Sigue la venta de Panamá
El tema de la prolongación del contrato leonino de Panamá Ports ha causado justificada indignación y debate en las redes sociales y medios de comunicación. El contrato cedido por 50 años por el Gobierno de Pérez Balladares fue empeorado por los sucesivos gobiernos de Mireya Moscoso (panameñista) y Martín Torrijos (PRD).
Voceros de algunos medios, arropados ahora de nacionalistas, se han dirigido en tono fuerte contra el Gobierno de Cortizo y los directivos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Y cuando esto sucede, conviene recordar las palabras de Malcom X: “Siempre desconfía de los medios de comunicación”. Y nosotros agregamos, más aquí donde detrás de los medios de comunicación están poderosos intereses de grupos económicos.
Sobre lo de Panamá Ports hemos hablado mucho. Sabemos que Panamá ha recibido migajas mientras la transnacional recibe grandes dividendos. Eso ocurre también con Minera Panamá (First Quantum Minerals) donde Panamá obtiene 2% y la transnacional 98%. A propósito, eso también fue acordado en el Gobierno PRD de Ernesto Pérez Balladares. Lo que nunca sabremos en esos casos y en otros, como el que ahora acapara la atención, es cuánto dinero ha corrido debajo de la mesa. Lo interesante es que, en ambos casos, así como en el reciente acuerdo que le asegura a la empresa AES el monopolio del mercado energético de Panamá, el bufete de abogados de las empresas es Morgan & Morgan, cuyos integrantes, Carlos Ernesto González Ramírez y Rómulo Roux, están detrás de la recolección de firmas para una Asamblea Paralela. El padre del primero, Carlos Ernesto González de La Lastra del partido Popular, fue Secretario y Directivo de la AMP y está ligado a los intereses portuarios.
Pero, ¿los puertos de Panamá Ports son a los únicos que se les ha otorgado prórroga “automática”? Claro que no. Existen otros puertos a los que se les ha extendido el contrato y ni siquiera el pueblo conoce los supuestos beneficios para la nación ni las condiciones. De ellos los medios no hablan. ¿Por qué? Por los intereses detrás de estos.
Además de Panamá Ports en Balboa y Cristóbal, otros puertos son:
MIT: Manzanillo International Terminal vinculado a las familias Motta y Heilbron (COPA, TVN, ASSA, etc.). El contrato data de 1996 durante el Gobierno de Pérez Balladares.
CCT: Colon Container Terminal del Grupo Evergreen de Taiwán, que estuvo ligada a Hugo Torrijos, asesor y primo de Martín Torrijos, quien en ese gobierno logró el trámite expedito de la AMP, además de la famosa concesión del manejo de faros y boyas. La AMP era dirigida por el ex vicepresidente y miembro del Partido Popular, Rubén Arosemena. Hugo Torrijos, ya fallecido, está implicado también en el caso de coimas de Odebrecht en el Gobierno de Martín Torrijos, pero ni aún así ningún funcionario de ese gobierno ha sido llamado a juicio.
PSA: Panama International Terminal de Guillermo Liberman, hijo del multimillonario empresario argentino Samuel Liberman. En los VarelaLeaks sale a relucir la estrecha relación de negocios del ex presidente Juan Carlos Varela con el empresario Liberman. El administrador de la AMP, era Jorge Barakat Pitty.
Otro personaje que han llevado los medios es al ex administrador José Luis Quijano, quien sustituyó a Alberto Alemán Zubieta, hoy Presidente y Director del centro de vacunación clandestino, Laboratorios CureVac, S.A.
Recordemos que durante la administración de Quijano, Astilleros Armón de España se le vinculó a su hijo homónimo en un cuestionado contrato de remolcadores, lo cual fue fuertemente denunciado en su momento, pero no pasó nada.
Quijano, como otros defensores del proyecto de ampliación del Canal, nos viene a decir ahora que “trabajamos para el inglés”, puesto que por recursos legales interpuestos por Panamá Ports no se desarrollaron otros proyectos, lo que fue aprovechado por otros puertos como el de Buenaventura en Colombia, que sí amplió. En otro sentido la vocera de la AMP, Flor Pitti, justificando el acuerdo con Panamá Ports, ha señalado que la ampliación no aumentó radicalmente el movimiento de contenedores como se esperaba. Entonces, insistimos, engañaron al pueblo con la ampliación. Otra vez la historia demuestra que FREADESO tenía la razón.
Quijano, al arremeter contra Panamá Ports indica que esta empresa ha impedido cristalizar el proyecto de Farfán que impulsaron en su ocasión los gobiernos de Mireya Moscoso y Martín Torrijos, y el de Corozal, que él prefiere, y que se pretendía construir en las 60 hectáreas que el directivo de la ACP, Alberto Vallarino, el mismo de la estafa Banistmo y el que le arrebató la Hacienda Santa Mónica a los niños pobres de Panamá, le compró a la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) haciéndose valer de información privilegiada.
Sería interesante saber, ya que el ex administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, se opone a la prolongación del contrato, porque otros que lo acompañaron en la ACP como Ricauter “Catín” Vásquez, Aristides Roro y Óscar Bazán, apoyaron la decisión de la Junta Directiva de la AMP, porque aunque Royo haya dicho que se declaró impedido, esto no se acordó en una sola reunión sino que el acuerdo venía siendo gestionado hace rato.
Se trata de otra pelea entre elefantes económicos, donde el pueblo pierde. Al final ellos se ponen de acuerdo como acaba de suceder entre AES (a la que está vinculada el Grupo Motta) y Panamá NG Power de Mello Alemán y el ecuatoriano José Dapelo, ambas empresas representadas por Morgan & Morgan
Lo cierto es que los Bunau Varilla están en todos lados, con funcionarios que responden a los intereses de las grandes corporaciones y de las élites económicas en vez de los intereses nacionales. Los medios de comunicación se alinean en función de los intereses de sus dueños, los cuales están representados en las cúpulas de los partidos tradicionales y de proyectos seudo independientes, cuyas caras visibles son sus asiduos invitados. Esto se llama mafia.
FRENADESO
FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Panamá, 26 de junio de 2021
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