Por Pavlos Roufos. Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021.
«Vuestros días se acabaron». Esto es lo que los policías griegos gritaron a un grupo de abogados a los que se les impedía (ilegalmente) el acceso a sus clientes, quienes habían sido detenidos (ilegalmente) por intentar iniciar una manifestación que, en un típico indicio de la reciente indiferencia del gobierno por sus propias leyes autoritarias, no había sido oficialmente declarada como ilegal. Este particular intercambio, que tuvo lugar frente a la sede central de la policía en Atenas, el 6 de marzo de 2021, pudo haber pasado desapercibido. El papel estructural de la policía es tal, al final, que un amplio espectro de actitudes similares acompaña diacrónicamente el ejercicio del “monopolio de la violencia legítima”. Si hay algo que lo hace digno de mención, sin embargo, es el hecho de que, en el contexto contemporáneo, esos momentos capturan perfectamente una forma cada vez más común de gobernanza de un mundo ingobernable.
Muchos han señalado ya cómo el creciente estancamiento del capitalismo en las últimas décadas ha generado, entre otras cosas, el debilitamiento radical de la socialdemocracia europea, un proceso exacerbado por la crisis económica de 2008. Este desarrollo ha sido descrito ocasionalmente usando el término general “pasokificación”1/, término que denota la desaparición de una forma histórica de gobierno y aparato de estado, caracterizada principalmente por el intento de integrar, en lugar de reprimir, formas de antagonismo social. En 2015 el gobierno de Syriza representó un intento ahistórico de revivir a este zombi. Que esta empresa fracasara no fue simplemente el resultado, como a muchos de la izquierda les gusta pensar, de alguna presión exógena (en este caso, la invariancia de la Troika). Las condiciones materiales que habían proporcionado la base de este compromiso histórico ya no están aquí. En consecuencia, la supervisión de Syriza del proceso de austeridad aceleró esta realización, alimentando aún más la crisis de representación que esto produce.
Como en otros lugares, la combinación de esta crisis política y el continuo estancamiento de la economía capitalista ha impulsado el crecimiento de una forma específica de gobierno, a menudo descrita como populismo de derecha, liberalismo autoritario o iliberalismo. Independientemente del término que uno use para indicarlo, una característica clave de este modo contemporáneo de gobierno es que la política, “en la forma clásica de enemistad y escisión regresa con una venganza”.2/ El objetivo común, expresado de diferentes maneras pero con una notable coherencia en todo el mundo, debe «liberarse» de la política del compromiso. En Grecia, esto se ha expresado discursiva y prácticamente en el deseo de «liberar» a Grecia del consenso posdictadura (metapolitefsi), identificado como el predominio desafortunado y destructivo de la «izquierda».3/ Si, económicamente hablando, esto resulta en lo que a menudo aparece como una gestión visiblemente corrupta pero a la vez irracional de una parte cada vez menor de los recursos disponibles, la Staatsvernunft («racionalidad estatal») que la acompaña se basa en un uso agravado de la violencia policial, con la policía cada vez más y inevitablemente tomando la forma de una estafa.
El estallido de la pandemia de COVID-19 saturó aún más a estos desarrollos. Si las luchas por recursos menguados ya se centraban en cuestiones del trabajo reproductivo (desde los salarios hasta la atención sanitaria), la pandemia ha introducido con fuerza un aspecto directamente biológico en la incertidumbre generalizada. En respuesta, obsesivamente ligados a la mentalidad ortodoxa de buscar soluciones basadas en el mercado para la catástrofe social, los gobiernos de todo el mundo lo han apostado todo en revertir las consecuencias del virus en el marco competitivo, y por tanto inhumano, de las vacunas. El punto de ignición de tal desarrollo nos está mirando directamente en la cara.
En 2008, algunos manifestantes describieron su rebelión contra la brutalidad policial en Grecia como una imagen del futuro. Más de una década después, pero esta vez de forma negativa, la verdad de esa visión continúa persiguiéndonos.
Una nueva política convencional
Elegido en julio de 2019, después de la derrota de Syriza, el gobierno de Nueva Democracia fue anunciado por la prensa dominante como una oportunidad para que Grecia «regresara a la política convencional».4/ La idea de que la adopción incondicional de la austeridad por parte de Syriza no estaba, de alguna manera, dentro de los marcos de la “política convencional” sigue siendo un misterio; la noción de que los llamados rasgos distintivos de la Nueva Democracia (proeuropea, pro reforma, económicamente mayoritaria) la distinguen de Syriza es ridícula.
Si la capitulación del gobierno de Syriza ofreció una salida a la polarización e inestabilidad de sus primeros meses, también permitió un mínimo espacio para experimentación con políticas de recuperación. El respiro que brindó la retirada de una inminente amenaza de colapso facilitó tanto la continuación de la austeridad como la integración de aquellos elementos de izquierda que habían quedado tras la derrota de los movimientos sociales, para quienes aparecieron oportunidades de empleo. Y aunque no haya razón para exagerar el significado de tales casos, siguen representando un enfoque socialdemócrata más amplio que ya no puede sostenerse a sí mismo a largo plazo ni resolver las contradicciones que surgen de su coexistencia con la austeridad.
