Lo que no termina de quedar atrás: el fantasma del estallido social.
En Colombia se volvió a hablar de estallido unos días antes de la segunda vuelta presidencial. El ministro del Interior, Daniel Palacios, declaró haber recibido denuncias que alertaban sobre la actividad de “miembros de las primeras líneas que están haciendo llamados a la violencia”, y de “algunas organizaciones criminales que siguen presionando” para influir en la elección. El titular de la Registraduría Nacional, Alexander Vega, dijo que Gustavo Petro deberá “respetar y acatar los resultados”, dando por sentado que el candidato progresista perderá y podría llamar a la desobediencia social; el registrador olvidó interpelar de igual modo a Rodolfo Hernández, el candidato conservador.
La hojarasca mediática tuvo un telón de fondo. Sofía Petro, una joven feminista de 20 años que además es hija del candidato del Pacto Histórico, dijo en una entrevista que si gana Hernández “se podría generar un estallido mucho peor que el del año pasado”. La expresión refleja un análisis bastante extendido entre los movimientos sociales y la juventud: si no se revierten las condiciones de pobreza y exclusión, habrá nuevas protestas.
Sin embargo, la derecha eligió interpretar que Sofía había anunciado un levantamiento popular en caso de que su padre no gane la elección. La senadora uribista María Fernanda Cabal denunció la presunta “amenaza”, y la campaña sucia en las redes se encargó de lo demás.
La agitación del fantasma del estallido no se detuvo allí. Entre el martes y el jueves de esta semana previa a la elección han sido detenidos más de 20 jóvenes participantes de las primeras líneas, los grupos de agitación que garantizaron las protestas hace un año. Tras las denuncias de organismos de derechos humanos, el director nacional de la Policía de Colombia confirmó capturas de activistas en Bucaramanga, Cali, Bogotá, Medellín, Atlántico y Casanare. En los últimos meses, quienes protagonizaron aquella revuelta se volcaron mayoritariamente a la campaña del Pacto Histórico, por lo que la persecución judicial deja en claro su intencionalidad.
“Esto es un montaje que se presenta justo antes de las elecciones, no es posible que ahora se le imputen cargos a una juventud que se ha dedicado en los últimos tiempos a la comunicación popular y el trabajo comunitario”, afirmó Steven Ospina, uno de los activistas de Cali perseguidos.
Más allá de las operaciones del gobierno y de los medios reaccionarios, en la militancia se deja oír una preocupación: “en caso de que haya fraude y se roben las elecciones, hay que salir a las calles”. En Colombia “salir a las calles” siempre es riesgo de represión, por lo que nadie arriesga un pronóstico sobre lo que pueda llegar a pasar.
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Mientras tanto, en Ecuador, país vecino que comparte con Colombia casi 600 kilómetros de frontera, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie, inició el pasado 13 de junio un paro por tiempo indefinido. La medida sumó el apoyo de diversos sectores sociales golpeados por la crisis. “El pueblo se levanta”, es la consigna que unifica las protestas.
El reclamo se sintetiza en diez puntos desatendidos por el gobierno del banquero Guillermo Lasso. Demandan alivio económico para más de 4 millones de familias, precios justos para los productos del campo, empleo y derechos laborales, protección de los territorios y las fuentes de agua y reducción del precio de los combustibles.
En los primeros días hubo momentos de tensión. A tan solo 24 horas de iniciadas las protestas, tras un anuncio del presidente Lasso fue detenido Leónidas Iza, el líder de la Conaie, la figura más visible del movimiento indígena. La organización denunció la participación de grupos de élite de la Policía y las Fuerzas Armadas, y convocó a “radicalizar la lucha”.
Este nuevo paro indefinido tiene un antecedente inmediato en el levantamiento de octubre de 2019. En ese entonces la represión a las movilizaciones desencadenó un estallido social. Después de 11 días de bloqueos y enfrentamientos que dejaron como saldo al menos 8 personas asesinadas por la represión, el gobierno de Lenin Moreno quedó tan debilitado que ni él ni su sector político se pudieron presentar en las elecciones de febrero de 2021.
