Resumen Latinoamericano, 09 de julio de 2022
Ante las agresiones contra la defensora Sandra Quiñones y la periodista Susana M. Carreño en Jalisco, organizaciones de derechos humanos denunciaron la omisión de las autoridades para atender la violencia y exigieron al gobierno estatal garantizar la libertad, seguridad y protección de las víctimas.
«El contexto de violencia existente en el estado derivado de múltiples factores y la falta de actuación diligente y oportuna por parte de la Fiscalía Estatal ahondan la situación de riesgo en la que defensoras y periodistas día a día realizan sus actividades de acompañamiento y representación de víctimas, así como de investigación y transmisión de información a la población», señalaron las organizaciones en un comunicado.
Recordaron que en Jalisco en 2020 fueron cometidas 52 agresiones en contra de defensoras y periodistas, en 2021 se reportaron 41 y de enero a mayo de 2022 se registraron cinco, de acuerdo con datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
Por ello, urgieron a las autoridades a revisar y reformular la política de seguridad pública nacional, así como de los estados.
A continuación el comunicado completo:
Las organizaciones firmantes hacemos un llamado de exigencia al Gobierno del estado de Jalisco, para que ante los hechos de agresiones registrados recientemente en contra de la defensora Sandra Quiñones y la periodista Susana M. Carreño, del Municipio de Puerto Vallarta, se disponga de todos los medios a su alcance para garantizar que la labor que desempeñan se realice con total libertad, seguridad y protección.
El contexto de violencia existente en el estado derivado de múltiples factores y la falta de actuación diligente y oportuna por parte de la Fiscalía Estatal ahondan la situación de riesgo en la que defensoras y periodistas día a día realizan sus actividades de acompañamiento y representación de víctimas, así como de investigación y transmisión de información a la población.
Sumado a lo anterior externamos nuestra preocupación ante la expresión anticipada del Titular de Ejecutivo Estatal: Enrique Alfaro, que tan pronto tuvo conocimiento de la agresión ejecutada en contra de Susana M. Carreño, el mandatario lamentó que hubiese sido atacada en un “intento de robo”, en este sentido conminamos al Gobernador y la Fiscalía Estatal para que en la carpeta de investigación se considere la labor de la periodista y se omitan las expresiones sin sustento que desvirtúan los hechos y minimizan la preocupante situación existente; ya que igualmente en el caso de la defensora Sandra Quiñones, quien fuese agredida hace unas semanas, la Fiscalía ha tratado los hechos como un intento de robo.
En Jalisco de acuerdo con el Registro de datos realizado por la RNDDHM, en 2020 fueron cometidas 52 agresiones en contra de defensoras y periodistas, en 2021 se reportan 41 y de enero a mayo de 2022 se han ejecutado un total de 5.
Urge la revisión y reformulación de la política de seguridad pública nacional, así como de los estados. La violencia generalizada debe ser contenida y no dar más espacios a la impunidad.
La defensa de los derechos humanos y el ejercicio periodístico son actividades angulares de todo Estado democrático, el reconocimiento de quienes se dedican a éstas debe sustentarse en la ejecución determinada de políticas públicas que protejan y preserven la vida, la libertad e integridad personal de las defensoras, periodistas, sus familias, colectivas y organizaciones.
¡Investigación y sanción para los responsables materiales e intelectuales!
¡Protección y reparación de daños a las defensoras y periodistas!
Firman
Fuente: Desinformémonos
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