Residuos obstinados de tales visiones y (hasta cierto punto) prácticas han sobrevivido en países como Grecia y Francia. Toman la forma de una debilitada pero aún visible organización sindical, una legislación anacrónica en torno a los derechos colectivos, los sistemas educativos de acceso abierto, los vínculos culturales y un entorno radical marginal pero vocal que tiende a multiplicarse durante las explosiones sociales. Si el modelo de gestión de Macron puede verse como un intento de ajustar cuentas con este mundo, el gobierno de Nueva Democracia se ve a sí mismo como su compinche. Aprovechando la oportunidad que el coronavirus ofrece, pero firmemente guiado por una ideología de derecha y convicción autoritaria, el gobierno se ha propuesto a exorcizar una serie de fantasmas post-dictadura.
El marco de la covid-19
Durante los primeros meses de la pandemia, Grecia evitó las consecuencias apocalípticas que estaban surgiendo en lugares como Italia. Naturalmente, el gobierno hizo todo lo posible para responsabilizarse de esto, pero en realidad tuvo un rol pequeño en ello. Grecia no sólo estaba protegida por su desconexión de los ejes del comercio mundial y las rutas de transporte, sino por el hecho accidental de que el brote se produjo en la temporada turística baja. Una sensación generalizada de pánico facilitó las primeras medidas de cierre del gobierno 5/, una decisión que se vio favorecida por el hecho de que la mayoría de las personas ejercían prácticas como el distanciamiento social o evitaban grandes reuniones en interiores debido a la falta de confianza en el gobierno. La conciencia de que el sistema de salud ya había sido diezmado después de 10 años de austeridad hizo con que las personas estuviesen menos dispuestas a correr riesgos 6/.
Mientras las medidas de confinamiento en Italia y Francia se iniciaron después de que el virus se había extendido ampliamente, aparentemente socavando cualquier efectividad potencial, el pronto confinamiento de Grecia tuvo lugar antes de cualquier propagación significativa, facilitando el aislamiento de los casos. Al mismo tiempo, Grecia carece de los lugares de trabajo densamente poblados y de las industrias que parecen haber desempeñado un papel importante en la propagación temprana de la pandemia en otros países y cuya importancia económica hizo inconcebible cerrarlos. Como se mencionó en ese momento, el “‘defecto’ estructural de un país basado en el turismo, los servicios y el pequeño-mediano emprendimiento fue, por primera (y quizás) última vez, una ventaja real.”7/
Dadas esas condiciones, el historial real de las acciones preparatorias del gobierno está lejos de ser halagador. La noción de fortalecer el sistema de salud fue, como en otros lugares, rechazada desde el principio por ser un compromiso a largo plazo y un costo innecesario; como anunció el Ministerio de Sanidad griego en abril de 2020, contratar a 381 profesionales sanitarios con contratos temporales fue «más que suficiente». Un informe de la OCDE publicado en noviembre de 2020, que buscaba evaluar la resiliencia de los sistemas de salud en Europa durante la pandemia, expuso las consecuencias concretas de esta elección.8/ En él, Grecia obtuvo el penúltimo lugar en términos de compromisos adicionales de gasto en salud de covid-19, e incluso este gasto se dirigió a puestos adjuntos. Agravado aún más por las consecuencias del proceso de austeridad, que el informe de la OCDE representa en el pésimo porcentaje de personal de salud por población, en la cantidad de UCIs disponibles (Grecia fue nuevamente la penúltima) y, finalmente, en el número de tests per cápita realizados (menos de 53 pruebas por 100.000 habitantes), aquí estaba presente una receta para el desastre. Si el gobierno puede reclamar alguna responsabilidad en relación a la gestión de la pandemia, es por el deterioro que le siguió.
Los resultados positivos de los primeros meses desaparecieron después del verano de 2020, durante el cual el gobierno hizo todo lo posible por revertir las ventajas que le había proporcionado su relativo aislamiento. Al abrir las fronteras a las bandadas de turistas, se abstuvo de implementar procedimientos serios de tests, cuarentena o monitorización, para que no resulten en una carga para quienes vinieron a «vivir sus mitos en Grecia». Comenzando gradualmente en agosto de 2020, a finales de octubre las infecciones diarias habían disparado, y los trabajadores de la salud pública, que ya carecían de personal, advirtieron desesperadamente sobre la rápida reducción de las UCIs. A partir de ese momento, los peligros inevitables que acompañan a un virus de fácil propagación que va más allá de cualquier control gubernamental centralizado se vieron agravados por una serie de políticas contradictorias (si no, en ocasiones, criminalmente irresponsables) que culminaron en la reimposición de un confinamiento en noviembre.
El intento del gobierno de imponer el trabajo a distancia, al reducir la asistencia presencial en el sector público y privado al 50 por ciento, se vio minado por la falta de controles rigurosos (especialmente en el sector privado), así como por la exclusión de los trabajadores con contrato temporal de los cálculos estadísticos. Durante meses, el congestionamiento visible en los medios de transporte públicos fue descartado como un posible peligro. Por último, la decisión en implementar la medida adicional (e irracional) de un toque de queda diario (originalmente establecido a las 6 pm, recientemente extendido a las 9 pm) resultó ser desastrosa 9/. Como algunos ya habían señalado en ese momento, la combinación de un cierre de los lugares de trabajo semirregulados, los medios de transporte público y los supermercados superpoblados aumentaron los grupos de infección, mientras que el toque de queda aseguraba que las infecciones se propagarían a través de los hogares. No hay duda de que la búsqueda por las medidas más eficaces contra la pandemia sigue siendo un tema de acalorado debate, incluso entre los científicos. Pero hay poco espacio para el debate en torno al constante rechazo a fortalecer el sistema de salud.
