14 de octubre de 1977, Madrid, Congreso de los Diputados. El espíritu de la reconciliación planea sobre el hemiciclo. Se debate la Ley de Amnistía.
Los primeros espadas desgranan sus intervenciones uno tras otro. A destacar las de Marcelino Camacho, portavoz del PCE, y Xabier Arzalluz, del PNV, si bien las del PSOE, UCD, PSP, AP…, son del pelo.
El primero, tras resaltar que la Ley era el resultado de la reconciliación nacional defendida por el PCE desde 1956 afirma: “¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?”. Arzalluz no se queda atrás: “No vale en ese momento aducir hechos de sangre, porque hechos de sangre ha habido por ambas partes… Olvidemos pues, todo”. En muchas comisarías, cuartelillos y sacristías se brindó con vino español o de consagrar.
Se ponía así al mismo nivel a quienes dieron el golpe de Estado del 18 de julio y a los que defendieron la legalidad republicana; a quienes mantuvieron una dictadura criminal durante 40 años y a los que lucharon contra ella. De todos modos, tan injusta como aquella amnistía otorgada a tanto criminal, fue el borrado y olvido reclamado.
Martín Villa, ministro del Interior, la cogió al vuelo. Tan solo dos meses después, el Gobierno de UCD aprobó la Orden de 19 de diciembre de 1977 sobre “inutilización administrativa, archivación y expurgo de los archivos de las Direcciones Generales de Seguridad y de la Guardia Civil de antecedentes relativos a actividades políticas y sindicales legalmente reconocidas”. Es decir, traducido a román paladino: “¡Que no quede ni rastro de la represión practicada por el franquismo durante 40 años!”.
Oscar Alzaga, miembro de la dirección de UCD por aquellos años, autor del libro “La conquista de la Transición”, se ha referido aaquella “destrucción metódica, sistemática y con pretensiones de totalidad de los archivos policiales y parapoliciales” realizada “bajo la batuta de Martín Villa y con la conformidad del presidente Suárez”. Millones de documentos policiales fueron cargados en camiones “hasta la sede central de la Guardia Civil, donde se instaló una gran caldera para su quema”. Algo parecido a lo que hizo la Alemania nazi, con sus archivos, de la que tanto aprendió la policía española
Por su parte, el historiador François Godicheau, en su artículo “Un Estado sin pasado. La misteriosa desaparición de los archivos de la policía en España”, relata que al tratar de investigar el orden público gubernativo español, la Directora del Archivo del Ministerio del Interior le señaló que de todo lo allí existente (125,5 kilómetros lineales de expedientes), la documentación anterior a 1980 era mínima, como si la historia hasta entonces apenas hubiera existido. Evidentemente, Martín Villa había trabajado fino.
Por si algo se escapaba a la quema, siguió en vigor la Ley franquista de Secretos Oficiales, de 1968, que permite al Consejo de Ministros y la Junta de Jefes de Estado Mayor, declarar secreto o reservado cualquier documento que a su juicio pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Es decir, un cheque en blanco para que, sin límite temporal alguno, pueda impedirse a historiadores y víctimas de la violencia estatal el acceso a documentación clasificada.
El actual proyecto de Ley de Memoria Democrática, si bien habla de la necesidad de recuperar la verdad histórica, sigue sin derogar la Ley de Secretos Oficiales y, echando pelotas fuera, afirma que eso se hará más adelante. Mientras tanto, el CNI acaba de negar a los familiares de Mikel Zabalza el acceso a la documentación relativa al asesinato de éste por la guardia civil y el Ministerio del Interior ha dado a entender que materias como las del 23-F o los GAL seguirán siendo clasificadas.
En la búsqueda de información relativa a los sucesos de Sanfermines de 1978, familiares de Germán Rodríguez, uno de los dos jóvenes entonces asesinados, se han dirigido en más de diez ocasiones a diferentes archivos del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno de Navarra, obteniendo siempre una respuesta (cuando ha existido) prácticamente calcada, en la que, sin mayor rubor, se negaba la existencia de documentación alguna relativa a aquellos hechos.
Aquel 8 de julio, siendo Martín Villa ministro del Interior, alrededor de mil policías (guarnición local más refuerzos traídos de Logroño y Zaragoza) arrasaron Iruñea. Resultado, un muerto, 11 heridos de bala y alrededor de 300 personas atendidas en centros sanitarios. Pues bien, a tenor de lo afirmado oficialmente, parece ser que ningún sargento, teniente o comandante, inspector, comisario o gobernador, realizó parte o informe alguno respecto a lo sucedido. Así las cosas, una de dos: ¿ocultan los Ministerios de Interior y Defensa la documentación relativa a todo aquello o, por el contrario, es verdad lo que dicen y fue Martín Villa o sus sucesores quienes la hicieron desaparecer?
Como ya hemos dicho, la Directora del Archivo del Ministerio del Interior afirmó que solamente una mínima parte de la documentación referida al “orden público” policial anterior a 1980 se hallaba en sus dependencias. Pues bien, habida cuenta que Martín Villa fue ministro del Interior hasta abril de 1979, las cuentas cuadran: el jerarca franco-falangista reciclado a demócrata por aquellos años, estuvo destruyendo información comprometida para el Estado hasta el último día de su mandato. Tenía, además, razones personales para hacerlo.
Por esta razón, a Martín Villa, el pirómano franquista, se le debería juzgar, no solo por su responsabilidad política directa en los crímenes policiales cometidos bajo su mandato (3 de marzo de Gasteiz, II semana pro-amnistía, semana negra madrileña, Tenerife, Málaga, Sanfermines-78…), sino también por encubrimiento de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo durante la dictadura y la transición. Lo dice el código penal, artículo 451.
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