La Fiscalía boliviana ha abierto una nueva investigación contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por proclamación irregular como jefa de Estado en 2019.
El coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz (capital administrativa de Bolivia), Sergio Bustillos, ha afirmado este miércoles que abrió “la investigación [contra Áñez] por el tipo penal de prolongación de funciones [...] tanto como presidenta del Senado como también como presidenta del Estado Plurinacional”, ha informado el diario local La Razón.
Bustillos ha explicado que la decisión se ha tomado en virtud de una denuncia oficializada el 27 de abril por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien señala que el objetivo de este nuevo proceso legal contra Áñez es saber en qué situación la exsenadora asumió como presidenta del Senado en 2019, ya que, ha considerado, “ni la Constitución Política del Estado, ni el reglamento de la Cámara de Senadores lo permiten”.
El actual presidente del Senado ha afirmado también que, de acuerdo con el reglamento general de senadores, al bloque mayoritario le corresponde la Presidencia del Senado; sin embargo, mientras el Movimiento al Socialismo (MAS) contaba con la mayoría y Áñez formaba parte de la oposición, la exsenadora se declaró presidenta del mismo y “se autoproclamó” presidenta del Estado.
“Bajo ninguna circunstancia, ningún escenario, la señora Áñez pudo haberse arrogado la Presidencia del Senado”, ha enfatizado Rodríguez.
Tras el golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales en noviembre de 2019, la entonces senadora Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, pese a no cumplir con los requisitos constitucionales para ello, lo que provocó protestas masivas de los partidarios de Morales y una brutal represión policial.
La exmandataria de facto permanece en prisión desde el 13 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el referido golpe de Estado y asumir la Presidencia del país de forma ilegal, así como la represión que le siguió.
Además, le espera una serie de demandas en su contra por otros delitos cometidos como presidenta de facto, entre ellos, la compra irregular de respiradores y gases lacrimógenos, la venta de cargos y cobros ilegales, y la contratación y recepción de un crédito de 347 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Cabe indicar que, tras dar curso a esta nueva investigación en contra de Áñez, Bustillos ha abierto la puerta a una posible unificación de las denuncias acumuladas contra la exmandataria de facto.
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