El 17 de marzo de 2021, día en que se registró el mayor número (3.465) de infecciones desde el inicio de la pandemia, no habían más UCIs disponibles en toda Grecia, mientras que muchos pacientes con coronavirus ya habían sido colocados en los pasillos de los hospitales y los trabajadores sanitarios afirmaban que ya se estaba llevando a cabo alguna forma de triaje. Mientras tanto, el gobierno exigió la cancelación del 80 por ciento de las cirugías no relacionadas con la covid-19, creando una situación horrible para los pacientes con cáncer, cardíacos o de accidentes de tráfico. La persistente demanda de los trabajadores de la sanidad pública de requisar hospitales y clínicas privadas para acomodar a todos los pacientes también ha sido rechazada por ser demasiado costosa.10/ En este contexto aterrador, y para colmo de males, el primer ministro Mitsotakis anunció una reapertura gradual y una relajación de medidas a partir del 22 de marzo, y concedió una entrevista en CNN anunciando con orgullo que «Grecia estará abierta este verano», ya que «los europeos sentirán la necesidad real de viajar y tenemos que facilitarles viajar lo más posible.»11/
Demostrando fuerza
En julio de 2020, el gobierno de Nueva Democracia aprobó una ley que buscaba regular el derecho de reunión y manifestación, de acuerdo con legislación europea similar respaldada por decisiones del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea. Sobre la base del argumento de que Grecia tiene demasiadas manifestaciones disruptivas, la ley estipula que las manifestaciones ya no están permitidas sin aviso previo y permiso oficial, mientras que sus organizadores deben asignar a alguien como legalmente responsable de su conducta. La ley sí que preveía manifestaciones espontáneas, pero la policía tiene derecho a exigir que alguien sea identificado como representante legal in situ. De lo contrario, la policía puede declarar la manifestación como ilegal, disolverla y proceder con las respectivas detenciones.
El estado griego ha hecho intentos similares en el pasado, aunque con poco éxito. Esto se debe en parte a la importancia histórica de las manifestaciones en Grecia. La experiencia del autoritarismo de derecha de la posguerra y, más concretamente, de la dictadura militar, había creado un panorama social y político en que las manifestaciones se concebían como un derecho inalienable, y su no obstrucción como un signo de libertad. En el predicamento contemporáneo, este derecho ha sido “abusado” y debe ser restringido radicalmente. En condiciones de gobierno democrático, prosigue el argumento, hay menos razones para manifestarse. Como declaró el primer ministro en una entrevista reciente, «el derecho a manifestarse no es tan importante como el derecho a trabajar».
En tal contexto histórico, la decisión política y el marco legal de restringir el derecho de reunión permanece dependiente de una cierta relación de fuerzas. Como resultado, la implementación de la nueva ley ha sido selectiva y contradictoria. Además, dado que la pandemia de covid-19 permanece como el marco general dentro del cual se están produciendo estas transformaciones, ha habido una cierta mezcla de excusas para declarar ilegales las manifestaciones en los últimos meses. Así, por ejemplo, los parlamentarios de Nueva Democracia exigieron (con éxito) la prohibición de la manifestación anual del 17 de noviembre, que celebraba la revuelta de 1973 contra la dictadura, utilizando las excusas tanto de la pandemia del coronavirus como de la nueva ley. Algunas manifestaciones estudiantiles han sido violentamente disueltas por la policía, apelando a la violación de las medidas de distanciamiento social, mientras que otras (generalmente más grandes) fueron permitidas a regañadientes. Con el conflicto latente en torno a la nueva ley de educación superior al borde de la explosión, el futuro y la posible no implementación de la nueva ley de manifestaciones se decidirá en las calles.
Ley universitaria
Si existe un paralelo histórico que mejor describe la situación de las universidades griegas hoy, en relación con el papel social de la enseñanza superior y la confluencia entre la vida estudiantil y el panorama político general, es probablemente el de Italia en los 70 o el de Francia a finales de los 60. Como fue el caso en Italia y Francia en ese momento, las universidades como ubicaciones físicas y los estudiantes como sujetos continúan actuando como puentes entre los movimientos sociales y políticos y representan un lugar de resistencia siempre que el antagonismo social alcanza niveles explosivos. Los partidos parlamentarios continúan teniendo secciones juveniles activas dentro de las universidades, que entran en contacto o conflicto directo con tendencias políticas y / u organizaciones más amplias que, sin embargo, han desaparecido en su mayoría de los lugares de trabajo. La izquierda extraparlamentaria mantiene una presencia considerable, mientras que los grupos anarquistas y radicales continúan activos dentro de los mismos espacios, a menudo estableciendo centros sociales ocupando espacios abandonados. En momentos de mayor tensión social, como fue la revuelta de diciembre de 2008 o durante los movimientos anti-austeridad, las universidades céntricas se convierten en centros de lucha y de batallas campales con la policía.
