La ley trans sigue enquistada, tanto en el Gobierno como en el Congreso. Este martes [18 de mayo de 2021], la proposición de ley registrada por ERC y el Grupo Plural, un texto prácticamente idéntico al borrador confeccionado por el Ministerio de Igualdad, no ha conseguido superar la primera gran prueba de fuego: su admisión a trámite. Pese a cosechar el apoyo de la mayoría de los grupos, la oposición de la derecha y la abstención de los socialistas han condenado a la ley al fracaso. El resultado final ha sido de 78 votos a favor, 143 en contra y 120 abstenciones.
La postura del Partido Socialista fue adelantada por Rafael Simancas horas antes del debate en la Cámara Baja. Y después de que el grupo asegurase primero que iba a facilitar la tramitación de la norma. La diputada Susana Ros comenzó su intervención subrayando que el Gobierno trabaja ya sobre una legislación específica que está «muy cerca de llegar al Consejo de Ministros». La socialista justificó su decisión apelando al contenido de la propuesta, cargada a su entender de imperfecciones insalvables. El texto «presenta contenidos que cuestionamos y que podrían ser de dudosa constitucionalidad» e incluso «la vía de enmiendas no sería suficiente para subsanar» las carencias detectadas. A partir de esta premisa, insistió en la necesidad de trabajar sobre una ley dotada de seguridad jurídica: «Sería ingenuo pensar que basta con querer los derechos para que se cumplan». Sí reconoció el «ruido que se ha generado en torno a este debate» y aseguró lamentar «profundamente los términos en los que se ha dado». La ministra Irene Montero, que solicitó el lunes su intervención en el debate en representación del Gobierno, protagonizó una defensa sin matices de la proposición. «Esta ley tenía que haber llegado a esta cámara de parte del Gobierno y no lo he conseguido», se disculpó la ministra. Montero puso en valor la ley y la ampliación introducida por los colectivos en torno al encaje del género no binario y las personas trans migrantes. «No es sólo la ley que ha propuesto para su debate el Ministerio de Igualdad, es la ley de los colectivos y las personas trans que llevan décadas luchando por sus derechos». Pero sobre todo, completó la ministra, se trata del mismo texto que en 2019 obtuvo un «apoyo unánime» de todos los grupos. Se refiere a la ponencia que hace ahora tres años aterrizó en la Cámara Baja de cara a la reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo, un texto que fue avalado por todos los grupos del hemiciclo. «Es difícil de creer que una ley que tenía seguridad jurídica en 2019 no la tenga en 2021», cargó la titular de la cartera en clara alusión a sus socios de coalición.
Pese al previsible fracaso de la proposición, la ministra no se resignó y prometió que su departamento luchará por «convertir el derecho a la libre determinación de la identidad de género en una realidad». Una pretensión a la que puso fecha: algo más de un mes. Según anunció, tanto el propio Gobierno, como los grupos parlamentarios, los colectivos y las personas LGTBI, tienen ahora una «tarea ineludible: llegar al Orgullo LGTBI de este año recuperando el consenso de 2019» para lograr que la cámara conceda un «apoyo únime» a los derechos de las personas trans.
La oposición de la derecha
El Partido Popular, que el lunes optó por no desvelar el sentido de su voto, dejando una posible aunque improbable abstención en el aire, confirmó finalmente su rechazo a la ley. La diputada Margarita Prohens criticó, durante su intervención, la ausencia de seguridad jurídica y el uso partidista del texto. «Estamos ante una proposición de ley que viene acompañada de ruido, nada tiene que ver con los derechos del colectivo», sino que ha servido a la izquierda para «usar a las personas como arma electoral». La parlamentaria insistió en que toda ley en defensa de los derechos trans debe contar con «la máxima seguridad jurídica» y con el consenso no sólo de los legisladores, sino también de los especialistas sanitarios, cuyas voces están ausentes de la proposición.
La oposición a la ley llegó también de parte de la ultraderecha, según lo previsto. La diputada Lourdes Méndez censuró de forma contundente la propuesta, por ir en «contra de la biología» y también de «varios preceptos de la Constitución». Durante su intervención, la parlamentaria enumeró las principales polémicas que a su juicio entraña la ley, tales como la ausencia de «base científica y jurídica», el «ataque a la salud de los menores» y a la «patria potestad de los padres».
Méndez aprovechó la profunda brecha en el seno del movimiento feminista para hacer alusión a las consecuencias para las mujeres: recordó algunos de los principales asuntos de mayor controversia, como las secuelas de la libre determinación en los centros penitenciarios o en el deporte femenino. La diputada preguntó cómo afectará la proposición a la Ley contra la Violencia de Género y qué sucederá con las medidas específicas de discriminación positiva. «No son preguntas que nos hacemos sólo nosotros», deslizó la parlamentaria, recuperando el argumentario del PSOE firmado por Carmen Calvo el verano pasado. Para reforzar su oposición, la diputada de extrema derecha citó a las feministas históricas Amelia Valcárcel y Alicia Miyares, dos de las voces que han mantenido una crítica férrea hacia la ley.
Valcárcel y Miyares son, precisamente, dos de las firmas de un manifiesto suscrito por militantes socialistas hecho público al tiempo que transcurría el debate parlamentario, que pide al partido consolidar su rechazo a la ley. En el documento, titulado El PSOE debe seguir defendiendo los derechos de las mujeres, socialistas como Elena Valenciano y Soledad Murillo, entre otras, reclaman una oposición firme a una norma que «niega la realidad de las mujeres». «Esperamos coherencia y compromiso por parte de nuestro partido para que mantenga y defienda la posición adoptada» en el argumentario hace casi un año. «Las amenazas o chantajes de grupos de interés transgénero no puede ser el criterio que determine la posición del PSOE en la votación», reza el comunidado. A juicio de las firmantes, «ceder al chantaje y pretender posiciones intermedias imposibles es abandonar la defensa de la igualdad y dejar de lado la teoría y activismo feminista».