Ahora, el panorama aún está abierto. Grupos de estudiantes se sumaron al paro en Quito y otras ciudades. En la Universidad Central se convocó a una multitudinaria asamblea popular. Diversas protestas se registraron en al menos 14 provincias. Hubo enfrentamientos con la policía y algunos detenidos. Tal como sucedió en 2019, se espera una pulseada decisiva cuando el movimiento indígena llegue a la Capital.
“Más del 70% de la fuerza laboral de Ecuador está sumida en el desempleo y la informalidad”, explica Felipe, miembro de la Revista Crisis de ese país. “El Gobierno de Lasso busca implantar un estado policial por medio de la militarización. La situación parece estar otra vez al borde del estallido social”, concluye.
¿Se viene el estallido?
En uno y otro país, la derecha agita el fantasma del caos con la certeza de que eso desprestigiará a quienes impulsan las protestas.
Sin embargo, no es claro que la estrategia del miedo les arroje los resultados deseados. En Colombia, durante todo un año hicieron esfuerzos por demonizar la protesta social, pero el apoyo electoral a la fórmula Petro-Márquez fue mucho mayor en las comunas donde más fuerte fue la revuelta. Ahora, en medio de las detenciones contra los jóvenes de la primera línea, una encuesta muestra el crecimiento del Pacto Histórico en ese sector: Petro y Márquez ganaron con cerca del 54% en la franja de 18 a 24 años en primera vuelta, y miden 65% en ese mismo rango etario en la actualidad.
Tampoco en Ecuador parece estar dando resultado la ofensiva ideológica, represiva y judicial contra la protesta. A pesar del anuncio presidencial, no pudieron sostener la detención de Leónidas Iza. En menos de 24 horas la presión social logró su libertad. Tras ese hecho, las movilizaciones se incrementaron. El analista político Decio Machado interpreta que “es el presidente Lasso quien está radicalizando la movilización popular”. La imagen de Lasso, que venía descendiendo desde que asumió, se sigue deteriorando por su intransigencia para manejar el conflicto social.
No se trata solo de Colombia y Ecuador. Algo similar sucedió en Chile, donde el estallido social abrió un proceso constituyente histórico y quitó de la presidencia a los partidos tradicionales. Y en Bolivia, donde el golpe de estado de 2019 no se pudo consolidar; tras una combinación de protestas y rearme electoral, el Movimiento al Socialismo retomó el poder. En la historia contemporánea de América Latina abundan los estallidos sociales, rebeliones o levantamientos que permitieron procesos de cambio que por otros medios no lograban avanzar.
Aunque las derechas tradicionales insisten con las recetas clásicas de la represión, el desprecio y la judicialización para enfrentar al movimiento social, hay otros sectores de las clases dominantes que se animan pensar en otras vías. El liberal colombiano Alejandro Gaviria, exministro de salud del gobierno de Juan Manuel Santos, declaró que “sería mejor tener una explosión controlada con Petro, que embotellar el volcán”. Después de esa afirmación, confirmó su apoyo al candidato del Pacto Histórico para el balotaje. Lo mismo hizo el economista Juan Alfredo Pinto, expresidente de la Asociación Colombiana de la pequeña y mediana empresa, ACOOPI, quien manifestó que una parte del empresariado colombiano prefiere a Petro en la presidencia antes que volver a padecer escenarios de violencia social. En el plano político, similar situación se dio con figuras de los partidos tradicionales chilenos que, para la segunda vuelta electoral, eligieron a Gabriel Boric como el mal menor.
Aun cuando resulta saludable que sectores del poder económico se muestren tolerantes con procesos progresistas, ideas de izquierda o incluso con la protesta social, será prudente mantener la desconfianza. En América Latina, las clases dominantes han sabido confrontar, pero también cooptar y domesticar a procesos populares que terminaron sumisos ante el poder, traicionando los intereses de la base social que decían representar.
Sin embargo, la receta para despejar definitivamente los fantasmas del estallido no es tan compleja. Los momentos de mayor paz social en Nuestra América se corresponden con períodos en que se gobernó dando respuesta a las demandas de los pueblos.
A eso se refirió Gustavo Petro cuando enfrentó las críticas que hicieron a su hija Sofía por sus dichos. El candidato que se juega una posibilidad histórica este próximo domingo, lo expresó con claridad: “Si no hay cambios en Colombia habrá estallidos, no por el resultado de una elección, sino por no resolver la pobreza y la injusticia social”.
Revista Zoom
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