Sin embargo, dado que estos casos son, a pesar de su dinamismo, parcos y distantes entre sí, la descripción oficial de tal politización como «disruptiva» para la función cotidiana de la universidad como un «espacio de aprendizaje» es más que exagerada. Sigue siendo, aún así, una justificación clave de la nueva Ley Universitaria aprobada en enero de 2021. Al identificar tales formas de actividades políticas como expresiones de anomia y al ubicarlas en la misma categoría que el narcotráfico o el robo, la ley apunta explícitamente a «esterilizar» los espacios educativos y universitarios desde cualquier vínculo con la sociedad en general más allá del mercado laboral. Para lograr esto en la práctica, un aspecto central de la nueva ley es la introducción de una unidad policial permanente dentro de las universidades, encargada, entre otras cosas, de garantizar que solo los estudiantes y el personal registrados puedan tener acceso a los terrenos universitarios. Se espera que cualquier grupo, organización o actividad no relacionada con la universidad sea criminalizado y excluido. La legislación posterior a la dictadura que designaba los espacios universitarios como santuarios de las fuerzas policiales fue rápidamente abolida.
Desde otra perspectiva, la noción de que la mayor “disrupción” de la vida universitaria se refiere a la presencia y las actividades políticas de los no estudiantes no explica por qué la nueva ley también apunta a restringir las actividades políticas de los propios estudiantes (específicamente de izquierda). 12/ Junto a la presencia policial permanente en los campus y las entradas controladas electrónicamente para excluir a los no estudiantes, la nueva ley introduce un sistema de vigilancia panóptica, con cámaras dentro y fuera de las salas de conferencias acuñadas como “medidas preventivas contra la delincuencia”. Dado que la “delincuencia” es más un concepto sociopolítico que legal, entregar ese deber a la policía es una clara señal del intento de criminalizar esencialmente un conjunto de conductas y actividades. Esto se acompaña, al mismo tiempo, de un marco legal disciplinario dirigido a los estudiantes, que agrupa ejemplos de “mala conducta” tan distantes entre sí como “copiar en exámenes” (ya penalizado, claro), narcotráfico y (actividades no previamente tipificadas como) «obstruir el buen funcionamiento de la institución» y / o hacer «uso no autorizado de espacios cerrados o abiertos … para fines no concomitantes con las tareas de la institución».
Si destruir las condiciones que permiten un inaceptable nivel de politización es un aspecto crucial de la nueva ley, otra preocupación clave es el intento de dar una solución a lo que puede describirse como una crisis permanente de la enseñanza superior. Esto se refiere al papel de la enseñanza superior como mecanismo de asignación eficiente dentro de la división general del trabajo y la contradicción entre su conceptualización (especialmente en Grecia) como un camino hacia mejores condiciones laborales y la creciente incapacidad de la economía capitalista para absorber un número creciente de los graduados universitarios en un entorno de trabajos escasos, mal remunerados y poco calificados.
Para hacer frente a esto, la nueva ley reduce drásticamente el número de estudiantes que ingresan a la enseñanza superior (los cálculos predicen que habrá aproximadamente 20,000 estudiantes menos el próximo año), al mismo tiempo que introduce reglas estrictas que limitan la duración de los estudios universitarios. Centrándose en la categoría de “alumnos eternos” (es decir, aquellos que superan la duración “normal” de los estudios) y presentando su existencia como un obstáculo, hay pocas dudas de que el objetivo es reducir la cantidad total de alumnos excluyendo efectivamente los que se ven obligados a trabajar mientras estudian, es decir, el porcentaje más alto de quienes “superan” el tiempo oficial de sus estudios.
Dentro del contexto general descrito anteriormente, una forma crucial de implementar reformas de tan largo alcance se basa en el hecho de que las universidades permanecen (y permanecerán hasta septiembre de 2021) cerradas debido al coronavirus. No por casualidad, la semana en que se aprobó la ley en el parlamento también fue elegida como la semana para aprobar la prohibición del derecho a reunirse y manifestarse. Sin embargo, ya se han producido movilizaciones estudiantiles, con miles uniéndose a las manifestaciones y cientos ocupando espacios universitarios en protesta. Y aunque el gobierno intentó hacer uso de sus nuevos instrumentos legales para disolver manifestaciones, desalojar ocupaciones y arrestar estudiantes, la resistencia a la ley continúa y seguramente aumentará en los próximos meses. Dado que una parte considerable de los administradores, profesores y personal universitario rechaza la nueva ley (el costo de la fuerza policial permanente equivale a casi 50 por ciento del presupuesto total de educación) 13/ al enfatizar que el problema clave de la enseñanza superior es su falta de financiación y no “la falta de leyes”, el éxito de su implementación sigue siendo ambiguo.
Huelga de hambre
Uno de los detenidos el 6 de marzo fue Ektoras Koufodinas. Su padre, Dimitris, ha estado en prisión desde el 2002, cumpliendo múltiples condenas perpetuas como miembro del grupo armado 17 de noviembre, una organización antiimperialista de izquierda activa desde 1975 hasta la detención de sus miembros en 2002.
Después de haber pasado aproximadamente 16 años en una celda subterránea especialmente diseñada en Atenas, Koufodinas había sido trasladado a una prisión rural de mínima seguridad en agosto de 2018. Esto se basó en la ley 4322/15 aprobada por el gobierno de Syriza, que permitía a los presos con penas pesadas a ser trasladados a cárceles rurales en un intento, entre otras cosas, de descomprimir las cárceles urbanas superpobladas. En su campaña preelectoral de 2019, Nueva Democracia prometió derogar la ley 4322/15, utilizando explícitamente el ejemplo de Koufodinas como detonante de tal decisión 14/ Después de su elección, Nueva Democracia cumplió su promesa y aprobó la ley 4760/20, que prohíbe el traslado de presos detenidos por delitos específicos a cárceles rurales. Como el gobierno afirmó en repetidas ocasiones en ese momento, los condenados por terrorismo no deberían disfrutar de esos «privilegios». En diciembre de 2020, Koufodinas fue retirado de la prisión rural.
