ACNUR describe el plan británico de traslado forzoso de solicitantes de asilo a como una violación atroz del derecho Internacional.
El Reino Unido y Ruanda firmaron un acuerdo para la reubicación en el país africano de quienes solicitan asilo al gobierno de Londres. El primer ministro británico, Boris Johnson, justificó la medida, diciendo que no se le puede pedir al contribuyente que escriba un cheque en blanco para cubrir los costos de cualquier persona que quiera venir a vivir al país. Pese a su justificación, Gillian Triggs, secretaria general adjunta de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, indicó a BBC Radio, que la medida es inaceptable e ilegal.
La también expresidenta de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, asimismo, expresó la firme oposición de la agencia a todo acuerdo que busque trasladar a las personas refugiadas o solicitantes de asilo a terceros países sin que existan normas y salvaguardas suficientes.
Al ser preguntada sobre el sistema de inmigración extraterritorial similar en su país, la australiana respondió que ambas políticas son una flagrante violación al derecho internacional.
El nuevo programa ha sido extensamente criticado tanto por grupos humanitarios, que calificaron los planes de crueles, como por los partidos de oposición, que dicen que será impracticable, poco ético, exorbitante e ineficaz. Los partidos de oposición británicos también han dicho que el costo anual del plan completo sería mucho más alto que el pago inicial de 150 millones de dólares y expresaron su preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda.
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