El Salvador
Cada vez se acumula más evidencia de que el gobierno de Nayib Bukele ha mantenido negociaciones bajo la mesa con las pandillas.
Pero pareciera que eso no reducirá mucho la popularidad del mandatario ni afectará su posible candidatura para un segundo periodo en la presidencia de El Salvador.
Aunque está por verse cómo se comportará el electorado en los comicios para presidente, diputados y alcaldes, en 2024, hasta ahora Bukele ha esquivado los impactos de revelaciones periodísticas que lo vinculan con negociaciones con las violentas pandillas delictivas salvadoreñas.
El mandatario aún no ha declarado si se lanzará como candidato en esos comicios, cuya campaña arranca en 2023, pero parece obvio que sí lo hará.
Para ello la nueva Sala Constitucional, nombrada por la Asamblea que el bukelismo controla desde el 1 de mayo de 2021, le allanó el camino al reinterpretar un artículo de la Constitución y decidir que sí puede haber una reelección continua, algo que estaba restringido en este país centroamericano hasta entonces.
Bukele con la reelección en la mira
“Seguro que irá a la reelección, y está construyendo las condiciones, no solo para ganar, que no lo dudo, sino para garantizar nuevamente mayoría calificada en la Asamblea”, dijo a IPS el analista Jorge Villacorta.
Esa mayoría de dos tercios de los votos es justo la que posee ahora el presidente, con los 56 diputados de su partido Nuevas Ideas, y que le permiten pasar casi cualquier ley y gobernar a sus anchas.
Pese a lo serio de las revelaciones de que Bukele estaría al frente de un proceso de conversaciones con las pandillas en El Salvador, para mantener bajos los índices de homicidios, el mandatario parece inmune a algún tipo de impacto negativo.
O al menos, si hay ese impacto, no es tan estrepitoso como para desbalancearlo y restarle el apoyo popular que aún mantiene, según sondeos de opinión, cuando está pronto a cumplir tres años en la presidencia.
Bukele, llegado al poder en junio de 2019, luego de arrasar en las elecciones de febrero de ese año, criticó duramente a los gobiernos que le precedieron por los acuerdos bajo la mesa sostenidos con las tres principales pandillas del país, y ahora se ha debelado que él también los estaría sosteniendo.
Esas tres pandillas son la Mara Salvatrucha (MS-13), y las dos facciones en que se escindió la Barrio 18: los Sureños y los Revolucionarios.
En un tuit de febrero de 2020, Bukele dijo: “Arena y el FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos”, en alusión a la Alianza Republicana Nacionalista, el partido de derecha que gobernó de 1989 a 2009, y al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que lo hizo la siguiente década.
En el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), incluso se oficializó un proceso de negociación entre pandillas, y aunque Funes haya sostenido que el rol del Ejecutivo solo fue de facilitador, lo cierto es que esas negociaciones contaban con toda la venia y el apoyo del Estado, como una política gubernamental.
Como contrapartida, se otorgaron algunos beneficios a los pandilleros encarcelados, entre otros. El proceso incluso fue acompañado por la Organización de Estados Americanos (OEA), pero decayó al no recibir el apoyo de la ciudadanía.
Representantes de Arena también lo hicieron, en el marco de la campaña electoral de 2013 que desembocó en el triunfo del excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, en 2014.
Miembros de Arena se reunieron con pandilleros, como emisarios del candidato Norman Quijano, para obtener el apoyo de esos grupos, debido al control que ejercen en parte del territorio salvadoreño.
Y aunque despotrique contra quienes lo hicieron en el pasado, lo mismo estaría haciendo Bukele ahora, y eso explicaría la baja en los homicidios experimentados desde que el “presidente milenial”, como se le llama a veces internacionalmente, asumió las riendas del gobierno.
El promedio de homicidios del 1 de enero al 22 de marzo de 2022 alcanzó 2,9 %, versus 3,6 % del mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales.
El diario digital El Faro reveló a mediados de mayo varios audios en los que se escucha a un funcionario del gobierno de Bukele, Carlos Marroquín, al frente de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, hablar por teléfono con “Chavo”, un cabecilla de la MS-13.
Otras investigaciones previas realizadas por ese medio revelaban ya que el gobierno habría pactado con esos grupos criminales, surgidos en la década de los 90 cuando jóvenes salvadoreños deportados de ciudades estadounidenses trajeron la cultura pandilleril que habían vivido allá.