Sin embargo, y en otra indicación de que el partido de la “ley y orden” parece estar solo formalmente preocupado con asuntos legales, su traslado ni siquiera siguió la ley 4760/20. En su formulación oficial, la ley establece explícitamente que los presos deben ser devueltos a la cárcel desde donde fueron trasladados originalmente. En este caso particular, sin embargo, después de que el Comité Central de Traslados Penitenciarios (KEM) tomara la decisión oficial de devolver a Koufodinas a la celda subterránea de Korydallos, el presidente del Comité intervino personalmente y ordenó su traslado a una prisión de máxima seguridad en Grecia central, a horas de Atenas. En respuesta a esta decisión arbitraria, Koufodinas decidió empezar una huelga de hambre.
En sus primeros días, la huelga de hambre pasó en gran medida desapercibida, excepto por un pequeño número de activistas políticos cuyos intentos de manifestarse en apoyo se encontraron con represión policial inmediata. Sin embargo, a medida que avanzó la huelga de hambre y comenzaron a circular los temores relacionados con la salud del preso (principalmente a través de las redes sociales, ya que los principales medios de comunicación lo ignoraron), la situación comenzó a cambiar. Impulsadas por la elusión del debido proceso legal, que fue visto por muchos como un indicio más de la actitud cada vez más autoritaria del gobierno, las manifestaciones crecieron en tamaño, llegando finalmente a miles de participantes casi a diario.
La intransigencia del gobierno intensificó aún más el conflicto. Al enviar a sus representantes en varios medios de comunicación dominantes y de tendencia favorable, Nueva Democracia politizó el conflicto refiriéndose constantemente a Koufodinas como un asesino convicto y terrorista, evocando el sufrimiento de las familias de las víctimas y haciendo hincapié en su falta de remordimiento. En ese marco, acusaron a todos los que apoyaban su demanda de “simpatizantes del terrorismo”, asegurándose de incluir a Syriza cada vez que se proclamaba tal acusación. Cuando fueron presionados por abogados, la Defensoría del Pueblo y la asociación de Jueces y Fiscales, quienes declararon que los crímenes particulares de un preso, o la «falta de remordimiento» de uno, no constituyen una base legal para eludir los derechos de los presos como se indica en el Código de Conducta Correccional, el gobierno adoptó una nueva estrategia. Afirmando que Koufodinas no había agotado las vías legales disponibles para impugnar la decisión, retrataron sin cesar su lucha como una forma de «chantaje» contra el sistema legal y el gobierno para lograr un «trato preferible». A medida que avanzaban los días y la huelga de hambre estaba visiblemente afectando a la salud del preso, se hizo evidente que incluso ese argumento era descaradamente falso. En realidad, cualquier camino legal potencial para impugnar la decisión fue obstruido por el propio Comité KEM, que se negó a emitir los documentos formales que permitirían a los abogados del preso impugnar legalmente el traslado.
Pronto quedó claro que el gobierno no estaba dispuesto a marchar atrás en lo más mínimo, a pesar del persistente desprecio por el debido proceso. Y esto significaba que estaban o preparados para permitir que Koufodinas muriera o que procedieran a alimentarlo a la fuerza (una acción clasificada como tortura por la Asociación Médica Mundial). Al final, y después de 63 días de huelga de hambre (que se convirtió en huelga de sed después del día 46) que ya había causado una serie de preocupantes problemas de salud, Koufodinas decidió poner fin a su lucha. No obstante, si el gobierno deseaba tratar este resultado como una especie de victoria, con numerosas implicaciones sobre el potencial de cualquier uso futuro del derecho (legalmente otorgado) de huelga de hambre, nunca tuvo la oportunidad. Por entonces, su legitimidad se vio aún más minada por una serie de casos de brutalidad policial ampliamente publicitados – acompañados de protestas masivas en su contra.
Brutalidad policial
En el contexto de experimentar con nuevas formas de represión y mecanismos disciplinarios proporcionados por la pandemia de COVID-19, una parte crucial de las medidas de confinamiento del gobierno griego consiste en la obligación de solicitar permiso estatal para salir de casa. Esto está regulado por la obligación de enviar un SMS a una agencia gubernamental indicando el motivo específico para salir de casa 15/. La falta de dicho permiso oficial (así como no llevar una máscara en público) conlleva una sanción inmediata de 300 euros 16/ La idea de que tales multas podrían incluso concebirse como una medida estatal generadora de ingresos puede parecer extraña, pero una mirada a las estadísticas oficiales publicadas por el estado a diario, así como a las recientes revelaciones de que los policías se ven obligados a emitir tantas multas como sea posible, demuestra que el gobierno se lo toma muy en serio. Iniciado en junio de 2020 pero rápidamente abandonado tras la apertura de la temporada turística, se aceleró el aumento de controles y la imposición de multas hacia finales de noviembre de 2020, coincidiendo con un aumento en el número de contagios. Desde esa fecha, las estadísticas oficiales muestran un promedio de 500.000 euros en multas emitidas diariamente en toda Grecia, más del 90 por ciento de las cuales se refieren a estar afuera sin el permiso adecuado o a no usar una máscara.17/
Originalmente una ley militar que prohibía a los soldados salir del campamento sin permiso, la prohibición de la libre circulación se extendió para castigar a los objetores de conciencia que se negaban a unirse al ejército griego (que es obligatorio) basado en conscriptos. En los primeros días de la crisis económica de 2010, esta violación pasó a ser punible con una multa administrativa, reemplazando el mecanismo disciplinario anterior de duplicar el tiempo de servicio en el ejército. Desde entonces, los objetores de conciencia han sido multados de forma rutinaria con 6.000 euros (con una tasa de interés mensual del uno por ciento) que se procesa a través de la oficina de impuestos. Dado que la objeción de conciencia se considera legalmente como un delito continuo, muchos objetores han acumulado múltiples multas de este tipo, lo que ha resultado en miles de euros.
