Los mismos legisladores que votan fácilmente por el dinero para la guerra se oponen cuando se trata de gastar en atención sanitaria.
Las cifras son asombrosas.
En el periodo de dos años transcurrido desde el inicio de la pandemia de coronavirus en enero de 2020 hasta diciembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud estima que 15 millones de personas han muerto a causa del COVID-19 en todo el mundo. Los funcionarios de la OMS admiten que, en varios países, los totales de muertes reales son mucho más altos que los reportados oficialmente.
Las cifras de la OMS incluyen a las personas que murieron como resultado del impacto del COVID-19 en los sistemas de atención sanitaria sobrecargados, es decir, personas que necesitaban otros tratamientos médicos pero no podían acceder a la atención. La mayoría de las muertes se produjeron en el sudeste asiático, Europa y América, donde Estados Unidos cuenta con 1.020.854 y Brasil con 663.567 hasta el 2 de mayo.
En China, con una población de 1.402 mil millones de personas – cuatro veces mayor que la de EE.UU. – la OMS informó de 5.092 muertes. Sin embargo, debido a su enfoque implacable e intervencionista en la contención del COVID-19, China ha sido objeto de fuertes críticas y desprecio por parte de los expertos de los medios de comunicación occidentales, portavoces de los capitalistas que ignoran las aleccionadoras cifras de muertos, para que los negocios puedan “volver a la normalidad”.
La mayoría de las muertes por COVID-19 se han producido a pesar de los avances de la medicina moderna, incluidas las vacunas. Al no poder acceder a las vacunas disponibles en Estados Unidos y otros países occidentales, muchos países de bajos ingresos han vacunado completamente a menos del 2% de su población.
Mientras tanto, las grandes empresas farmacéuticas Pfizer, BioNTech y Moderna obtuvieron un beneficio combinado antes de impuestos de 34.000 millones de dólares en 2021, según la Peoples Vaccine Alliance. A pesar de que estas empresas recibieron más de 8.000 millones de dólares en fondos públicos para el desarrollo de vacunas, menos del 1% de las vacunas que produjeron se pusieron a disposición de los países de bajos ingresos.
La pandemia está lejos de terminar, ya que los nuevos casos aumentan considerablemente y las hospitalizaciones se incrementan en muchos estados de Estados Unidos. Los científicos predicen que el número de casos está infravalorado, porque un mayor número de personas que dan positivo en las pruebas en casa no informan de sus infecciones.
Los expertos en salud advierten de la llegada de una ola de la nueva variante BA.2 del coronavirus, que se cree que es un 30% más contagiosa que la omicrónica.
Sin embargo, la financiación pública para pagar los medios básicos de protección de la población durante la pandemia -medicamentos, vacunas, pruebas y reembolso de la atención- parece haberse agotado.
Hay dinero disponible relacionado con la crisis del COVID-19. Muchos estados recibirán otra ronda de los fondos del Plan de Rescate Americano del Presidente Joe Biden, de 1,9 billones de dólares, en mayo. Sin embargo, este dinero está destinado a gastos de “recuperación” de infraestructuras, ¡no a la prevención del COVID-19!
Pero, dejados a la discreción de las legislaturas estatales sobre cómo asignar estos fondos, los proyectos propuestos van desde la limpieza del agua contaminada, el impulso del turismo y proyectos que van desde la construcción de autopistas, como se propone en Florida, hasta la construcción de nuevas prisiones, como se planea en Alabama.
Ni un céntimo se destinará a prevenir más muertes por COVID-19.
En abril, el Congreso asignó 13.600 millones de dólares para la guerra en Ucrania. Biden ha solicitado recientemente 33.000 millones de dólares adicionales, más que los presupuestos de defensa de muchos países. Este dinero alimentará los ya exorbitantes beneficios de los principales fabricantes de armas Lockheed Martin, Boeing y Raytheon.
Los mismos legisladores que votan fácilmente por el dinero para la guerra se oponen cuando se trata de gastar en atención sanitaria en general y en COVID-19 en particular. ¿Por qué?
Al asignar más fondos para pruebas y tratamiento, el gobierno está reconociendo que la pandemia no ha “desaparecido”. Este es exactamente el mensaje contrario al que quieren transmitir las empresas estadounidenses que controlan el Congreso. Ahí está el dilema.
Morirá más gente -en Estados Unidos y en todo el mundo- mientras los políticos y expertos capitalistas mantengan su silencio y se nieguen a abrir sus bolsas de dinero para atender las necesidades sanitarias de la gente.
Pero China, Cuba y otros países de base socialista han demostrado que hay una opción viable, que salvar vidas es posible.
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