El exrepresentante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, dijo que luego de liquidar el régimen constitucional con el levantamiento de la Policía el 8 de noviembre de 2019 y la recomendación del alto mando militar para obligar por la fuerza la dimisión del mandatario Evo Morales el 10 de noviembre de ese año, la legisladora derechista Jeanine Áñez, en una reunión sin quorum y violando la Constitución y su normativa, se autoerigió primero como presidenta del Senado y luego como presidenta del país el 12 de noviembre.
El 14 de noviembre, ya impuesta la dictadura, Áñez y sus jefes de cartera impusieron el Decreto Supremo N° 4078, que blindó de impunidad a las FFAA para cometer crímenes contra la población, sin correr riesgos penales.
El 15 de noviembre, soldados y policías reprimieron la resistencia antigolpista en la comuna de Sacaba donde, al menos, 11 personas fueron asesinadas y 120 quedaron heridas de gravedad debido a los balazos recibidos. El 19 de noviembre, esta vez en Senkata de la ciudad de El Alto, La Paz, otros 11 manifestantes fueron ultimados mientras quedaron 78 personas heridas. Ningún uniformado murió.
Al respecto, Racicot señaló que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, catalogó las muertes como ejecuciones sumarias, que “en el ámbito del derecho internacional se constituyen en crímenes de lesa humanidad; los crímenes más graves que se pueden cometer desde un Estado con sus Fuerzas Armadas; crímenes que no pueden prescribir”.
En consecuencia, el Decreto 4078 para garantizar la impunidad de los uniformados asesinos y de sus autores intelectuales, son las acciones ilegales más graves que puede realizar un régimen político en el ámbito de los derechos humanos.
Periódico Alternativo publicó esta noticia siguiendo la regla de creative commons. Si usted no desea que su artículo aparezca en este blog escríbame para retirarlo de Inmediato
No hay comentarios.:
Publicar un comentario