Si una multa administrativa no se paga inmediatamente, se transfiere a la oficina de impuestos, donde se trata como una deuda al estado. Como consecuencia, la oficina de impuestos tiene el derecho a bloquear las cuentas bancarias, detener el uso de certificados de liquidación de impuestos y apropiarse de los activos individuales. El dinero que se ingresa en una cuenta bancaria y que no puede justificarse como salario, beneficio o pensión puede ser incautado de inmediato, mientras que los trabajadores autónomos no pueden emitir recibos. También se incautan herencias o declaraciones de impuestos, mientras que los deudores no pueden solicitar un préstamo ni un pasaporte. Exactamente el mismo mecanismo se ha aplicado a las multas emitidas en relación con el coronavirus, aunque la medida haya tenido más oposición por inconstitucional.
Lo que agrava aún más la sensación de injusticia en relación a estas multas es su uso arbitrario y abusivo por parte de la policía, quienes, presionados para cumplir con las cuotas diarias, han informado que imponen multas incluso cuando las personas poseen la documentación adecuada o usan sus máscaras faciales. No obstante, e incluso si algunos policías se muestran reticentes a cumplir con esta orden, como indica una denuncia reciente de sus representantes, los números registrados oficialmente a diario cuentan una historia diferente. Lo que está definitivamente claro es que unidades específicas de la policía (en particular la unidad motorizada “DRASIS”) 18/ han abusado sistemáticamente de sus poderes, imponiendo multas independientemente de que las violaciones sean reales o no. El 8 de marzo de 2021, esta táctica alcanzó un crescendo.
Mientras patrullaban una plaza en un suburbio de clase media cerca del centro de Atenas, una unidad de esos matones motorizados se acercó a una familia con tres niños pequeños y procedió a multarlos aunque tuviesen un permiso y máscaras faciales adecuadas. Cuando otras personas en el parque reaccionaron a este abuso, la policía pidió refuerzos y procedió a agredir y golpear violentamente a quien desafiara su comportamiento. Inspirado por una mayor sensación de impunidad que se traduce en una total indiferencia ante el hecho de que decenas de personas los filmaran con sus móviles, el incidente terminó con la detención de 11 personas.
Las imágenes de un joven golpeado sin piedad simplemente por cuestionar si tenían derecho a imponerle una multa se difundieron rápidamente a través de las redes sociales, lo que generó mucha atención. Para empeorar las cosas, la policía emitió un comunicado oficial en el que afirmaba (falsamente) que la policía había sido atacada por un «grupo de 30 personas», mientras que los parlamentarios del gobierno aparecían en los principales canales de televisión para defender las acciones de la policía adjuntando una identidad política a los golpeados y arrestados. Violando descaradamente la presunción de inocencia así como cualquier ley sobre datos personales, un diputado de Nueva Democracia dio el nombre completo del joven golpeado, agregando que era miembro de una organización anarquista y que había participado en manifestaciones y «acciones violentas» en apoyo de Koufodinas. Nada de eso era verdad.
Hipnotizado por estar cerrado en sí mismo, sin oposición y con medios de comunicación amigables, el gobierno tardó un tiempo en darse cuenta de que su estrategia en realidad había fracasado. Hartos del encierro que duró meses, duro pero ineficiente, y viendo algo de sí mismos en las víctimas de abuso o violencia policial (ya sea porque habían sido víctimas de incidentes similares o habían oído hablar de ello), miles de personas entraron en las calles para declarar que ya bastaba. Dos días después del incidente, más de 15.000 personas descendieron a este suburbio de clase media, por lo demás somnoliento, para manifestar su ira acumulada. El gobierno reaccionó enviando cientos de policías antidisturbios y unidades motorizadas, provocando aún más ira. Cuando esa ira estalló en un motín, una unidad de policías motorizada, acostumbrada a abusar de la gente sin ninguna consecuencia, trató de embestir a la multitud por detrás. Fortalecida por una sensación de fuerza colectiva, la multitud se defendió y logró arrastrar a un policía lejos de su motocicleta, ahuyentando al resto de su unidad.
Las imágenes de la multitud que atacaba al policía se difundieron ampliamente esa noche, con la correspondiente indignación y exclamaciones de conmoción por quienes habían tratado todas las imágenes anteriores de brutalidad policial como justificadas o simplemente como una legítima demostración de fuerza por parte del estado. En realidad, tanto por el uniforme protector del policía, como por el hecho de que muchos manifestantes se metieron en la disputa justamente para evitar lesiones graves, el policía fue rescatado por sus compañeros prácticamente ileso (recibió dos puntos de sutura en el hospital y fue dado de alta al día siguiente). Sin embargo, esto no fue relevante. Mientras continuaba el motín, el Primer Ministro hizo una transmisión televisiva urgente en la que redobló la retórica preexistente, deplorando a quienes habían «amenazado la vida» del policía y acusando a la «izquierda» de intentar dividir el país. El mensaje de las fuerzas policiales aún en el terreno fue recibido.
