"Había agentes del Ejército en motocicletas o vestidos de civiles en las calles de Iguala, vigilando lo que estaba pasando y reportándolo inmediatamente a sus superiores", asegura Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de la tragedia.
Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, "cansados" y "decepcionados" tras el reciente informe del grupo de expertos de la CIDH.
Infiltrados del Ejército en una escuela rural de México, simulacro de investigaciones y ocultación de información. El lapidario tercer informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirma la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y arroja más luz a casi ocho años de la tragedia.
Los investigadores del GIEI mostraron por primera vez al público un video tomado el 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los jóvenes mexicanos, en el basurero del municipio de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los cuerpos de los 43. En la grabación quedaría demostrado que miembros de la Marina de México fueron parte activa en la manipulación de pruebas durante la investigación de los hechos.
El informe también confirma que los estudiantes de Ayotzinapa eran un blanco de la inteligencia militar. "Había agentes del Ejército en motocicletas o vestidos de civiles en las calles de Iguala, vigilando lo que estaba pasando y reportándolo inmediatamente a sus superiores. Sabían muy bien lo que estaban haciendo. Esto te deja en una situación en la cual entiendes que tú también estás vigilado en este momento, en cualquier momento de tu vida, y no es nada cómodo saber que el Estado te está vigilando", asegura en diálogo con Página/12 Manuel Vázquez Arellano, exalumno de la Escuela Raúl Isidro Burgos que se hizo llamar Omar García durante mucho tiempo para proteger su identidad.
El video del basurero de Cocula
El GIEI fue creado en noviembre de 2014 por un acuerdo entre la CIDH y el Estado mexicano para esclarecer la desaparición de los 43 jóvenes, presuntamente a manos de policías vinculados a bandas narco. Previo a este informe, el GIEI ya había presentado otros dos documentos en los que consideró imposible el relato de los hechos de la primera versión oficial del caso, la llamada "verdad histórica" presentada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
La semana pasada el GIEI publicó un video que pudo obtener de la Secretaría de Marina (Semar) en el que se puede apreciar a integrantes de esa fuerza recorriendo el basurero de Cocula. Las imágenes, tomadas por un dron el 26 de octubre de 2014, muestran la llegada de dos camionetas de la Marina al basurero. En una zona muy cercana se observan tres bultos blancos sobre una pendiente. Un grupo de unas 12 personas empiezan a recorrer esa zona y poco más tarde se aprecia un incendio que dura unos diez minutos. La visita nunca se documentó en ningún expediente del caso y se desconocía hasta el momento. En las siguientes imágenes ya no se observan más los bultos, que no se sabe qué podrían contener.
Minutos más tarde se ven llegar nuevas camionetas de la Semar y la Procuraduría General de la República (PGR) donde se puede observar al entonces titular de la Procuraduría, Jesús Murillo Karam, y al jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Este último se encuentra prófugo en Israel acusado de tortura y desaparición forzada. México pidió su captura y extradición pero sigue pendiente.
"Este video nos muestra que efectivamente nunca ocurrieron los hechos en el basurero de Cocula tal como el gobierno inicialmente lo quiso dar a conocer. También confirma que hubo participación de elementos de la Marina y elementos del Ejército, quienes urdieron o tramaron todo este montaje", explica a este diario Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Por su parte Ángela Buitrago Ruiz, una de las expertas independientes del GIEI, advierte: "Si ya teníamos nuestras grandes oposiciones sobre la obtención de supuestas pistas mediante tortura, ahora más cuando nos enteramos que las mismas fuerzas van y alteran todo el escenario. Es fácil ver cómo muchísimas personas transitan, levantan cosas, con los pies botan cosas hacia los lados y demás".
El tercer informe del GIEI reconoce sin embargo que "la identidad del resto óseo de Alexander Mora Venancio es verídica". En un escenario de graves irregularidades se produjo la identificación de Mora Venancio a partir de un fragmento óseo en diciembre de 2014. El lugar oficial de hallazgo, sobre el río San Juan, ya ha sido fuertemente cuestionado tanto por el GIEI como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Por lo tanto, el origen verdadero de ese fragmento continúa siendo desconocido y es clave para la investigación.
El espionaje a los estudiantes de Ayotzinapa
El informe del GIEI demuestra que la Secretaría de Marina y el Ejército ocultaron información crucial, como que sabían que los estudiantes eran vigilados en tiempo real y "tenían infiltraciones" de dichas dependencias. "Autoridades de seguridad tenían en curso dos procesos de inteligencia, uno en seguimiento a las acciones del crimen organizado en la zona y otro sobre los estudiantes", indican los investigadores. Incluso existe evidencia de que uno de los estudiantes desaparecidos formaba parte de las Fuerzas Armadas.
"La vigilancia sobre los normalistas era ya un hecho que habían planteado los expertos internacionales. Las policías municipales, estatales y federales y el Ejército se comparten información en lo referente a la delincuencia, pero en este caso se extralimitaron y fueron también contra los estudiantes", relata Vázquez Arellano, exalumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En tanto Buitrago Ruiz señala que el Ejército no sólo tenía información en tiempo real sino que además "la recogía directamente y era procesada por sus órganos de inteligencia y operativos", pero "nada de esto se incorporó a la investigación".
AMLO niega ocultar información
El colectivo de investigadores de la CIDH acusa a instituciones mexicanas de resistirse a entregar información necesaria para avanzar en las pesquisas, incluidos datos de inteligencia. A su juicio, hay "simulación" por parte de algunas autoridades para hacer creer que cumplen la orden del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de facilitar las averiguaciones. López Obrador negó días atrás que su gobierno oculte información sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
El mandatario mexicano reveló que los líderes de la Marina que participaron en ese operativo están bajo investigación y dijo creer que el expresidente Peña Nieto sabía del caso Ayotzinapa, en particular del operativo en el basurero de Cocula. "Desde el inicio de mandato del presidente en 2018, se ordenó mediante decreto otorgar información a todas las dependencias del Estado y no lo hicieron. Entonces el tema no está ahí, en el Ejecutivo. El tema está en otras fuerzas que siguen obstaculizando", plantea Vázquez Arellano, quien lamenta sin embargo que no haya "avances concretos, no se sabe dónde están los compañeros y eso deja mucho que desear".
En la misma línea, Aguilar destaca la "voluntad" del gobierno para esclarecer el caso Ayotzinapa. "Pero también los padres y madres de los 43 han manifestado que no basta la buena voluntad y la disposición, sino que debe de haber un compromiso real del presidente y de las instituciones para que brinden toda la información para dar con el paradero de los 43 estudiantes, para saber qué fue lo que pasó el día 26 y la madrugada del 27", advierte el abogado.
Página 12 / La Haine
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