En un boletín enviado a Prensa Latina los juristas indicaron que, con la medida, el ejecutivo del país europeo reconoce la persecución política desarrollada por el Gobierno ecuatoriano en contra del exmandatario (2007-2017).
«Bélgica se suma así a países como México y Bolivia, quienes también han acogido como asilados políticos a varios exfuncionarios del Gobierno y miembros del partido de Correa, víctimas de una evidente persecución», precisó el texto.
Al respecto, Christophe Marchand, abogado coordinador de la defensa del exdignatario, recalcó que la medida pone, además, de manifiesto el lawfare (guerra jurídica) cometido en su contra y también aplicado a otros representantes del denominado «correísmo».
Por su parte, el documento también enfatizó que la Comisión de control de ficheros de Interpol, a cargo de garantizar el cumplimiento de la normativa en el tratamiento de datos personales de la organización, ha negado a Ecuador todas las alertas rojas en contra de Rafael Correa y sus exfuncionarios.
La postura de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) responde a la flagrante denegación de justicia en el país sudamericano, añadió el boletín.
Asimismo, recalcó que Bruselas, capital política de la Unión Europea y reconocida internacionalmente como respetuosa de las instituciones democráticas, ha dado un importante paso en el reconocimiento de la persecución política en el Ecuador, cuyo principal objetivo es la proscripción política de Rafael Correa y su movimiento denominado Revolución Ciudadana.
El despacho de abogados recordó que el exjefe de Estado fue electo tres veces consecutivas como presidente del Ecuador y gobernó con gran apoyo popular, después de lo cual fijó su residencia en Bélgica, país de origen de su esposa.
Tras convertirse en el principal opositor del Gobierno sucesivo (Lenín Moreno), comenzó a recibir, al igual que sus partidarios, un brutal acoso judicial, cuyo punto culminante fue una espuria sentencia y suspensión de derechos políticos pocas horas antes de su inscripción como candidato para las elecciones del año 2021, apuntó el texto.
De su lado, pese a otros fallidos intentos, el ejecutivo ecuatoriano insiste en accionar contra el expresidente y, en ese sentido, la víspera el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, anunció la firma de la providencia para iniciar el trámite de su extradición.
Según indicó en entrevista televisiva, el requerimiento se basa en un convenio entre Ecuador y Bélgica, que data de 1987, así como en el acuerdo internacional anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas.
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