A la entrada del Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo), periodistas preguntaron el 18 de abril a Mourão si creía que la revelación de las grabaciones que retratan violaciones y martirio en el régimen castrense (1964-1985) podría motivar una investigación.
«¿Investigar qué? Los chicos están todos muertos, hombre. (risas). ¿Vas a traer a los chicos de la tumba?», respondió el general de la reserva del Ejército.
El portal Metrópoles indica que en la demanda entregada a la corte se pide además que se adjunten las palabras de Mourão a la causa, en la cual se acusa al presidente Jair Bolsonaro de incumplir una condena por violaciones de los derechos humanos en la Guerrilla de Araguaia.
Tal movimiento guerrillero existió en la región amazónica brasileña a lo largo del río Araguaia, entre finales de la década de 1960 y la primera mitad de la de 1970.
«Así, la revelación del contenido de los audios hace aún más insostenible la continuidad sistemática de la inercia del Estado brasileño, caracterizando un periculum in mora (en la legislación nacional representa el temor) para toda la sociedad», indica el texto.
Refiere que se impone el acatamiento inmediato de la sentencia, porque hubo «una flagrante inconstitucionalidad por incumplimiento del estatuto del artículo 68, uno de la Convención Americana de Derechos Humanos, debidamente ratificada por Brasil».
Asimismo, el PSOL argumenta en el documento que desobedecer el dictamen implica la violación masiva de derechos fundamentales, «llegando a la transgresión de la dignidad humana», dada la naturaleza del asunto, como la dictadura militar, considerada por el partido como crímenes de lesa humanidad.
El escándalo de los audios afloró después que parte del material saliera a la luz la semana pasada a través de la periodista Miriam Leitão, del diario O Globo.
La columnista reveló extractos de conversaciones grabadas por el Tribunal Superior Militar en época del régimen castrense, caracterizada por una intensa represión contra grupos opositores, como políticos del campo democrático y artistas, así como por la censura del trabajo de la prensa.
Creada por ley en 2014, la Comisión Nacional de la Verdad presentó un informe final y concluyó que durante la dictadura la práctica de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones y ocultación de cadáveres eran resultado de una política estatal contra la población civil.
En total, se identificaron 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1946-1988.
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