En las horas siguientes, la policía hizo una verdadera redada por toda la zona, golpeando sin piedad a cualquier hombre o mujer que encontrasen, sacando gente de las tiendas o incluso de sus casas, atacando a periodistas y fotógrafos. Todo esto a la vista de todos y sabiendo que casi todos los habitantes de la zona estaban, si no en la calle, en sus balcones, filmando los numerosos incidentes de brutalidad y compartiéndolos en las redes sociales. Como era de esperar, ninguno de estos videos llegó a los principales medios de comunicación al día siguiente, que todavía estaban preocupados por la salud del policía y ocupados en transmitir informes policiales de que los perpetradores del ataque al policía habían sido detenidos y acusados de tentativa de homicidio 19/ La horrible historia de una joven mujer de 18 años que fue detenida al intentar salvar a su amiga, y siendo luego golpeada y agredida sexualmente en la comisaría de la policía durante cuatro días, sin tener acceso a atención médica, simplemente no fue noticia.
Epílogo
Se ha vuelto casi sentido común, en la última década, en ver a Grecia como un país constantemente al borde del colapso económico. Desde el inicio de la crisis económica en 2010, las tremendas transformaciones sociales y políticas que han tenido lugar allí se han retratado en términos de tal predicamento, una pretendida justificación para la dura (pero necesaria) reestructuración. Sin embargo, lo que muestra la situación actual es que el “estado de alarma” de continua austeridad no fue una solución temporal. Ha llegado para quedarse.
Por primera vez desde 2010, el estado griego ha obtenido acceso a los fondos de la UE sin las típicas condicionalidades del pasado. Desde octubre de 2020, el estado griego ha estado emitiendo bonos comprados por el Banco Central Europeo (BCE). Bajo los auspicios del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PCEP), el estado griego ha recibido inyecciones de liquidez que ascienden, hasta el momento, a más del 10 por ciento de su PIB 20/. La mayoría de ellas vienen en forma de bonos con vencimiento a 10 años, con una tasa de interés de cero o negativa, y sin requisitos de austeridad que los acompañen.
Al mismo tiempo, el estado griego también está recibiendo fondos de la Comisión Europea y sus respectivos Fondos Next Generation, relacionados con el coronavirus y diseñados para «mitigar el impacto económico y social de la pandemia del coronavirus» ofreciendo «apoyo financiero a las inversiones y reformas públicas». Con una potencia de fuego total de 672.5 mil millones de euros divididos entre subvenciones y préstamos, los Fondos NextGen se anunciaron inicialmente como un mecanismo de financiación para «proteger los puestos de trabajo» y «fortalecer el sistema sanitario», pero desde entonces se han transformado en una fuente de financiación centrada en las inversiones en energías renovables y programas de digitalización.
Había pocas dudas de que la pandemia de covid-19 tendría un gran impacto en la economía griega, como lo hizo en todas partes. Según las previsiones económicas del invierno de 2021 de la Comisión Europea, por ejemplo, se espera que la recesión de la economía griega para 2021 alcance el 10 por ciento, en comparación con un promedio del 6,8 por ciento en la eurozona. Teniendo en cuenta la dependencia de la economía griega del turismo y el sufrimiento que la pandemia ha cobrado a esta industria, cualquier potencial recuperación (predicha con optimismo por la Comisión en un promedio de 3,8 por ciento para 2021) será mucho más débil. No obstante, adoptando las perspectivas optimistas de la Comisión para el futuro, el Ministerio de Hacienda griego llegó a afirmar que a partir de 2022 la recuperación en Grecia superará la media de la zona del euro (acercándose al 5%), una recuperación milagrosa atribuida a la estabilización de desempleo (¡del 16,7 por ciento!) y la provisión de liquidez a las empresas.21/
Dado que similares previsiones de recuperación económica, en la última década, se demostraron sistemáticamente erradas, es prudente tratarlas con un tremendo recelo. Sin embargo, el punto crucial es el hecho de que, a pesar del acceso a fondos sin condicionalidades, la economía política del gobierno griego sigue sumergida en el marco de la austeridad, con las devastadoras consecuencias de tal perspectiva exacerbadas por la realidad de una pandemia mundial. El obstinado rechazo en fortalecer el sistema sanitario, a pesar del horroroso coste humano, eclipsa todas las demás decisiones que ha tomado el gobierno, sean ellas correctas, falsas o simplemente contradictorias.
Es evidente que el carácter permanente de tal expansión de la atención sanitaria entra en conflicto con la ortodoxia económica predominante y el carácter supuestamente temporal de la pandemia. Este marco de pensamiento es visible en toda Europa y más allá. Si algo distingue al Estado griego en este momento, se puede resumir en la decisión consciente de utilizar el acceso a estos fondos de la UE no sólo para proveer liquidez a las empresas (como en otros lugares), sino para pagar prematuramente, y por lo tanto innecesariamente, obligaciones de deuda; para realizar compras masivas de material militar (principalmente a Francia); e iniciar una ola de contrataciones en el único sector público cuya expansión y continuidad es vista como una inversión necesaria para un futuro ingobernable: la policía.
