En este artículo el autor analiza las aspiraciones de los militares en el gobierno brasileño y concluye que su proyecto ha fracasado. ‘Ha llegado el momento de retirarse a los cuarteles’, señala.
Con la elección de Jair Bolsonaro, lanzada por los militares en el patio de la Academia Militar de Agulhas Negras (AMAN) el 29 de noviembre de 2014, cuatro años antes de las elecciones presidenciales de 2018, el Partido de los Generales albergaba planes pretenciosos.
Planearon tomar el poder y permanecer en él durante un largo período; al menos durante mucho más tiempo que los 21 años que usurparon el poder civil la última vez, durante la larga dictadura que duró de 1964 a 1985.
La actual generación líder de las Fuerzas Armadas se forma en las clases AMAN de los años 1971/1980. Son personas del fétido sótano del antiguo régimen y fermentadas en una cultura conspirativa y autoritaria, que tiene una fuerte ambición política. Se consideran, irónicamente, predestinados a liderar el destino de la Nación, ya que consideran que las élites civiles del país son incapaces de cumplir con esta misión, sobre todo con “decencia y pureza” [sic].
La figura emblemática de esta generación militar es Silvio Frota, el general que en abril de 1977 intentó llevar a cabo un golpe de Estado contra Geisel para evitar incluso la apertura lenta, gradual y segura que defendía el penúltimo dictador de ese régimen. El ídolo de varios dirigentes de esta generación que subliman la tortura no es otro que el coronel-torturador-asesino Carlos Alberto Brilhante Ustra.
En el horizonte del plan de poder, el Partido Militar vio la posibilidad de implementar una “dictadura elegida democráticamente” para perpetuarse en el poder. Después de todo, se jactan del “regreso” al poder a través de la “elección democrática” de Bolsonaro, aunque, de hecho, fue una elección amañada por la interferencia del Alto Mando del Ejército y la pandilla de la (operación supuestamente anticorrupción) Lava Jato en el proceso de farsa que impidió la participación del ex presidente Lula en las elecciones.
Todo iba bien para el plan militar hasta que la pandemia de la covid-19 llegó como un obstáculo. Apostaron a que era un fenómeno pasajero, que pronto sería superado. En nombre de esta apuesta, ignoraron las predicciones de la Organización Mundial de la Salud y socavaron las recomendaciones científicas nacionales e internacionales.
Incluso apostaron por las profecías de los charlatanes que auguraban que el número de muertos no alcanzaría ni el millar.
En la visión simplista y simplona de ellos, bastaba con meter a un general “genio de la logística” en el Ministerio de Salud para que todo se resolviera en el menor tiempo posible. Por eso, colocaron al general (en activo) del ejército Eduardo Pazuello, un papanatas, en el cargo de ministro de la muerte.
Con la apuesta equivocada, Bolsonaro y los militares se convirtieron en rehenes de su propio error. Y, con la opción equivocada y deliberada de Pazuello, el genocidio en Manaus y la espiral de masacre fue la consecuencia natural. Hoy el país avanza rápidamente a las 500 mil muertes, tres cuartas partes de las cuales son prevenibles, es decir, legalmente calificadas como homicidios resultantes de la opción criminal gubernamental.
En el Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) del genocidio, Bolsonaro y el Partido de los Generales están en el banquillo. Las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, fueron arrastradas por sus comandos a esta vergonzosa y deshonrosa situación.
Hasta el 8 de marzo, cuando la Corte Suprema revocó las condenas ilegales del ex presidente Lula, el Partido Militar reinó absoluto y autoritario. Se sentía inquebrantable en el control total de la situación, porque con la tutela que ejercían sobre el Poder Judicial mantenían preso a Lula en cautiverio judicial del Supremo Tribunal Federal, a pesar de que estaba liberado de Guantánamo (la cárcel) de Curitiba.
El reconocimiento de la sospecha de Moro y la anulación de las absurdas condenas de Lula, sin embargo, provocaron una conmoción sísmica en el proyecto de poder del Partido de los Generales. Ha llegado el momento de que estos militares conspiradores y usurpadores del poder civil reconozcan su derrota y se retiren a funciones que, sean profesionales y no conspiradores, las que nunca debieron haber abandonado.
Como dijo el relator del CPI, Renan Calheiros, la directriz es clara: “Personal militar en cuarteles y médicos en salud. Cuando se invierte, la muerte es segura. Y eso es lo que, lamentablemente, parece haber sucedido”.
El proyecto de los militares fracasó. Ha llegado el momento de retirarse a los cuarteles. La repulsión a su rol es general: de la sociedad brasileña a la comunidad internacional se rechaza su presencia en la arena de la política.
Jeferson Miola es miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial y es colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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