanos que ya llevan años legalmente en España.
«El grueso de migrantes que acaban en la irregularidad llegan a España en avión», apunta Blanca Garcés
El siguiente país con más visados de larga duración concedidos en 2019 es Argelia, aunque la cifra cae con mucha fuerza: 2.711. Sin embargo, la afluencia de pateras argelinas hasta las costas levantinas y baleares durante 2020 también experimentó un gran repunte del que Interior no facilita datos exactos. Senegal es el tercer país africano con más visados largos, 1.365. Un número insignificante si se atiende a los más de 4.500 senegaleses que llegaron en cayucos solo a Canarias en 2020. Ni siquiera países inmersos en un conflicto armado, como Mali, tienen fácil obtener un visado para pedir asilo en España. En 2019, se concedieron 1.611 visados a sus ciudadanos, y solo 586 fueron de larga duración, la inmensa mayoría (490) por motivos de reagrupación familiar. En 2020, llegaron a Canarias irregularmente 4.126 malienses, según datos recientes del Defensor del Pueblo.
Latinoamérica, la «migración deseada»
«A simple vista, vemos que España concede más visados a personas procedentes de África que a los latinoamericanos», apunta Blanca Garcés, investigador del CIDOB. Unos datos que no reflejan la realidad, ya que España no exige visados a la mayoría de países de América Latina. Según Garcés, el grueso de migrantes que acaban en la irregularidad llegan a España en avión desde estos países y recurren a la vía del asilo y la protección internacional para garantizarse un estatus de regularidad temporal, aunque sea precario, una vez que pasan los 90 días de permiso de estancia como turistas.
«Evidentemente, no es una migración ordenada, ni mucho menos, pero no se juegan la vida en una embarcación precaria ni su entrada en España es tan espectacular como las imágenes de pateras atestadas llegando a las costas. En realidad, estamos hablando de la migración deseada, la que más aceptación tiene entre los empleadores españoles», apunta.
El cierre de fronteras que impuso la pandemia el pasado año ha reducido notablemente las llegadas de migrantes latinoamericanos a España, aunque las cifras siguen mostrando una desigualdad abismal entre las formas de alcanzar Europa de forma segura desde América y desde África. Si en 2020 llegaron 41.861 personas migrantes de forma irregular en pateras o a través de vallas de Ceuta y Melilla, casi 56.000 lo hicieron en avión desde Colombia y Venezuela para, después, solicitar asilo. La cifra se eleva hasta más de 70.000 si contamos las peticiones de asilo de hondureños, peruanos y nicaragüenses. Y esto son solo los datos de asilo, en los que no figuran los latinoamericanos que no recurren a esta vía para permanecer en el país.
La diferencia es aún mayor si se miran los datos de 2019, cuando la pandemia no frenó el tráfico aéreo entre continentes. Numerosos informes llevan años mostrando esta realidad, expertos financiados por la Unión Europea confirman que la llamada «presión migratoria» no está en las costas españolas, sino en sus aeropuertos, y que la llegada de estos contingentes de personas no solo no ha generado problemas al sistema, sino que ha sido siempre absorbida casi en su totalidad por el empleo nacional, ya sea formal o informal.
Aunque estos cientos de miles personas no pueden disfrutar de plenos derechos hasta que logran regularizar su situación ni tampoco pueden aportar ingresos a las arcas españolas porque, directamente, se les emplea sin contrato. Pero a pesar de la evidencia empírica, los diferentes Gobiernos españoles y europeos insisten en destinar cientos de miles de millones cada año al férreo control de las rutas migratorias desde África y ponen el foco en las llegadas irregulares al sur del continente que, en 2020, no superaron las 100.000, según datos de la UE.
El poder del empleador en la política migratoria
Gabrieli resume el sistema de forma ilustrativa: «La puerta delantera para la migración ordenada está prácticamente cerrada, pero la trasera se deja entreabierta, generando un flujo continuo de trabajadores sin derechos que beneficia a los empleadores«. Según recuerda, hasta la crisis del petróleo de los años 70, en Europa había canales formales de reclutamiento de mano de obra extranjera. «Eran canales que funcionaron, había movimientos de personas y apenas tráfico y mafias», explica. Aquello acabó y, ahora, el que viene, venga como venga, tiene que quedarse, aunque le vayan mal las cosas. Si un ciudadano con visado permanente está fuera del país durante seis meses, pierde su permiso de estancia. Un migrante en situación irregular ni siquiera puede comprar un billete de avión de vuelta a su país.
El presupuesto de Frontex ha pasado de 16 millones en 2005 a casi 550 en 2019
Mientras España y Europa hablan de vías legales y ordenadas para migrar, la agencia europea de control de fronteras (Frontex) ha pasado de un presupuesto inicial de 16 millones de euros en 2005 a casi 550 en 2019. En el Parlamento Europeo se debate un plan migratorio que refuerza los controles, externaliza las fronteras y planifica expulsiones, mientras que la parte dedicada a habilitar canales de migración legal y ordenada «apenas existe y está muy vagamente desarrollada», resume Gionco.
Mientras se detallan esos planes de los que siempre se habla y nunca llegan, migrantes como Adagra, de Costa de Marfil, seguirá viviendo en una chabola de cartón, plástico y maderas en Lepe. Dice que siempre ha encontrado trabajo desde que llegó a Europa tras pasar por las torturas de un centro de detención en Libia. Dice que llegó en patera en Italia. Dice que trabaja mucho, incluso con los papeles de otro, porque él todavía no los tiene. Lleva así más de tres años.
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