Por RT
Los delitos de lesa humanidad fueron cometidos en el municipio de Rabinal, en los años 80.
El Tribunal de Mayor Riesgo A dio a conocer este lunes la sentencia de 30 años de cárcel para cinco exparamilitares por haber violado y esclavizado a mujeres indígenas de comunidades achí en los 80, durante la guerra civil (1960-1996) de Guatemala.
Para la Justicia local, los exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) –creadas por el Ejército– cometieron delitos de lesa humanidad. Los culpables son Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxun Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado. Sobre este último implicado, se le añadieron ocho años de prisión por suprimir y alterar su estado civil, y otros dos por cambiar su nombre para eludir a las autoridades.
Las víctimas, Margarita Alvarado Enríquez, Inocenta Alvarado Enríquez, Marcela Alvarado Enríquez, Estefana Alvarado Sic y Pedrina López de Paz, son parte de las 36 mujeres que afirman haber sido abusadas por miembros de las PAC. Pedrina, la más joven del grupo, tenía solo 12 años cuando los abusadores se abalanzaron sobre ella, le taparon la boca y la violaron, según lo comprobado en el juicio.
Estas agresiones sexuales se produjeron en aldeas del municipio de Rabinal y en una base del Ejército, a unos 175 kilómetros de la capital, en medio de una fuerte represión para sofocar a grupos guerrilleros.
“Creemos firmemente en los testimonios”
Los relatos desarrollados en el litigio fueron estremecedores: “Yo tenía siete meses de embarazo cuando me violaron. Les dije como 100 veces que me perdonaran porque era una mujer embarazada, pero perdí a mi bebé. No lo logré. Ese es el dolor que yo cargo en mi corazón, tanto dolor, tanto sufrimiento, entonces, lo que esperamos es la justicia”, decía el 12 de enero Antonia Xitumul, otra de las denunciantes.
“Creemos firmemente en los testimonios de las mujeres que fueron violadas y sabemos que cada una de ellas constituye una individualidad, la cual valoramos y respetamos”, expresó el Tribunal al dictar la reciente sentencia, según publicó Prensa Libre. De hecho, se recurrieron a peritajes psicosociales, y se comprobó que las víctimas todavía tienen dolores en el cuerpo, insomnio, lentitud psicomotriz y sentimientos de culpa.
En la resolución, leída por el magistrado Gerbi Sical, se detalla que las matanzas de muchos hombres por parte de las PAC tenían como objetivo dejar solas y vulnerables a las mujeres, para poder cometer vejaciones sobre ellas. En efecto, casi todas vivían en condición de pobreza y tenían padres, esposos e hijos desaparecidos o ejecutados.
Largo camino hacia la victoria en el Tribunal
El primer grupo de once víctimas presentó su denuncia ante el Ministerio Público en el 2011. A ellas, se les unieron otras hasta llegar al número de 36 mujeres, aunque solo se pudieron juzgar los delitos cometidos contra cinco de ellas, representadas por abogadas indígenas. Antes de poder conocer el fallo final, dos denunciantes fallecieron.
Los implicados fueron detenidos en el 2018, aprehendidos por la Policía Nacional Civil. Sin embargo, la magistrada Claudette Domínguez desestimó las pruebas y dejó en libertad a los acusados. Después, cuando el caso quedó a cargo de la jueza Yasmín Barrios, se ordenó la recaptura y se obtuvo la resolución actual.
“Estamos muy satisfechas por el fallo, porque enfatizaron en la credibilidad de los testimonios de las mujeres, que habían sido cuestionados durante todo el proceso penal”, dijo la letrada Lucía Xiloj. Igualmente, desde el equipo de abogadas también se lamenta que no se hayan procesado a los altos mandos militares.
“Contribuye a la no repetición”
En el plano internacional, la oficina de Derechos Humanos de la ONU comunicó que el veredicto “constituye un avance emblemático en el acceso a los derechos a la verdad, justicia y reparación de mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno”. También expresó que “la persecución y sanción de graves violaciones a derechos humanos fortalece la lucha contra la impunidad y contribuye a la no repetición”. Para la organización Impunity Watch Guatemala, es una “sentencia histórica”.
Así, esta es la segunda condena por violencia sexual contra mujeres indígenas durante la guerra civil. En febrero del 2016, dos militares veteranos fueron condenados a 240 y 120 años de prisión por mantener a once víctimas en condiciones de esclavitud sexual, sumado a cargos de asesinato y desaparición forzada.
Se estima que la guerra civil en ese país centroamericano dejó un saldo de 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). El período de mayores violaciones a los derechos humanos se dio entre 1981 y 1983, bajo el régimen de facto del general José Efraín Ríos Montt.
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