Notas
1/ «Pasokificación» es un término utilizado para expresar el declíve del apoyo electoral a los partidos de centro izquierda y socialdemócratas convertidos en partidos neoliberales, en Europa y otros países, desde 2010. El nombre proviene del partido griego Pasok, creado en 1974 y transformado, de manera similar a partidos como el Partido Laborista en el Reino Unido o el SPD en Alemania, en un partido pro-neoliberal de la “tercera vía” en la década de 1990.
2/ “Onward Barbarians” por Endnotes https://endnotes.org.uk/other_texts/en/endnotes-onward-barbarians
3/ En los últimos años, y bajo la influencia del galimatías ideológico trumpista/alt-right, esto también se ha descrito como una «lucha contra el marxismo cultural».
4/ Financial Times, 9 de julio, 2019
5/ Aunque incluso eso ha sido exagerado: Bélgica impuso su primer bloqueo el 17 de marzo, mientras que Italia y Francia ya habían comenzado a finales de febrero. El primer bloqueo de Grecia se impuso el 22 de marzo.
6/ El informe de la OCDE confirma que los habitantes de Grecia redujeron drásticamente su movilidad social entre marzo y mayo, a pesar de que en ese momento Grecia tenía menos casos y muertes que la mayoría de Europa.
7/ https://www.antapocrisis.gr/η-αβάσταχτη-ελαφρότητα-του-να-μην-ξεχω/ (en griego)
8/ https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2020_healthatglance_rep_en.pdf
9/ El tiempo mínimo entre la finalización del trabajo y el toque de queda resultó, entre otras cosas, en supermercados superpoblados.
10/ El 22 de marzo, el gobierno requisó los servicios de varios médicos y personal sanitario de clínicas privadas. Muchos trabajadores de la salud pública respondieron recordando al gobierno que la prioridad debería ser la requisición de UCIs, no de personal de diversas especialidades que requerirían formación adicional.
11/ Entrevista con Julia Chatterley en CNN, 17 de marzo de 2021.
12/ La sección juvenil de Nueva Democracia (DAP) también tiene una presencia considerable (y generalmente mayoritaria, en las elecciones estudiantiles). El DAP participa principalmente en la organización de fiestas y excursiones estudiantiles, a menudo publicitadas con carteles repugnantemente sexistas, mantiene estrechas relaciones con profesores afines y proveyendo preguntas de examen a sus miembros, y sólo ocasionalmente se involucra en riñas violentas (a veces junto a fascistas) durante las elecciones estudiantiles o cuando intentan desalojar espacios ocupados.
13/ Los salarios provienen de los presupuestos generales del estado.
14/ Una de las víctimas del grupo 17 de Noviembre fue el cuñado del actual Primer Ministro. Por esta razón, el señalamiento de Koufodinas a menudo se ha visto guiada por una venganza personal.
15/ Las razones aceptables se dividen en seis categorías que incluyen visitar a un médico, ir de compras o dar un paseo individual cerca de casa. Con el fin de facilitar a aquellos que no están acostumbrados a las tecnologías de móviles, también se ofrece la posibilidad de un documento de permiso impreso.
16/ El 20 de enero de 2021, el primer ministro griego anunció en el parlamento su decisión de aumentar la multa de 300 a 500 euros, calificando este aumento como un intento de “reactivar la economía”. Vale la pena tener en cuenta que el salario mínimo en Grecia es de 550 euros. Con el tiempo, y tras el aumento de las reacciones, se abandonó el aumento y la multa se mantiene en 300 euros.
17/ https://aead.gr/press/press-releases (en griego)
18/ Originalmente llamadas “DELTA”, estas unidades motorizadas se crearon en 2009 y se encargaron de las manifestaciones. Colocada bajo el mando directo del Ministerio de Orden Público, en lugar de la Dirección de la Policía, la unidad DELTA se hizo conocida por su comportamiento violento imprudente y las afinidades de sus miembros con la ideología y las organizaciones de extrema derecha. En 2015, el gobierno de Syriza abolió la unidad, pero Nueva Democracia la recuperó en 2019, la renombró de DRASIS y aumentó su número.
19/ Hasta el momento, tres personas han sido arrestadas y puestas bajo custodia en relación con el ataque. Uno de ellos estaba de hecho en una parte diferente de Atenas en ese momento (hay imágenes de video que lo demuestran sin lugar a dudas), el otro fue detenido porque su cartera fue encontrada en la calle donde tuvo lugar el motín. La «prueba» para el tercero es una videollamada interceptada que ocurrió al día siguiente. La policía se ha hecho cargo de eso porque han tenido a la persona a quien se hizo la llamada bajo vigilancia durante meses. Es un anarquista de 23 años que también fue interrogado y abusado física y psicológicamente durante tres días. Ahora está demandando a la policía por tortura.
20/ El PIB griego para 2020 se sitúa, según los últimos cálculos de la Oficina de Estadística griega, en 168.5 mil millones de euros. Al mismo tiempo, se espera que la deuda del Gobierno Central alcance los 338.5 mil millones de euros, lo que equivale al 200.8 por ciento del PIB. En los propios informes del BCE, las compras netas acumuladas de bonos griegos a finales de enero de 2021 equivalen a 18.9 mil millones de euros.
21/ La perspectiva positiva sobre las cifras de desempleo fue cuestionada por los partidos de oposición que afirmaron que la oficina de estadística griega transfirió a los desempleados registrados oficialmente a la categoría de aquellos que «actualmente no buscan empleo», alterando (y reduciendo) la descripción estadística real del desempleo.
Traducción: viento sur
Fuente: Viento Sur
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