El expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019) fue imputado por omisión maliciosa en su declaración jurada, así como por enriquecimiento ilícito.
El fiscal federal Ramiro González imputó el lunes al exmandatario derechista por no haber declarado su verdadero patrimonio en su declaración jurada cuando llegó a la Presidencia —un delito vinculado en el Código Penal al de “enriquecimiento ilícito”—, informa la agencia argentina de noticias Télam.
La decisión es consecuencia de una denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina que controla a la administración pública a nivel nacional.
De la denuncia, desprende que el expresidente se habría transferido a sí mismo más de 50 millones de pesos, entre 2017 y 2020, y la OA lo acusa de protagonizar movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes para dar “apariencia” de legalidad al dinero que pudo haber sido conseguido de forma espuria.
La denuncia alerta también sobre la posibilidad de que el exmandatario hubiera incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionados por las acciones del “fideicomiso ciego” que nombró cuando asumió el cargo a través de una empresa llamada Agro G S.A., por lo que pidió que se investigue el fideicomiso creado por el entonces mandatario el 12 de abril de 2016, cuatro meses después de que accediera a la Presidencia.
En este mismo sentido, el texto señala que Macri habría omitido “maliciosamente” declarar su real tenencia accionaria en dicha sociedad en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015, presentada ante la Oficina Anticorrupción.
Ante tal escenario, el fiscal González requirió que se le remitan las declaraciones juradas que el entonces presidente presentó en 2015 y 2016. Además, consideró pertinente solicitarle a la Inspección General de Justicia (IGJ) la copia de distintos documentos relativos a la firma Agro G (Agropecuaria del Guayquiraró).
Es de menester mencionar que la Oficina Anticorrupción de Argentina presentó otra denuncia contra el expresidente en marzo, por administración fraudulenta y malversación de caudales por el crédito de 44 000 millones de dólares que su Gobierno forjó del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En este caso, la OA también acusó al exjefe de Estado de “ejecutar un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias en dólares a personas físicas y jurídicas”.
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