El apoyo de otros grupos
En cuanto a la defensa de la propuesta, el discurso de los grupos estuvo marcado por dos claves: la puesta en valor de un feminismo transinclusivo y los reproches a la bancada socialista. Ciudadanos confirmó su respaldo a la proposición el día previo a la votación. La diputada Sara Giménez defendió, entre ovaciones, la «conquista de nuevos derechos» que en su opinión no deben enfrentar a la ciudadanía. La parlamentaria reprochó a los socialistas haberse puesto «de perfil» ante esta normativa: «¿No son ustedes los que defienden de una manera progresista la igualdad LGTBI? No se pongan de perfil y den la talla», instó desde el atril. Giménez hizo igualmente referencia al movimiento feminista y recordó que «la lucha de las mujeres trans» es también la lucha de las mujeres feministas.
Los morados no sólo defendieron la proposición, sino que hicieron bandera de una norma que a su juicio lleva el sello del partido y del Ministerio de Igualdad. «Un texto que tiene historia y lucha detrás, que se ha peleado y defendido por Unidas Podemos en su programa, en el acuerdo de Gobierno y en el Ministerio de Igualdad», sentenció la diputada Sofía Castañón.
La diputada del Grupo Republicano Pilar Vallugera lanzó en su turno una advertencia: los dos pilares sobre los que se levanta la proposición, la autodeterminación del género y la despatologización, son «irrenunciables». Vallugera se dirigió a las filas socialistas, a quienes echó en cara su falta de apoyo: «Si ustedes son de izquierdas, hasta cuándo van a mirar a otro lado«. Su compañero Gabriel Rufián, en cambio, centró el grueso de su discurso en responder a la ultraderecha. «Nosotros no creemos en la ampliación de derechos civiles porque odiemos, tal y como ustedes dicen, creemos porque amamos al otro», manifestó. Cerró su alegato apelando a los diputados conservadores y de la ultraderecha: «A ver si así lo entienden: una mujer trans es una, una mujer trans es grande y una mujer trans es libre».
Joseba Andoni Agirretxea puso voz a los nacionalistas vascos y lamentó que el proyecto de ley, comprometido por los socios de coalición, «hiberna en la Moncloa«. Pese a expresar ciertos reparos por posibles conflictos competenciales, el diputado se mostró especialmente crítico con los socialistas. El PSOE y un sector del feminismo «intentan tutelar y coartar la libre determinación», lo que a su entender es muestra de «una contradicción, porque el feminismo no puede ser excluyente ni negacionista de otras mujeres».
Por el Grupo Plural, Íñigo Errejón quiso desvincular el contenido de la proposición de los «derechos simbólicos o identitarios» y puso el acento en la realidad material de las personas trans, atravesada por el desempleo y la precariedad. «Estamos legislando qué modelo de sociedad queremos», remachó. Joan Baldoví, de Compromís, apostó por el debate y el intercambio de puntos de vista: se trata de «tramitar y debatir» porque «el Gobierno no acaba de presentar esta ley». Mireia Vehí (CUP), por su parte, lamentó que se haya perdido la oportunidad «de empezar a trabajar sobre una ley trans» ante la «inoperancia del Ministerio de Igualdad» y el «bloqueo sistemático del PSOE», a quien afeó que «la abstención es votar ‘no’ e ir a decirles a las personas trans que son un problema». Isabel Pozueta (EH Bildu) pidió «dar ejemplo y actuar en consecuencia», para lo que reclamó a los socialistas «dejar de un lado su bloqueo y unirse a los colectivos en su esfuerzo por respetar y reconocer sus derechos».
La respuesta de los colectivos
Los colectivos LGTBI siguieron la sesión parlamentaria al minuto. Fuentes de la Federación Estatal LGTB, quienes el martes criticaron con dureza la elección de la vía parlamentaria «sin haber conseguido previamente un consenso en el Gobierno», consideran evidente que existe «una mayoría en la cámara en favor de los derechos» que, sin embargo, requiere de un compromiso por parte del Ejecutivo.
También la Plataforma Trans celebra el sentir generalizado a favor de una ley trans. Su presidenta, Mar Cambrollé, cree que el debate «ha servido para quitarle la careta al PSOE» y demostrar que la oposición a la libre determinación del género anida en el partido, no sólo en la vicepresidencia primera. «Lo único que han hecho ha sido regalarle el discurso a la extrema derecha, pero además se ha demostrado que todo el arco parlamentario, al que el PSOE tiene que agradecer tener un Gobierno y Presupuestos, ha mostrado sin ninguna fisura el apoyo a la ley», clama la activista.
La Plataforma Trans ha pedido una reunión formal con los organizadores del Orgullos LGTBI, que corre a cargo de la FELGTB y COGAM, para solicitar la expulsión del PSOE en sus actos: «Les pediremos coherencia», dice Mar Cambrollé. Asimismo, tanto su plataforma como la asociación Euforia Familias Trans-Aliadas han anunciado que interpondrán una querella contra el Estado para exigir que «repare el daño causado a los menores desde 2007 y hasta 2019», momento en que el Tribunal Constitucional estableció que los menores con suficiente madurez y en situación estable de transexualidad, pueden efectuar un cambio registral del sexo, lo que supuso declarar parcialmente inconstitucional el artículo primero de la Ley 3/2007.
Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/05/18/congreso_ley_trans_psoe_irene_montero
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