En Honduras, ya es catalogado como delito de usurpación el hecho de que dos o más personas se organicen para protestar en un espacio público.
Es a las protestas sociales, la acción que más miedo le tienen los funcionarios del Gobierno de Juan Orlando Hernández y sus diputados. Por eso, aprobaron reformas al código penal para infundir temor en la población.
Con esa aprobación, los operadores de justicia tienen una herramienta más de represión para evitar un alzamiento popular que evite la continuidad de Hernández en el poder.
Las organizaciones campesinas e indígenas se sienten también amenazadas por esta reforma, al considerar que será usada para evitar sus luchas de defensa territorial.
Los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) realizaron una protesta en la Corte Suprema de Justicia, en rechazo a estas reformas al código penal, que criminaliza la lucha y la defensa por la tierra.
Solo 71 diputados de 128 participaron en la sesión virtual, casi en su totalidad eran del partido de Gobierno y otros minoritarios que a cambio de dinero o favores políticos apoyan las mociones oficialistas.
La población ya sufrió en el año 2017 el encarcelamiento de varios participantes de las protestas contra el fraude electoral, y otros aun con procesos abiertos que les podrían llevar a la cárcel.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa.
xsh/fmk
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