La narrativa gubernamental habla de que la baja significativa en los homicidios es producto de las políticas impulsadas por el Ejecutivo, pero a la luz de las nuevas revelaciones, queda claro que se debe a esas negociaciones.
Y cuando esas negociaciones se rompen y la pandilla siente que ha sido traicionada o no se ha cumplido lo pactado, reacciona violentamente, matando indiscriminadamente a gente que no tiene nada que ver con el crimen organizado.
Batman contrataca con redadas
La conversación de Marroquín con el cabecilla se dio, según lo que se escucha, durante el fin de semana del viernes 25 al domingo 27 de marzo, en el que unas 87 personas fueron asesinadas por la MS, tal como confirmó uno de sus miembros a el Faro, como venganza por la captura de varios dirigentes de esa pandilla, en una trampa tendida por el gobierno.
En esos audios, Marroquín hace referencia a “Batman” como alguien con poder de decisión en las negociaciones, y el Faro indagó y confirmó que se trataba del presidente.
Lo que pasó después ya se sabe: Bukele pidió la Asamblea Legislativa que aprobara el Estado de excepción, lo cual hizo esa misma noche del domingo.
Con ello quedaron restringidos varios derechos constitucionales por un mes, y el 24 de abril la Asamblea lo prorrogó por otro mes más, y es probable que lo vuelva a extender por otro mes más, a finales de mayo.
A partir de ese régimen de excepción, el gobierno se ha lanzado a lo que llama “guerra contra las pandillas”, y ha emprendido una campaña de redadas masivas en todo el país, ejecutada por la policía y el Ejército.
Hasta el domingo 22 de mayo, más de 33 000 personas han sido detenidas en el marco de ese operativo, según la policía. Y aunque se entiende que la mayoría de los capturados son pandilleros, se han reportado algunos casos de detenciones arbitrarias y abusos en gente que no tiene nada que ver con esos grupos.
A juzgar por los comentarios que se oyen en los barrios, pueblos y caseríos del país, la mayoría de los salvadoreños estaría apoyando esas redadas, tan hartos están de la violencia que por décadas han venido ejerciendo esos grupos criminales, que viven y amasan millonarias cantidades de dinero producto de la extorsión.
Ese apoyo a esas acciones contra los pandilleros estaría generándole al presidente el aval de la gente, que de momento no se ha puesto a cuestionar la ilegalidad en la que habría caído Bukele al negociar con pandillas, proscritas por la ley.
De hecho, las redadas pueden verse como parte de la propaganda de Bukele, de cara a una posible candidatura para los comicios en 2024. Sabe que la gente, en su mayoría, apoya esas medidas, y se ha subido a la ola de dar a la gente la sensación de seguridad que requiere.
“Aquí no hay ningún escándalo porque la población, con justeza, está hastiada de las acciones de las pandillas, y con razón, por los crímenes que han cometido; me parece que la gente está odiando a esos grupos pandilleriles y cualquier acción represiva le parece bien, no importa la ley”, acotó el analista Villacorta.
Y en todo caso, el impacto político no sería tan significativo como para obstaculizarle el camino a una segunda presidencia.
Otro elemento es que las revelaciones periodísticas sí interesan y quizá afectan, pero solo en ciertos segmentos de la población, sectores más o menos educados que siguen de cerca las noticias, agregó Villacorta.
La experta en temas de seguridad y de opinión pública, Jeannette Aguilar, sostuvo a IPS que el impacto, en términos de reducción del apoyo político, será más evidente, lógicamente en ciertos grupos poblacionales, incluyendo a los pandilleros mismos, que conforman juntos un verdadero ejército, cuya membresía se calcula ronda los 70 000.
Si a eso se suman sus familiares, el número crece significativamente, si se incluye al menos a cuatro parientes por pandillero.
“Sí puede haber pérdida de apoyos electorales de miembros de pandillas y de sus familias, y que es un número nada despreciable, aunque no hay información precisa. Pero los políticos sí lo tienen bien estimado y por eso en cada elección se han acercado a ellos para negociar votos”, señaló Aguilar.
La actitud del presidente Bukele, ante las filtraciones de los audios, ha sido la de callar, y solo se limitó a publicar un emoji de risa el día en que las revelaciones se hicieron públicas.
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